“Reparación Histórica del Campo”: presentaron un ambicioso proyecto de ley para bajar gradualmente las retenciones

Con el nombre de “Ley de Reparación Histórica del Campo Argentino”, el diputado nacional Luciano Laspina (PRO), con el acompañamiento de otros legisladores, presentó un proyecto de ley para reducir un 0,35% mensual la alícuota de los derechos de exportación (DEX) aplicable a la soja que en la actualidad tributa el 33%, mientras que el maíz y el trigo están con el 12% de retenciones.

Según señala la iniciativa, de convertirse en ley, dicha reducción operará desde marzo de 2025 y se extenderá hasta tanto se alcance una alícuota del 0% para cada posición arancelaria, debiendo aplicarse la reducción correspondiente a partir del primer día hábil de cada mes. Esto equivale a una reducción anual de 4,2%. Para la soja, por ejemplo, las retenciones bajarán a la mitad en cuatro años y desaparecerán totalmente en siete años, según explicó Laspina en la red X.

Con Laspina como mentor e impulsor del proyecto; además de la firma de los legisladores Martín Ardohain, Belén Avico, Sofía Bambrilla, Karina Bachey, Sergio Capozzi, Germana Figueroa Casas, Martín Maquieyra, Verónica Razzini, María Sotolano y Nancy Vallejos, indicaron en sus fundamentos que el objeto de la ley es “eliminar la inequidad tributaria sufrida por el campo argentino a lo largo de la historia”.

En su articulado, la ley prohíbe que el Estado pueda intervenir, con cualquier mecanismo, en la fijación de precios del mercado. Además, “se autoriza al Poder Ejecutivo a reducir la alícuota de los derechos de exportación y a establecer una alícuota diferencial de hasta el 2% para los DEX de los productos primarios oleaginosos, cuando por razones económicas fundadas se requiera su aplicación para incentivar la agregación de valor en la cadena productiva”. Pero “no podrá elevar las alícuotas previstas ni dictar normas que afecten la libre fijación de precios en los mercados domésticos de los productos alcanzados por la presente ley”.

“La senda de reducción de 4,2% anuales se fijó atendiendo a dos criterios: en primer lugar, la necesidad de resolver un problema de larga data con una prudente gradualidad. El Poder Ejecutivo podrá reducirlas antes si hay espacio fiscal”, dijo Laspina en X.

“Con distintos pretextos, gobiernos de todo signo y origen han aplicado y aplican fuertes impuestos a las exportaciones agropecuarias que operan como una confiscación del esfuerzo y el trabajo del campo argentino”, fundamentaron.

Explicaron que el artículo 755 del Código Aduanero es el “huevo de la serpiente” de los complejos mecanismos de exacción fiscal y distorsiones de mercado que ha sufrido el sector agropecuario a lo largo de su historia y que debe ser eliminado. En detalle, dicho artículo dice que el Poder Ejecutivo podrá gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo.

Los legisladores recordaron que, de acuerdo con datos del Banco Mundial, apenas 31 de 122 países que informan datos tributarios aplican DEX: “Pero su incidencia en la recaudación es significativa en apenas nueve países, en donde la recaudación del impuesto representa más del 1% de los ingresos totales del gobierno federal. Además de Argentina (con 17% de los ingresos totales), Kazajstán (18%), Rusia (16%), Costa de Marfil (12%), Bielorrusia (11%), Las Bahamas (6%), Indonesia (2%), Camerún (1,4%) y Malasia (1,2%). Ninguno de nuestros principales competidores agroindustriales se encuentra en esa breve lista, con la única excepción de Rusia”.

En este contexto, aseguraron que la Argentina se encuentra entre las economías más cerradas del planeta. “El grado de apertura argentina es del 28% del PIB, la menor junto con Brasil (27 %) dentro de Latinoamérica, que presenta un promedio del 62% del PIB. Esto ocurre por dos razones: se castiga con impuestos a las exportaciones y se premia con altos aranceles a las importaciones”.

“Estos instrumentos fueron utilizados para transferir recursos del sector agropecuario y las provincias hacia sectores industriales híper-protegidos y poco competitivos mayormente concentrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, remarcaron.

“Los últimos 20 años han sido un triste ejemplo de las nefastas implicancias de esta política económica. En primer lugar, la retracción relativa de la producción y las exportaciones agropecuarias respecto a nuestros pares de la región. En segundo término, una enorme masa de los nuevos recursos fiscales generados por la imposición de retenciones fue aplicada a financiar una expansión desmesurada del gasto público, mayormente destinado a subsidiar por distintas vías la concentración poblacional en la zona del AMBA, generando caos, inseguridad, aglomeración y pobreza y forzando a millones de argentinos a migrar desde sus provincias hacia los barrios precarios de la provincia de Buenos Aires”, añadieron.

En síntesis, enfatizaron que “esta ley busca erradicar definitivamente el ‘pecado capital’ del subdesarrollo argentino que ha sido ‘matar la gallina de los huevos de oro’, mediante la destrucción de los incentivos a la producción agropecuaria en particular, y a los sectores exportadores en general, a lo largo del último siglo”.

“Nadie podrá devolverle el tiempo perdido al campo y a los argentinos. Pero sí este proyecto de ley se hace realidad, habremos aprendido la lección para no repetir los errores del pasado e ir en busca de un futuro mejor”, finalizaron.

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