“Rompen la seguridad jurídica”: piden que en la ley ómnibus no se traten los controvertidos cambios para los biocombustibles

La cámara que agrupa a las empresas pymes elaboradoras de biocombustibles pidió que el capítulo que habla de las modificaciones a la actividad en la ley ómnibus no sea tratado por el Congreso. Argumentó que ya hay una normativa vigente hasta 2030 y, entre otros puntos, las empresas no pueden competir con firmas más grandes que operan con un esquema integrado, es decir, que en el caso del biodiésel también generan su propio aceite de soja.

“En primer lugar queremos señalar que la ley 27.640 de biocombustibles está vigente y establece un marco normativo de promoción para el sector con vencimiento en 2030. Este marco normativo bajo el cual fueron realizadas las inversiones le da al sector previsibilidad y sustentabilidad ya que el total de las empresas pymes tienen una participación en el mercado. No podemos convalidar modificaciones que rompen la seguridad jurídica y desconocen la existencia de derechos adquiridos por las inversiones realizadas”, señaló la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), que agrupa a empresas productoras de biodiésel en Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis.

Entre otros puntos, la normativa oficial abre las puertas a la importación y a que las exportadoras de biodiésel, que no pueden abastecer el mercado interno, pasen a poder hacerlo. También las mismas petroleras podrían participar de la actividad.

“En segundo lugar queremos manifestar que para las pymes es imposible entrar en un sistema de libre competencia contra las compañías integradas, que tienen una escala hasta 10 veces más grande. A la vez son fabricantes de la materia prima y proveedores de las pymes, por lo que tendrían en su poder la llave que permite abrir y cerrar la producción de sus propios competidores”, agregó Cepreb.

Según la cámara, para las empresas socias tampoco es factible “entrar en un proceso de competencia entre ellas, ya que muchas de estas se localizaron en regiones productivas del interior -tal como exigía la ley 26.093 de biocombustibles- y esto acarrea costos diferenciales de operación y logística”.

“La consecuencia de ello sería el cierre automático de las plantas más alejadas del puerto de Rosario, ubicadas en pueblos pequeños donde generan gran impacto y desarrollo local”, indicaron.

En este marco, indicaron: “En función de lo expuesto y, sobre todo en reconocimiento a que el sector actualmente funciona, produce, genera valor, empleo, desarrollo regional y contribuye con el cuidado del medioambiente, no vemos que sea necesario un tratamiento exprés sin la participación de todos los actores”.