Sin espacio para nuevas alquimias

Las previsiones sobre cosecha gruesa 2019/2020 que realizó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires esta semana dejaron varios mensajes sobre los cuales vale la pena detenerse un instante ante el probable escenario que enfrentará la producción a partir de diciembre próximo.

El primero es el económico. Según recordó Agustín Tejeda Rodríguez, economista jefe de la entidad, el sector terminará aportando al crecimiento de la economía un 1,6%, que contrasta con la caída del resto de los sectores, estimada en 4,1 por ciento. Esto es el resultado de un PBI agrícola cercano a los 33.500 millones de dólares.

El Estado fue uno de los grandes ganadores de ese crecimiento: la recaudación fiscal orginada en las cadenas agrícolas aumentaría 40% respecto de 2018 y llegaría a US$ 11.500 millones. "El Estado se consolida como el principal socio de la producción agropecuaria, llevándose el 34% del valor agregado generado por el sector", dijo Tejeda Rodríguez. Cuando se dice que "el campo fue el ganador del modelo" habría que recordar quién se lleva la mayor parte de las ganancias.

Visto de otra forma, se puede comprobar lo que ocurre cuando se eliminan las restricciones al comercio y se reduce la presión impositiva. Según explicó Esteban Copati, jefe de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entre 2015/16 y la proyección para el ciclo 2019/20 la superficie sembrada del trigo y del maíz aumentaron un 61% y un 63% respectivamente. En tanto, la producción creció 63% en trigo y 81% en maíz.

La soja redujo su superficie implantada en 12% y la producción en 9% en ese mismo período. Eliminados los ROE y los cupos para los cereales, además de haberse reducido las retenciones, el escenario productivo permitió llevar adelante dos cosechas al año, en el caso de la secuencia trigo/soja, y ofrecer una opción como el maíz en los cultivos de verano.

Se dirá con razón que la soja tuvo "la cancha inclinada" en su contra, porque no se eliminaron los derechos de exportación, pero esa apertura significó, por ejemplo, que el trigo se expandiera en la región central del país. Ya no es solo el sudeste bonaerense la única región triguera.

El incentivo al monocultivo de soja en esa área perdió un argumento. Además del impacto ambiental está el económico: la inversión por hectárea en maíz duplica a la oleaginosa. Hay más insumos, más transporte y crece la actividad comercial. Sin freno al comercio y con menor presión tributaria en el resto de la actividad agroindustrial las alternativas de producción se amplían. Ya no es aferrarse a un solo cultivo por más competitivo que sea sino que hay opciones: agregar más desarrollo a un producto -porcinos, biocombustibles-, explorar otros cultivos -como las legumbres- o buscar una integración vertical, alimentos para el consumo.

Por eso, cuando se argumenta que los derechos de exportación sirven para alinear los precios internacionales de los granos con el consumo interno habría que hacer la aclaración que, en verdad, significan una transferencia de recursos desde un eslabón de la cadena a otro y al propio Estado.

Aquí se ensayaron todo tipo de alquimias y ninguna fue exitosa. Desde las compensaciones creadas en enero de 2007 que terminaron con deudas del Estado y escándalos de corrupción, pasando por los ROE, los cupos y los precios máximos hasta los reintegros para pequeños productores. Ni los consumidores ni los productores terminaron ganando.

Los gobiernos suelen reaccionar a las presiones de las industrias procesadoras cuando los precios internacionales aumentan, pero cuando bajan omiten volver atrás. Es cierto que una devaluación brusca termina afectando negativamente los números de los procesadores. Sin embargo, una vez que se imponen los derechos de exportación rara vez son temporarios y no se reducen cuando en Chicago todo baja.

El escenario macroeconómico no parece propicio para encarar nuevas alquimias. En la jornada de la Bolsa de Cereales, la economista Milagros Ibarguren dijo que los precios a cosecha de los granos gruesos son un 5% más bajos este año que en 2018, y que los insumos, en promedio, son un 5% más altos. Quien asuma el gobierno en diciembre próximo necesitará los dólares que genera el agro. Si se prepara para ahogarlo ese propósito se le volverá en contra.