$27 millones: un intendente K le cobrará al campo una nueva tasa por salud

En el partido de Adolfo Gonzales Chaves, en el sur de la provincia de Buenos Aires, los productores deberán pagar, dentro de su factura de tasa de red vial, un nuevo ítem llamado tasa por equipamiento y sostenimiento del sistema distrital de salud. Serán 10 pesos extra por hectárea para ese fin. En el campo estiman que se recaudarán $27 millones.

La iniciativa la acercó el intendente municipal por el Frente de Todos, Marcelo Santillán, al Consejo Deliberante, que la aprobó a fin de mayo pasado y estará en vigencia hasta diciembre próximo.

En diálogo con LA NACION, Ana María Martín, vicepresidenta de la Asociación de Productores del Partido de Gonzales Chaves (Asoprocha), indicó que en un principio serán siete cuotas consecutivas.

“Los contribuyentes urbanos deberán pagar solo $150 por mes pero para los inmobiliarios rurales es $10 por hectárea. Yo, por ejemplo, que tengo 411 hectáreas, tengo que pagar, además de la tasa vial, $4110 por mes que, al venir en forma conjunta, uno no tiene manera de no pagarla”, indicó.

Por su parte, Gustavo Checchia, concejal por Cambiemos y que participó de la sesión donde se sancionó la ordenanza, dijo que la intención del Ejecutivo era crear un ente administrador descentralizado en el área de salud, independiente del municipio y que para poder subvencionar sus gastos lo asociaron con esta tasa de salud.

“Se crea una ordenanza específica para la creación del organismo pero, a su vez, lo relacionan con una tasa que no tiene prestación de ningún servicio, cuestión necesaria para la implementación de una tasa”, indicó.

En este sentido, Juan Pedro Merbilhaa, expresidente de Carbap y abogado constitucionalista, indicó que la resolución del legislativo municipal es inconstitucional, “porque la salud pública se atiende por el Estado (es decir la provincia) con los impuestos”.

“Es lo mismo que la seguridad y sobre esta hay jurisprudencia de la Suprema Corte actual de la provincia”, afirmó.

Asimismo, Checchia contó que en 2018 el intendente reglamentó un derecho de construcción en los predios rurales donde lo único que se dejaba afuera de pagar eran los alambrados. La normativa no solo incluía a lo que se estaba construyendo sino también a lo ya construido.

Sin embargo, al año siguiente, los concejales resolvieron retirar a los inmuebles rurales del tributo a la construcción. “Ahora en la misma ordenanza sancionada se agregó que las partidas menores a 500 hectáreas deben pagar un valor de $10.000 y los campos de más de 500 hectáreas $15.000, por derecho de construcción con el mismo fin. Esta ordenanza solo tiene fines recaudatorios”, detalló.

Por otra parte, Martín señaló que es casi inexistente la prestación del servicio de conservación de los caminos rurales por parte del municipio. “Aún es mayor el descontento de los productores porque ya en el pago de la tasa vial no se ve reflejada la reparación los caminos rurales, donde un 70% de lo que se paga debe ir a ese fin. No hay un plan de trabajo para las reparaciones de los caminos rurales”, remarcó.

En su cuenta de Facebook, la asociación de productores describe esa situación del mantenimiento de los caminos: “Tenemos el triste privilegio de tener los peores caminos rurales de la región y solo con el aumento de la tasa vial esta situación no se revierte. Así lo confirma el incremento del 88% en el año 2016, del 50% en el año 2018 y del 32% en el año 2019”.

Por último, reclamaron la falta de comunicación del municipio con el sector agropecuario, “donde el intendente toma decisiones inconsultas con los productores”.

LA NACION hasta el momento no tuvo respuesta de parte del municipio por una consulta sobre la nueva tasa.