Hay ideas inverosímiles que se lanzan al ruedo y, por parecer disparatadas, no se tienen en cuenta hasta que por un hecho en particular o por el cambio en las condiciones políticas van ganando cuerpo y alguien dice, "¿y por qué no?".
Algo de esto comenzó a ocurrir con la cesación de pagos en la que se declaró Vicentín hace poco más de un mes. Algunos referentes del kirchnerismo y de la izquierda proponen que la compañía en crisis sea estatizada. Con el argumento de la investigación que inició el Banco Nación por la deuda de $ 18.700 millones que tiene la compañía agroindustrial con la entidad financiera por préstamos otorgados en la anterior administración, creen que el Estado ahora debe controlar el comercio exterior de granos.
A un hecho necesario -aclarar y delimitar las responsabilidades económicas y políticas del otorgamiento de un crédito- se lo combina con una posición ideológica que ya se agitó durante la campaña electoral. El hoy canciller y ex secretario de Agricultura en tiempos de Carlos Menem, Felipe Solá, había dicho que debía existir algún organismo del Estado que arbitrara entre los precios internos y externos de los granos. En esa mismo tiempo, el dirigente social Juan Grabois, había propuesto una reforma agraria. En la red social Twitter, Grabois escribió hace una semana: "La nacionalización de la agroexportadora Vicentin, que ha defraudado al Estado en miles de millones con complicidad de Macri permitirá avanzar hacia la soberanía alimentaria y enfrentar la lógica del agronegocio que es la razón estructural del hambre en Argentina". Se dirá que Grabois no está en el centro de las decisiones del Gobierno. No lo está hasta que deja de estarlo.
En una entrevista con el canal de noticias C5N, el presidente Alberto Fernández, dijo hace unos días que iba a analizar el tema. Añadió que la situación es "muy grave porque el Banco Nación otorgó un crédito por encima de lo que objetivamente podía hacerlo mientras que la empresa fallida tomó un crédito muy por encima de lo que podía pagar". En el Ministerio de Agricultura, ante una consulta de la nacion sobre si el Gobierno tenía un proyecto para estatizar Vicentín, respondieron con el silencio.
La empresa, por su parte, negó la acusación y dijo que su relación con el Banco Nación era histórica y que "no fugó la deuda", que tiene con 1200 acreedores. Hace una semana presentó un plan de pagos para abonar el 20% al contado y cerrar el pasivo en ocho años. Guarda silencio sobre el riesgo de una posible estatización.
Aunque la idea de la nacionalización parezca disparatada, en el complejo oleaginoso ya recibieron consultas de los bancos internacionales sobre lo que estaba pasando en la Argentina. "¿Van a estatizar el comercio de granos?", fue la pregunta que recibió un ejecutivo argentino desde el exterior. Acostumbrado a las excentricidades criollas, el directivo del banco extranjero entendió que se trataba de un rumor y que solo involucraba a una empresa, pero aquí tomaron nota de que la crisis de Vicentín provoca ruido.
Es curioso: el complejo exportador de granos y oleaginosas radicado en la Argentina es el único de los sectores de la economía que obtiene fondos en el exterior para prefinanciar exportaciones por US$ 23.000 millones. En un momento en el que el país necesita más que nunca de divisas para estabilizar la economía, agitar el fantasma de una estatización no sería la mejor solución para lograrlo. Un experto del negocio agrícola con experiencia en la banca internacional lo explicaba de otro modo. "Es un problema del sector privado, como ha pasado otras veces en las que hubo empresas del agro que se declararon en default y tuvieron que reestructurarse para afrontar sus compromisos, y hubo algunas que lo han hecho manteniendo la honorabilidad, que es lo que se termina por medir", dijo. "Y por supuesto, tiene que investigarse lo del Banco Nación", aclaró.
Como se sabe, la originación y transformación de granos es un negocio de gran volumen, con poco margen, que necesita alcanzar una expansión mundial y lograr acceso al financiamiento a tasas internacionales. ¿Está en condiciones de hacerlo el estado argentino? A juzgar por los resultados de gobiernos de diferente signo, no parece. ¿Habrá productores agropecuarios sus dispuestos a venderle sus cosechas a una compañía del Estado? Por el cíclico "reperfilamento" de los compromisos del Estado con los acreedores internos y externos tampoco parece la mejor solución.
Mientras tanto, se deja correr la pelota y nadie sale a pararla.