Impuestos: se desata la pelea entre el Banco Central y la Capital Federal
LA NACION
El conflicto por la coparticipación en la ciudad de Buenos Aires escaló hasta lugares impensados: siete días después de que el gobierno porteño anunciara que quiere gravar las Leliqs (Letras de Liquidez) y las operaciones de pases, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, escribió una carta en la que advierte que la Ciudad "no puede aplicar impuestos a la política monetaria".
En el marco de una batalla que se abrió entre el Gobierno Nacional y el porteño por $52.000 millones de coparticipación federal, la semana pasada la Ciudad sorprendió con la presentación de dos nuevos impuestos, incluidos a último momento y sin previo aviso en el Presupuesto 2021.
El gobierno de la ciudad quiere gravar las Leliqs, las operaciones de pases y las compras con tarjeta de crédito. La polémica se abrió por los primeros dos instrumentos, que el Central utiliza para mantener a raya la inflación.
"Me encuentro en la necesidad de solicitarle tenga a bien arbitrar las medidas necesarias a fin de evitar que se efectivicen acciones de carácter tributario que distorsionan las políticas que lleva adelante el Banco Central de la República Argentina, mediante la implementación de los instrumentos que se encuentran legalmente previstos con la finalidad de lograr la estabilidad monetaria, financiera y cambiaria", le pidió Pesce al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la misiva.
El presidente de la autoridad monetaria considera que la propuesta impositiva porteña afecta o "distorsiona" incumbencias "que son propias de la especialidad de este Banco Central de la República Argentina". El funcionario le recordó a Rodríguez Larreta que "la Corte Suprema de Justicia tiene jurisprudencia sobre la imposibilidad de los distritos de avanzar sobre las regulaciones del BCRA".
El presidente del Banco Central reclamó finalmente al jefe de gobierno de la Ciudad que "arbitre los medios a su alcance para impedir la concreción de toda acción que desvirtúe, obstaculice o resulte en pugna con las políticas que lleva adelante" el BCRA. Caso contrario, advirtió, "se consumarán daños irreparables en la ejecución de la política monetaria y financiera a nivel nacional".
Cómo es la propuesta impositiva de la Ciudad
Por un lado, el gobierno porteño busca la eliminación de la exención de Ingresos Brutos a las Leliqs (Letras de Liquidez) y a las operaciones de pases, dos instrumentos que el Banco Central utiliza para hacer política monetaria y mantener a raya la inflación. Este tributo afectaría directamente a los bancos radicados en la Capital Federal.
Por el otro, el gobierno porteño aplicará el impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito con una alícuota del 1,2% que se sumará a los resúmenes. En este caso, el efecto recaería directamente sobre el consumo, advierten economistas. Consultados por este medio, fuentes de la Ciudad argumentaron que es un gravamen en el que se buscó la "armonización" con otras jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires y Córdoba, donde hoy ya se recauda, y que no necesariamente implicó allí una caída del consumo con plástico.
Fueron medidas que se planearon en silencio, sin consultar a los afectados. Amílcar Collante, economista de CESUR (Centro de Estudios Económicos del Sur), delinea tres principales grupos sobre los que se sentirá el efecto de estos nuevos tributos: los bancos, el Banco Central y los consumidores. En el caso del sector financiero, la justificación del gobierno porteño está relacionada con que fue uno de los que menos sintió el efecto de la pandemia.
Sin embargo, advierte el economista, la decisión de gravar las Leliq y los pases es sensible: "Se están metiendo con un instrumento de regulación monetaria. La mayoría de los bancos tiene su sede en la Capital y casi todo el grueso de los pases y Leliq están ahí", detalla. Considera que la decisión, en caso de ser aprobada por la Legislatura, tendría un efecto distorsivo sobre la tasa que establece la autoridad monetaria que, para no discriminar a las entidades financieras con sede en la Capital, eventualmente podría subir ese número de referencia para que algunos no ganen más que otros. LA NACION se comunicó con representantes de las entidades financieras, pero no obtuvo respuesta.
Para Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, esta decisión podría eventualmente encarecer productos de los bancos con sede en la Capital, como los préstamos y los costos de mantenimiento de cuenta.
Por otro lado, advierte Collante, la decisión de aplicar el impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito encarece el uso de plástico. "Da una señal contraria a la recuperación del consumo y va hacia una mayor informalidad y en detrimento del crecimiento de la bancarización y los medios de pago digitales", señala.
En el mismo sentido, Rajnerman lo describió como un impuesto "regresivo" porque afecta más a los que menos tienen, aunque no llega a alcanzar a quienes hoy están por fuera del sistema financiero formal. "Por el otro lado, alimenta la informalidad de la economía", detalla.
El gobierno porteño estimó que estos ajustes recaudarán unos $19.7000 millones en 2021. Sumado a los $32.300 millones de ajuste de gasto, buscará compensar los $52.000 millones que no recibiría por la pelea por la coparticipación. En un comunicado enviado a la prensa, anunció que estos gravámenes serán eliminados si los ingresos por coparticipación vuelvan a la situación previa al 9 de septiembre (día del famoso anuncio que "tomó por sorpresa" al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta).
"La suba de impuestos nunca es una buena noticia, pero después de la baja de la coparticipación era una alternativa posible; las otras dos eran o salir a tomar deuda o una baja del gasto en medio de una recesión. Esto era algo esperado en este contexto", resume Rajnerman.
En la misma línea, Guillermo Giussi, director ejecutivo de la consultora Aerarium y exfuncionario del Ministerio del Interior, señaló que para entender esta medida hay que "ver toda la película". Según sus cálculos, en el tiempo que pasará entre la publicación del decreto de la coparticipación el pasado 10 de septiembre y el final del año que viene, la Ciudad habrá perdido unos $66.000 millones, prácticamente toda su inversión en obra pública en 2019.
"Por fuera del ajuste que propone en el Presupuesto 2021 con respecto a una ralentización de la inversión en obra pública y la revisión de algunos contratos, no quedaban más alternativas", señaló. Añadió que, en un país con presión tributaria récord y poca contraprestación de servicios públicos equivalentes, todo nuevo gravamen es recibido sin demasiada alegría, pero, en este caso, corresponde al "mal menor".
Según pudo saber LA NACION, y a pesar de la justificación y argumentación que hoy dan los representantes del gobierno porteño, la inclusión de estos gravámenes no estaba prevista en el Presupuesto 2021 previo al escándalo por la coparticipación.
En este momento, la Ciudad tiene varios frentes abiertos. Por un lado, el decreto que le quitó un 1,18% de la Coparticipación, y por el que demandó al Gobierno Nacional ante la Corte Suprema. De no haber una resolución favorable para el gobierno de Larreta, esto implicaría un recorte de $52.000 millones en 2021. Por el otro, el Congreso trabaja en una ley para formalizar la decisión de la quita de fondos, y que, según cálculos del gobierno porteño, podría implicar un recorte de $13.000 millones más, es decir, un total de $65.000 millones menos para la Ciudad.
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