Crecen las exigencias ambientales para exportar a la Unión Europea

CÓRDOBA.- La Argentina está entre la decena de países más impactados por las nuevas reglamentaciones de la Unión Europea (UE) sobre productos libres de deforestación (DFPR), con aproximadamente US$4.645 millones alcanzados, el 5% de las exportaciones anuales de bienes según datos de la consultora Fundar. La regulación no una excepción ya que cada vez más naciones establecen requisitos ambientales al comercio. Los expertos entienden que si bien las exigencias son un desafío, también puede ser una oportunidad ya que cumplirlas permite alcanzar metas de largo plazo, como son los compromisos climáticos y ambientales asumidos por el país y mejorar las prácticas productivas.

Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), su presidente Fernando Landa apunta que existe un “atraso” en lo que respecta a las regulaciones multilaterales en este terreno. Por el momento, para ser legalmente consistentes con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), las medidas relativas a medio ambiente que pudieran condicionar el comercio internacional deben encuadrarse dentro de las excepciones que prevé el artículo 20 del GATT referidas a la protección de la vida humana, animal y vegetal. De hecho, la cuestión forma parte de la agenda del G20 ya que “preocupa” el escaso avance de las “Discusiones Estructuradas sobre Comercio y Sustentabilidad Ambiental” (TESSD) para consensuar nuevas reglas multilaterales.

En este contexto, la UE es líder en términos de generación de políticas públicas ya que alcanza a dos de las seis prioridades de la Comisión Europea para 2019-2024, el “Pacto Verde Europeo” (neutralidad climática 2050; 55% para 2030) y “Europa más fuerte en el mundo” (en donde se plantea “liderar actualización y reforma de la OMC”). Es en ese contexto en el que la UE emitió una cantidad de directivas ambientales que no sólo abarcan la gestión interna, sino que avanza en aspectos de regulación de comercio internacional, inversiones y gobernanza.

Entre las más importantes por el alcance a las exportaciones argentinas, la CERA considera la directiva sobre Deforestación Importada, la del Ajuste de Carbono en Frontera (en vigencia desde octubre pasado), el conjunto de regulaciones sobre Tráfico Marítimo, la Regulación sobre Productos Sustentables y la directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad.

Por caso, hace poco la Bolsa de Comercio de Rosario presentó “Visec”, la plataforma de soja y carne bovina libre de deforestación. El director ejecutivo de la entidad, Javier Cervio, indica que la herramienta es clave para que los exportadores de estos dos productos puedan cumplir con la exigencia de la UE que regirá a partir del 30 de diciembre y que implica una trazabilidad desde el origen: todo establecimiento productor va a tener que brindar una garantía de que no deforesta desde el 31 de diciembre del 2020.

La UE es el destino del 20% del volumen de soja y sus productos derivados, mientras que es menor para los competidores (Brasil, 15% y Estados Unidos algo menos del 10%). “Debemos prepararnos como cadena de valor, hay que encararlo como país, no sirve hacerlo individualmente. Es una oportunidad porque la UE suele ser seguida por otros países”, añade Cervio. Considera que la producción local está “muy bien posicionada”; a modo de ejemplo indica que el país es pionero y líder global en el uso de la siembra directa y la deforestación es prácticamente nula respecto a la superficie nacional dedicada a la agricultura. El “desafío” insiste es “demostrarlo en una certificación sin alterar los canales comerciales ni la vida de los productores”.

Landa admite que no se puede descartar que estas medidas de la UE sean “eventualmente motivo de arbitraje respecto a su consistencia con las obligaciones actuales” frente a la OMC. En el TESSD -donde intervienen tanto la Argentina como la UE- ya se indicó que la “consistencia con el acuerdo de París debe formar parte de los condicionamientos para el diseño de políticas que afecten al comercio en el futuro. Aun así, este ‘principio futuro’ podría no estar siendo contemplado en estas normativas”. Para la CERA es “crucial” que todo cálculo, auditoría, y certificación desarrollados mediante procedimientos y estándares internacionalmente reconocidos y emitidos por entes acreditados por el país de origen sean “reconocidos por la contraparte”.

Esa consideración es para evitar que el proceso certificatorio en sí mismo se transforme en un obstáculo al comercio, “cuestión que ha ocurrido en múltiples casos”. Landa sostiene que ese tema ya lo plantearon en el Business 20 ante el G20 Brasil y es “fundamental para el trabajo actual y futuro que vienen efectuando nuestros productores y exportadores”.

Otro aspecto que menciona, es la necesidad “monitorear” la evolución de los productos alcanzados por las exigencias. En el caso de la Deforestación Importada, por ejemplo, en 2025 se evaluaría (bajo parámetros no conocidos) la incorporación del maíz o biocombustibles y, a su vez, la expansión a “otras tierras boscosas”. En el caso del Ajuste de Carbono en Frontera, hoy contempla sólo algunos bienes intermedios de alta intensidad de emisión de CO2, pero tiene un “enorme potencial” de expansión a bienes finales.

Prem Zalzman, cofundador y director de la consultora Kolibrí, grafica que los temas ambientales ya empezaron a ser una variable clave para los negocios a punto tal que en su discusión ya se involucran directamente los CEOs. Entiende que, además de las “presiones” de los mercados existen también las internas y ejemplifica que, lo que está sucediendo con la UE respecto de que “jala” al resto de las regiones en exigencias, sucede en las cadenas de valor con compañías que juegan el mismo rol respecto de sus proveedores.

Reconoce que hay distintos niveles de preparación por parte de las empresas y los sectores y confía en que con la expansión de las exigencias, los costos de los procesos se van reduciendo: “La velocidad está acelerada a un nivel que no se proyectaba hace cuatro años y es evidente que las exigencias afectan aguas arriba y aguas abajo en la cadena de valor”.

Desde España, Jordi Juanos, director de la fundación Plant for the Planet, acentúa que las exigencias ambientales “debería interesarnos a todos. Disminuir la huella de carbono siempre irá para bien; el cambio climático afecta al planeta, en algunos sitios más que en otros, y hay una responsabilidad personal, institucional y corporativa en mejorar las condiciones”.

Completa el panorama, Sebastián Rodríguez, fundador de Impact Trade. Sostiene que las directivas lideradas por la UE son “una exigencia y también un incentivo para desarrollar bienes y servicios ambientales y sostenibles”. Coincide con los otros expertos en que es el mercado “más adelantado; fija un estándar para el resto, establece los parámetros para todos”. Está persuadido de que el cambio iniciado por normas ya empezó a ser “asumido” por las empresas.

Landa aporta que hay medidas de la UE que se están empezando a adoptar en otras regiones y que pueden tener un impacto “importante” para las exportaciones argentinas. Apunta la iniciativa “Prove It” en el Congreso de Estados Unidos que, en última instancia subsidiará a través del Departamento de Energía,0 los cálculos y verificaciones que los fabricantes locales deberán hacer cuando estén alcanzados por el Ajuste de Carbono en Frontera. “Otros países como Corea del Sur o India están evaluando aplicar medidas espejo similares”, añade.

Dos Mates es una empresa cordobesa especializada en agronegocios, dedicada a la producción, procesamiento y exportación de especialidades (poroto, maíz pisingallo, garbanzo, girasol de confitería) con numerosas certificaciones, entre las que está la “B” (miden su impacto social y ambiental). Exporta a varios destinos, aunque el principal es Asia. Pablo Romero, su traiding manager, precisa que las exigencias dependen de los mercados, aunque en general se están extendiendo.

“Cada vez son más los que piden medición de huella de carbono; en alimentos todo lo que se pueda demostrar, lo que tenga trazabilidad, es mejor”, dice a la vez que detalla que estas exigencias no redundan en mejores precios y que, a veces, está el riesgo de que se usen como “barrera de entrada”.

Federico Haefeli, socio gerente de Pinturas Paclin (exportan a Paraguay, Uruguay y Bolivia), admite que como derivado de los hidrocarburos, las fábricas de pinturas fueron migrando en tecnologías para ser más “limpias, menos contaminantes”. El año pasado lograron la certificar como “empresa B”. “Nos convertimos en parte de una comunidad global de empresas comprometidas con la sostenibilidad y el impacto positivo -especifica-. Estos nos permite también ser insumo de otras industrias que se apalancan en las certificaciones para llegar a nuevos mercados”.

Indica que encararon un proceso con “acciones con efecto positivo no solo para contrarrestar el daño medioambiental, sino para ser mejores para el mundo. Certificamos empresa B, ISO 14001 (impacto ambiental). Nos nivelamos con requerimientos instalados en el exterior, en especial fuera de la región que es bastante elástica en estas exigencias”.

Cervio descarta que, en el caso de la soja, la exigencia de la UE pueda convertirse en un obstáculo para los exportadores ya que la región no produce harina de soja y necesita comprarla afuera. Zalzman reconoce que hay “tensiones” pero también se cuenta entre quienes entienden que las normativas responden a los cambios que atraviesa el mundo.

Para Rodríguez, aunque el panorama en Latinoamérica, presenta diferencias, todas las empresas que “quieran dar el salto” a Asia y Europa deben “obligadamente encarar los procesos y empujar a otras; es un proceso exigente que requiere tiempo y dedicación. El mercado internacional está muy interesado en pagar por sustentabilidad y hay que apuntar hacia allí”.

“La UE pone lógica y coherencia -describe Juanos-. Está lanzando una ley que no va a perjudicar sino que pone orden. Los clientes potenciales de estos productos quieren saber de dónde vienen, cómo fueron cultivados. Puede ser un valor añadido para los exportadores. Insisto, además de ser una exigencia de la UE, es responsabilidad de todos. Lo que se importe se debe hacer con criterios ambientalmente sustentables en lo posible”. Su entidad desarrolló la aplicación Tracer para poner en contacto a productores con potenciales importadores; permite monitorear la situación ambiental.

Desde CERA sostienen que los privados argentinos están desarrollando “acciones importantes” como la plataforma Visec o el inventario de emisiones de las empresas alcanzadas por los productos contemplados por el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera.

Landa plantea que también hay un rol que debe cumplir el Estado, tanto en el ámbito de todos los foros vinculados (fundamentalmente de la OMC) como en la elaboración de una estrategia regional, “en ambos casos con intenso trabajo público-privado”. Menciona también el asistir y auxiliar a las empresas exportadoras como está haciendo el Congreso de Estados Unidos.

Para graficar la magnitud de los desafíos que se enfrentan, detalla que cuando se evalúan las notificaciones relacionadas con medidas ambientales de los países ante la OMC entre 2020 y 2024, el 51% de las efectuadas por Estados Unidos corresponde a subsidios, exenciones impositivas y apoyos no monetarios mientras que para la UE son 58% y para China, 67%.

“Frente a esta realidad, la Argentina debe concentrar esfuerzos en desbloquear cada aspecto que afecte su competitividad mediante facilitación de comercio, mejora sustancial de infraestructura y costos logísticos, eliminación de impuestos que nuestros competidores no tienen, fortalecimiento del relacionamiento internacional y, sobre todo, institucionalidad con estabilidad de reglas compatibles con los países que crecen, todo en un contexto cooperativo público-privado”, define.

Por Gabriela Origlia

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