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Control de capitales: los beneficios del modelo chileno
Por Elvio Baldinelli Para La Nación
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Hace casi cuarenta años desapareció en aguas del océano Pacífico un buque de bandera argentina cargado de trigo. Una tesis sobre lo sucedido señala que, habiendo mar gruesa, la nave habría dado una vuelta de campana. El accidente pudo haberse originado en la inobservancia de la norma que establece que, cuando se trata de una carga de granos, se hace necesario que el 15% del volumen sea embolsado y dispuesto encima del cereal suelto. De este modo se evita que, con mar movido, los granos se desplacen en la bodega hasta volcar la nave.
Lo que en la actualidad sucede en el mundo con los mercados de capitales de corto plazo puede compararse esta experiencia marítima: una excesiva movilidad de grandes masas de dinero puede desestabilizar a no pocos países.
Sin duda, el libre movimiento del capital, como sucede con el comercio de bienes, da origen a una más eficaz asignación de recursos. Los controles a su movimiento limitan este beneficio, además de que al aislar de la competencia externa al sistema financiero local se impide una mayor eficiencia. Pero en la actualidad estos flujos de dinero son de tal magnitud que afectan precios fundamentales de la economía, tales como la cotización de la moneda y las tasas de interés.
El ingreso masivo de capitales de corto plazo tiende a sobrevalorar la cotización de la divisa, creando así dificultades a la exportación y estímulos a las importaciones. A la inversa, cuando los capitales abandonan masivamente el país se produce una fuerte presión sobre el tipo de cambio, al punto de que, en oportunidades, obliga a su devaluación con su secuela inflacionaria. También impulsan las tasas de interés locales a la suba, llevando la economía hacia la recesión.
Sucede que los capitales de corto plazo llegan en cantidad cuando no se los necesita y se retiran en masa cuando hacen falta. Estos problemas se agravan porque los que manejan grandes sumas de dinero no suelen discriminar entre aquellos países que tienen una posición estructural sólida y los que no.
Por supuesto, la solución no está en prohibir que los capitales salgan. Pero puede aplicarse un moderado gravamen a los que ingresan. De este modo se entibiaría el entusiasmo de los inversores por pasear sus ahorros de un mercado a otro.
En Chile, los controles de capital se pusieron en práctica cuando el país estaba de moda entre los inversionistas, circunstancia que originó tal fuerte entrada de capitales de corto plazo que sobrevaluaba su divisa y dificultaba el manejo del crédito y el ahorro. En 1982 se estableció para el capital extranjero un período de permanencia mínimo de diez años, que en 1991 fue reducido a tres y en 1993, a un año. En 1991 se estableció un "encaje" (un depósito obligatorio de un año en el Banco Central que no paga intereses, y cuyo costo es equivalente a un impuesto sobre el ingreso de capital). El objetivo, en este caso, no era regular la salida de capitales extranjeros, sino su entrada.
Pero desde fines de 1997 se observó un importante aumento en el costo del financiamiento en el extranjero para las empresas chilenas, motivo por el que en junio el encaje sobre los flujos extranjeros fue reducido del 30 al 10% para ser suspendido este año. El control sobre la repatriación de fondos sigue en pie. En Chile se reconoce que estas limitaciones a los movimientos de los capitales de corto plazo no reemplazan políticas económicas sanas, pero han reducido su velocidad de desplazamiento.
Muchos países en desarrollo harían bien en imitar el modelo chileno. Por supuesto que se debe partir de una economía en equilibrio, los gravámenes deben graduarse con moderación y se debe actuar sobre el ingreso y no sobre la salida de capitales. Así se lograrían dos efectos favorables: por un lado, se podría alentar el ingreso de capitales cuando hacen falta y no cuando perturban y, además, serviría para estimular a los operadores de fondos de inversión para que averigüen antes de retirar sus colocaciones, qué países son calificados como de riesgo y cuáles no, ya que si luego quisieran volver tendrían que afrontar un costo adicional.
El autor es ex secretario de Estado de Comercio Exterior. Actualmente dirige en la Fundación BankBoston el programa para el desarrollo sectorial de las exportaciones argentinas.
