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El estado del Estado: falta el diagnóstico aduanero
El informe elaborado por Presidencia no evalúa las acciones de control de comercio exterior que encarnaron la AFIP, la Aduana y la Secretaría de Comercio Interior; contenedores abandonados, computadoras vacías y denuncias ignoradas
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"Saber es poder", dijo alguna vez el sociólogo francés Auguste Comte.
Bienvenido, entonces, el diagnóstico de la administración pública a diciembre de 2015 que dio a conocer Presidencia de la Nación bajo el título "El estado del Estado" (http://www.casarosada.gob.ar/elestadodelestado/)
El informe es relevante, abunda en datos de distintos organismos que sirven para activar medidas correctivas y para que la ciudadanía pueda conocer sus motivos. Pero ese informe, sin embargo, no aporta un diagnóstico sobre las tareas de control del comercio exterior que ejecutaron -o debieron ejecutar- la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduanas (DGA). El primer organismo es mencionado en apenas tres oportunidades y sólo para ilustrar deficiencias de terceros organismos; la DGA no es nombrada ni una vez.
Se aprecia así la falta de recolección de datos para evaluar el control aduanero a diciembre de 2015. Resulta evidente que quienes detectaron y denunciaron desde entonces la inoperancia o incluso la connivencia en determinadas áreas del servicio aduanero no han tenido la oportunidad de participar en el diagnóstico. El informe no describe, por ejemplo, las acciones y motivos de aquellos que ejercían -o debieron ejercer- el control aduanero y que propendieron al abandono de centenares de contenedores en zonas primarias aduaneras.
No expone las deficiencias, negligencias y hechos que motivaron tarifarios extraoficiales de todo tipo. Sea por los ROE para exportar hasta las demoras para retirar contenedores, pasando por la obtención de una declaración jurada anticipada de importación (DJAI) hasta la liberación de buques graneleros -y otras mercaderías- mediante vinculaciones de distinta naturaleza entre funcionarios y operadores, alejadas de las normas éticas que regulan la función pública. Tampoco describe el modo utilizado para cancelar importaciones temporales que obran en el sistema informático sin constancia de las destinaciones que debieron amparar su reexportación.
Cadena de mando
El diagnóstico no aborda la responsabilidad de la cadena de mando de la AFIP-DGA a diciembre de 2015. En especial por parte de quienes estaban a cargo de una inteligencia aduanera que no logró detectar ilícitos similares al megacontrabando documentado que reveló el periodista de ClarínMatías Longoni. Cada uno de esos contenedores afectados, vale recordar, requirió la aprobación previa de una DJAI, sin la cual jamás se le podría haber dado el viso de legalidad que pretendieron los contrabandistas. El ardid o engaño necesitaba de un amplio apoyo, mucho más allá del que pudieron darle agentes aduaneros de tercer nivel.
Pero eso no es todo. "El estado del Estado" apenas visualiza una sola problemática relacionada con el control de las importaciones. La describe someramente al tocar las actividades en el área de Industria y Comercio (página 92). Nos cuenta allí que dos días antes de la asunción del nuevo Presidente, un equipo conformado por quienes luego se harían cargo de la Secretaría de Comercio se reunió con funcionarios salientes, quienes acordaron colaborar en la transición. Se les consultó entonces por la lógica con la que aprobaban las importaciones y respondieron que el equipo que se encargaba de aprobarlas manualmente ya había renunciado. También comenta que los ex funcionarios prometieron dejar abiertos los códigos de tres computadoras que, según ellos, gestionaban pedidos de importación. Pero, días después, el equipo del nuevo gobierno se encontró con que esas tres computadoras estaban vacías.
Más claro: la información había sido borrada por los "salientes". No dejaron ningún registro relacionado con los criterios, montos y tiempos para aprobar importaciones. Incluidas, por supuesto, las aprobadas para dar apariencia de legalidad al contrabando de cientos de contenedores. Y algo más: el informe también revela que todos los documentos en papel sobre las importaciones que alguna vez obraron en esa área habían sido destruidos. La oficina estaba vacía y los operadores y sus respectivas computadoras fueron distribuidos en distintos pisos en el edificio.
Pero no es tan así. Lamentablemente, en el diagnóstico no se advierte que toda la información relativa a la autorización previa de las importaciones por parte del anterior gobierno -incluidas aquellas relacionadas con el megacontrabando investigado por Longoni- se encuentra minuciosamente asentada en el sistema informático de gestión aduanera. Y ahí permanece.
¿Por qué? Porque los redactores del informe no tuvieron en cuenta que la Secretaría de Comercio Interior adhirió mediante resolución 1/12 al sistema de DJAI implementado por la AFIP. Por ese motivo, en la DGA pueden ubicarse todas las declaraciones utilizadas para las importaciones anteriores a diciembre de 2015 e identificarse fehacientemente a los sujetos que las aprobaron u observaron sin fundamento alguno. Es decir, sujetos que hoy podrían estar, manteniendo viejas mañas, dispersos por áreas afectadas al nuevo sistema de aprobación previa de importaciones.
No hay que olvidar que fue la AFIP la que autorizó la intervención de quienes desvirtuaron el comercio exterior hasta fines de 2015. Lo hizo dentro de parámetros establecidos en el punto C del anexo al artículo 4 de la resolución general 3255 de la AFIP, determinando que la Secretaría de Comercio Interior debía nombrar un administrador de relaciones (hasta ahora enigmático), quien a su vez tendría la potestad de designar (y dar de baja en su caso) a otros usuarios para que actúen en su nombre. Algo más: el entonces titular de la AFIP requirió que los designados a través del enigmático administrador debían poseer clave fiscal con nivel de seguridad 3 como mínimo.
Queda claro entonces que cada uno de los sujetos que decidieron sin ningún fundamento escrito beneficiar en ocasiones a determinados importadores y despachantes con la aprobación de sus DJAI, debieron obtener previamente clave fiscal en la agencia DGI de jurisdicción. Por tanto, es imposible que no pueda identificárselos y ubicarlos.
Denuncia
Parte de la problemática que ocasionaron los funcionarios que otorgaron u observaron indebidamente autorizaciones para importar fue expuesta por el entonces diputado nacional Julio Martínez (actual ministro de Defensa), al formalizar un pedido de informe (6976-D-2014) que hubiera podido sacar a la luz una enorme cantidad de ilícitos. La Jefatura de Gabinete de Ministros de entonces lo trató en el marco del decreto 1172/03 (EXP-JGM: 0044633/2014), derivando las actuaciones a la AFIP por considerar a esa estructura como única responsable de las DJAI. Aún se esperan las respuestas.
Casi al mismo tiempo, la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior de la Jefatura de Gabinete, creada por decreto Nº 2103/14 (aún vigente), tenía en análisis una presentación registrada bajo el número JGM60220/2014, por la cual le aportaron datos precisos sobre numerosas operaciones beneficiadas indebidamente con las DJAI. Con esos datos podían ubicarse a los importadores y despachantes beneficiados; también a los funcionarios que las aprobaron y las aduanas por donde las formalizaron. Otra vez, nunca respondieron si realizaron el seguimiento y la trazabilidad.
En resumen, el informe "El estado del Estado" es buen avance. Pero queda pendiente, casi en su totalidad, encarar el diagnóstico sobre cómo se encontraba el control aduanero a diciembre de 2015.
El autor es despachante de aduanas y agentede transporte aduanero
