Trampas y decretazos para modificar la ley de marina mercante

La llegada de Mauricio Macri a la Presidencia vino acompañada del compromiso de respetar la Constitución Nacional, pero lo que ha caracterizado a Cambiemos es la marginación del Congreso para otorgarle a Macri la facultad de "la firma veloz" para lanzar decretazos como la designación de jueces de la Corte Suprema, modificar la ley de tierras, de medios, emitir bonos de deuda o mover el feriado del 24 de marzo.

Tal como acaba de suceder con el proyecto de ley de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), con el argumento de la lentitud "del trámite legislativo", el Poder Ejecutivo Nacional pretendería ahora modificar con otro decreto de necesidad y urgencia (DNU) la ley de la Marina Mercante aprobada por unanimidad en el Senado, trabajada durante un año para arribar a un consenso, entre senadores, dirigentes gremiales, cámaras empresariales y el Gobierno.

La Marina Mercante Argentina fue desguazada teniendo todas las capacidades para tener una de las mayores flotas del continente.

Hagamos memoria contra el olvido: en el Primer Plan Quinquenal de Perón, se expandió 287%, llegando a una expansión de casi 800% entre 1945 y 1951.

El nacimiento de ELMA

Esta política de Estado fue continuada a lo largo del tiempo con la creación en 1960 de ELMA (Empresa Líneas Marítimas Argentinas).

Para la década de los 80, la Marina Mercante argentina transportaba más de 70% de la carga que circulaba a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, en tanto que la flota paraguaya contaba por entonces con sólo cuatro buques. Hoy nuestros hermanos guaraníes tienen la tercera flota fluvial del mundo con 2600 barcazas y 200 remolcadores, en tanto que la flota fluvial argentina no llega a las 100 barcazas.

Desde el Decreto 1010 de 2004, la Marina Mercante ha estado esperando la sanción de una ley que resuelva las asimetrías con el transporte marítimo de otros países.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo no quiere esperar ni un mes para que los diputados sancionen la ley y por otro injustificado DNU pretendería modificar su marco fiscal, concebido para eliminar las asimetrías tributarias en combustible y tripulaciones para los buques de bandera argentina.

Ellos están compitiendo en condiciones muy desventajosas con los que navegan la hidrovía Paraná-Paraguay bajo banderas de conveniencia: no pagan el IVA en el combustible, etc., etcétera.

Compre nacional

El DNU que el Gobierno ya tendría redactado, iguala ocasionales empresas extranjeras con los empresarios navieros argentinos que apuestan al "compre nacional" y deben cumplir con la tributación y empleo estable en el país.

El Gobierno también establecería en ese DNU que circula de modo extraoficial en el Congreso que a Aerolíneas Argentinas no le será "aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la Administración o Control de las empresas en las que el Estado tenga participación" desconociendo que ninguna empresa o institución del Estado puede escapar al control de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación (Sigen). ¿El pueblo argentino no financia con sus impuestos la compra de aviones y repuestos y el crecimiento en el mercado de Aerolíneas Argentinas? ¿Será por eso que Isela Costantini fue reemplazada de la presidencia por Mario Dell'Acqua, quien en un sincericidio admitió no conocer nada del negocio aerocomercial? ¿Será que su nombramiento forma parte de la decisión del presidente Macri de hacer deficitaria a la línea de bandera para después privatizarla, como lo demuestra la reciente apertura de las rutas de cabotaje mas rentables a las líneas low cost?

Burlar compromisos

Como sino fuera suficiente, este DNU se burla de los compromisos tomados en materia ambiental porque reglamenta el Sistema Nacional de Inversiones Públicas -ley 24.354- para reducir de 45 a sólo 3 días corridos el período de evaluación del impacto ambiental, que es imposible realizarlo en ese lapso.

El decreto plantea que si en tres días no hay manifestación en contrario, implicará la conformidad de la autoridad ambiental para los proyectos de inversiones que incluyan grandes represas, papeleras, eliminación de residuos peligrosos y plantas regasificadoras de gas licuado entre otras.

¿Hasta dónde llegará el doble discurso y la impostura del Gobierno? Esto es como decirle a las empresas: hagan lo que les convenga porque el Estado se hará cargo de los daños ambientales y del pasivo que ustedes nos dejen.

El autor es senador nacional de Proyecto Sur