Cómo funciona la herramienta clave para que los intendentes controlen precios

Mientras el gobierno nacional prepara su propia herramienta de control para que los intendentes puedan aplicar controles de precios a los comercios de sus municipios, la provincia de Buenos Aires desarrolló la suya propia. Se trata del Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios (Simap).

En el sitio simap.gba.gob.ar se puede ingresar como "Consumidor" o como "Comercio" para conocer el listado de 2100 productos con precios máximos, retrotraídos al valor vigente al 6 de marzo de este año por disposición del gobierno nacional.

Allí el consumidor puede ver el precio sugerido de cada producto y denunciar un precio superior que haya visto en algún supermercado o comercio de cercanía y alertar sobre falta de stock.

En caso de que se ingrese como "comercio", se puede denunciar el aumento de precio después del 6 de marzo o alertar sobre falta de entrega.

"Se está hablando de un instrumento nacional [para el control de precios], pero la provincia ya tiene un decreto que lo hace", dijo ayer el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en conferencia de prensa, aunque reconoció que "hay algunas atribuciones que corresponden a leyes nacionales".

Los sujetos obligados a cumplir con lo establecido en el Simap son los mayoristas que cuenten con salón de ventas; todos los comercios que realizan venta minorista de productos de consumo masivo -almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados- y las personas jurídicas y humanas que participen de las distintas etapas y cadenas de producción, distribución y comercialización intermedia y final de cada uno de los productos declarados esenciales, explicó el Ministerio de Producción bonaerense en un comunicado.

Según el decreto que creó el Simap, los actores que sean parte de la cadena de producción, distribución y comercialización de los bienes que hoy tienen sus precios retrotraídos al 6 de marzo "deberán mantener los niveles de producción y abastecimiento de tales bienes hasta el máximo de su capacidad instalada y arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia" de la medida.

Además, se los intima a informar semanalmente al Ministerio de Producción los precios de venta de esos bienes, los niveles de aprovisionamiento y producción. "Asimismo, deberán comunicar si hay aumentos de precios o conductas desleales ejecutadas por parte de alguno de los integrantes de la cadena de producción, distribución y comercialización que les impida en forma directa garantizar los precios", agrega el texto.

Además, se facultó a los municipios para que fiscalicen establecimientos industriales, logísticos y comerciales e informar al gobierno provincial, que podrá aplicar medidas de sanción. El decreto fue publicado el 27 de marzo pasado y tiene una vigencia de 90 días corridos.

LA NACION

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