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Cómo nació y cómo se resolvió la deuda externa argentina
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Al hablar de la deuda externa de nuestro país es imprescindible realizar una breve semblanza histórica para comprender la coyuntura que atravesamos.
La deuda surcó una fase, entre 1976 y 2002, en la que la Argentina estuvo signada por crisis recurrentes, planes de ajuste y la incapacidad del Estado de ejercer su rol de distribuidor social.
En este proceso, podemos identificar dos ciclos de gestación y resolución. El primero de ellos se originó durante la dictadura militar y desembocó en el default de 1988. Seguidamente, hubo una reestructuración, en 1992, conocida como Plan Brady, que contenía como condición la aplicación del Consenso de Washington. Este plan habilitó un nuevo ciclo de endeudamiento que concluyó nuevamente en un proceso de reestructuración denominado Megacanje, seguido de un inmediato default y la crisis de 2001.
Transitamos ahora una tercera etapa, de reestructuración, la cual, a diferencia de las anteriores, es acompañada por un crecimiento económico sin precedente, habiéndose mantenido al conjunto de los argentinos ajenos a cualquier impacto negativo que pudiera tener este proceso.
Hay que destacar, además, que la misma se hizo sobre la jurisprudencia del esfuerzo compartido. Según esta figura, el compromiso del deudor y del acreedor es recíproco, ya que el primero obra de buena fe y ofrece las mejores condiciones para el pago, y el segundo acepta, porque sabe que colocó sus fondos bajo condiciones que eran inviables de sostener. Cabe destacar que la reestructuración final del total de la deuda, transcurridas las dos ofertas de canje (2005 y 2010), alcanzó más del 92%.
Esta política, que demostró ser exitosa, no puede ser impugnada por un minúsculo grupo de especuladores que pretende el cobro del total de la deuda. En consecuencia, la Argentina posee argumentos muy sólidos para defender este tipo de reestructuración. Por la teoría del esfuerzo compartido, por la vocación de pago, por el cumplimiento que está haciendo de lo acordado y por el grado de aceptación que la oferta ha tenido por parte de los bonistas.
