Compliance: el desafío de combatir a la corrupción pública privada

La novena edición del Marval Summit de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones 2026 dejó definiciones sobre lo que viene con respecto a la Ley 27.401, de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Se trata de una normativa que data de 2018, pero que se aplicó poco hasta ahora.

El estudio Marval O’Farrell Mairal arrancó con este encuentro en 2018, justo cuando entraba en vigencia la ley que penaliza la corrupción de las empresas. “La causa Cuadernos ocupaba la escena pública”, recordó el socio del estudio Gustavo Giay. Hoy, aunque en este caso no aplica la Ley 27.401 por ser posterior a los hechos, está en pleno juicio oral, “lo que indica un buen avance de la institucionalidad”, refirió Giay.

Por su parte, en ese momento y justo antes de la pandemia, “el ‘Lava Jato’ marcaba la conversación regional. Además, la aplicación del FCPA [ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, según las siglas en inglés] por parte de las autoridades estadounidenses seguía siendo una referencia central para las compañías con operaciones regionales”, dijo.

Casi una década después hubo avances, pero también retrocesos a la hora del cumplimiento normativo y la pelea contra la corrupción pública-privada. Mientras que el “Lava Jato” fue una megacausa que desnudó la trama de sobornos multimillonarios entre empresas privadas y funcionarios del gobierno en Brasil, Estados Unidos intentó poner un freno a los pedidos de coimas a través de la aplicación de la FCPA. Allí se prohíbe a las empresas que emiten acciones en Estados Unidos sobornar a funcionarios extranjeros para obtener contratos gubernamentales y otros negocios.

Lorena Schiariti, socia del estudio, hizo referencia a que el “Lava Jato” ya no aparece como la gran causa ejemplificadora de Brasil, ya que se desmoronó, pero que ese país vuelve a tener un caso de alto impacto. Se trata del escándalo del Banco Master, que incluye el colapso financiero de la entidad y una investigación por fraude desde 2025.

El repaso de lo que sucedió en casi una década y lo que se espera hacia adelante fue parte del debate que se puso de manifiesto en una jornada “picante”, sobre todo porque la corrupción está entre la tercera y la cuarta preocupación de los votantes, después de la inflación y la inseguridad.

Diego Cabot, prosecretario de Redacción de LA NACION, dijo que “todos tenemos opciones; no todos optamos por el delito.” Parte del evento estuvo atravesada por el análisis de las consecuencias de la Causa Cuadernos, una investigación periodística liderada por Cabot, quien sostuvo durante el encuentro que “la corrupción no es solamente un retorno. También es hacer un lobby feroz para que la regulación sea para vos y no para el de al lado”.

El impacto en la reputación de las empresas cuando se descubre que hicieron negocios gracias al soborno de funcionarios también fue parte de la conversación. Hay un antes y un después en una marca que opta por dejar de lado la transparencia y la integridad.

La periodista Guadalupe Vázquez, también en el panel, agregó que la causa de las SIRA [permisos de importación] es ”el gran robo del siglo; la Argentina avanzó en lo normativo, pero no en la transparencia de la Justicia y los controles”. Además, dijo que “si no le garantizás protección a una persona que está declarando contra gente pesada, tenés un problema. Lo que el sistema busca es desalentar a los arrepentidos”.

En un panel con profesionales estadounidenses se habló sobre la aplicación de la FCPA. En junio de 2025, el gobierno de Estados Unidos decidió priorizar cuatro factores bajo el FCPA: vínculos con carteles, perjuicio económico a empresas estadounidenses, riesgos a la seguridad nacional y gravedad del delito, aunque no es todo. Esto genera cambios en la manera de poner en práctica el cumplimiento de normas, que ahora es más estricto.

Verónica Yepez, de Covington & Burling LLP, explicó que las investigaciones vinculadas con la seguridad nacional ocupan ahora un lugar central dentro de las prioridades de aplicación de la ley, y que también se está poniendo el foco en casos donde las empresas investigadas parecen estar causando daños a compañías estadounidenses. Por su parte, Andrew Levine, de Debevoise & Plimpton LLP, contó que la intersección entre crimen organizado, terrorismo, corrupción y cumplimiento normativo está redefiniendo las prioridades de enforcement en toda la región.

Gabriel Pérez Barberá, fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, sostuvo, con respecto a la Ley 27.401, que "la discusión es apasionante" y que la responsabilidad penal de la empresa no depende enteramente del programa de compliance, aunque este impacta en la graduación o eximición de la pena".

Según su criterio, la devolución del beneficio indebido no es el neto, sino la totalidad del bien obtenido en la corrupción.

Por otro lado, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, aportó que el hecho de que "el departamento de compliance tenga autonomía es tremendamente importante".

Brindó también puntos para tener en cuenta en temas de compliance a partir de la jurisprudencia de países extranjeros, ya que en la Argentina esta es todavía escasa. Entre ellos:

• La debilidad de los programas no lleva necesariamente a la responsabilidad penal de la persona jurídica, a menos que haya un nexo con el delito.
• La existencia de un código de ética o de un canal de denuncias, entre otras acciones que se ponen en marcha a través del departamento de compliance, no necesariamente habla de un programa adecuado. Lo relevante es la relación entre el delito y las medidas que tenía implementadas la empresa para evitarlo.
• El compromiso de la dirección no puede ser declarativo.
• Compliance debe tener autonomía, lo mismo que el órgano de control, que no sea meramente decorativo, “que no sea un florero”, dijo el juez. Debe contar con independencia, recursos y la capacidad de liderar investigaciones.
• La reacción de una empresa ante un hecho o una alerta es un dato relevante.
• La trazabilidad económica de los números de la empresa es clave. La falta de ella revela opacidad en la gestión de la compañía.

Por Paula Urien

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