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Confirmó el Gobierno que no volverá a prorrogar la emergencia económica
Según Aranguren, "este año la ley llega a su fin" y anticipó nuevos marcos regulatorios; ya lo había sugerido otro ministro
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LA NACION
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, formalizó la decisión del Gobierno de no prorrogar la ley de emergencia económica, vigente desde enero de 2002, y anticipó que esto permitirá concretar la renegociación de todos los contratos pendientes entre el Estado y el sector privado en materia de servicios públicos y empresas concesionadas.
"Este año, la ley de emergencia económica del 6 de enero de 2002 llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y no volver a incumplirlos", dijo Aranguren en un congreso de abogados del Estado.
La ley de emergencia económica fue sancionada en los comienzos del gobierno de Eduardo Duhalde, en el marco de las medidas destinadas a paliar la crisis pos convertibilidad y tras la salida anticipada del presidente Fernando de la Rúa.
La norma dio un marco jurídico de excepción, que permitió al gobierno establecer la nueva relación del tipo de cambio, pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos, congelar tarifas y renegociar los contratos de los servicios públicos en manos de empresas privadas, y regular los precios de la canasta básica. Era originalmente por dos años, pero siempre al momento de su vencimiento, el Congreso (a pedido del Poder Ejecutivo) la extendía por otros dos nuevos años.
La última prórroga fue dispuesta en 2015 por el gobierno de Cristina Kirchner tras mantener esa herramienta durante todo su mandato y el de Néstor Kirchner.
En ese contexto de regulación del mercado por parte del Estado y la falta de renegociación de los contratos con los privados, Aranguren consideró que "tal vez el sector de energía y minería no respetó el marco jurídico".
Durante su exposición, el funcionario se preguntó "cómo un país como la Argentina, bendecido por sus recursos naturales, por acción y omisión de sus dirigentes, tenga que importar 30 millones de metros cúbicos de gas por día, y el 10% del petróleo crudo liviano. Estoy convencido de que esto fue por acción y omisión de la dirigencia argentina", dijo Aranguren. Según el ministro, el Gobierno es "responsable de gestar ese cambio, para que algo tenga sentido en el largo plazo".
La no renovación de la ley de emergencia económica era uno de los grandes reclamos de las empresas privatizadas ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, el Ciadi. Por su parte, el Fondo Monterio Internacional, reclamó por la normalización de los contratos.
"Ya no es prioridad"
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ya había adelantado la posibilidad de que se eliminara esta ley: "La emergencia económica empieza a tener cada vez menos sentido con una economía que crecerá dos años de manera consecutiva".
"Como cada vez vamos a ser más precisos con nuestras proyecciones y respetar el presupuesto, la ley de emergencia económica ya no es prioridad", había dicho Frigerio, ratificando lo que varias fuentes del Gobierno venían afirmando en voz baja.
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