Contrabando: el Gobierno, las empresas y las plataformas sellaron un acuerdo para controlar el comercio digital

En un contexto complejo para parte de la actividad económica, el Gobierno, varias entidades empresarias y las plataformas de comercio digital cerraron un acuerdo marco para “combatir el contrabando, el fraude marcario, la falsificación y las demás formas de comercio ilegítimo”.

La iniciativa se celebró en simultáneo con acuerdos específicos entre la Secretaría de Industria y Comercio, que coordina Pablo Lavigne, empresas de comercio digital y plataformas, y entidades empresarias con el objetivo de “prevenir y erradicar prácticas comerciales ilícitas” que perjudican a los consumidores y distorsionan el mercado.

Entre los firmantes aparecen marcas como Mercado Libre, Meta (empresa matriz de Facebook e Instagram), Frávega y Cetrogar. También participaron entidades empresariales representativas, como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de Importadores (CIRA), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte).

El esquema establece que las firmas deberán informar a los principales vendedores de productos como celulares, notebooks, cosméticos, juguetes y neumáticos. De esa manera, la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) buscará inconsistencias fiscales o indicios de ingreso irregular de la mercadería. Al mismo tiempo, Meta se comprometió a “dar de baja los sitios denunciados en sus plataformas”.

Si se encuentran infracciones, los procedimientos se darán bajo el marco del Protocolo de Vigilancia de Mercado aprobado por la Resolución 56/2026, el cual contempla el retiro de los productos del mercado, el cese de su comercialización y la intervención de la Justicia Federal si corresponde.

Estas acciones contarán con un plan de trabajo semestral y revisiones trimestrales de la Mesa de Acciones contra el Contrabando, el Comercio Ilegítimo y la Competencia Desleal de la UIA, que dirige Martín Rappallini, y se buscará habilitar convenios específicos con la Dirección General de Aduanas, la Autoridad Nacional de la Competencia, el INPI, Senasa, Anmat y las fuerzas de seguridad federales.

Además, las plataformas se comprometieron a “realizar campañas de comunicación dirigidas a sus vendedores y proveedores para reforzar el conocimiento de las obligaciones vigentes, especialmente las vinculadas al origen de los productos ofrecidos”, de acuerdo al comunicado de la Secretaría perteneciente al Palacio de Hacienda.

“El comercio ilegal destruye empleo formal, evade impuestos y pone en riesgo a los consumidores. La industria, que cumple con todas las normas, no puede competir con productos que ingresan o se venden por fuera de la ley. Con este convenio aunamos esfuerzos, sumamos tecnología, información y articulación con los organismos de control para que la fiscalización llegue a donde tiene que llegar”, dijo Rappallini.

De acuerdo con la entidad, el contrabando representa cerca del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y genera una pérdida fiscal estimada en US$2300 millones al año. Según la III Encuesta UIA, “6 de cada 10 empresas industriales se ven afectadas por el comercio desleal, y 4 de cada 10 sufren la competencia ilegal en la venta electrónica de productos a través de plataformas, redes sociales y marketplaces”.

Por su parte, Ana Vainman, directora ejecutiva de Afarte, consideró: “Celebramos que finalmente hayamos podido suscribir este convenio, que es un gran punto de partida para combatir la competencia desleal y el contrabando, que tanto afectan a la industria. El compromiso de los representantes de distintos organismos del Poder Ejecutivo, las plataformas de comercio electrónico, la industria y distintos eslabones de la cadena de comercialización quedó plasmado en esta firma y esperamos que se traduzca en una pronta reducción de este flagelo”.

Fernando Furci, gerente general de la CIRA, remarcó: “Las empresas importadoras que cumplen con la normativa necesitan competir en igualdad de condiciones. Este convenio es un paso para que el comercio electrónico sea un ámbito más transparente, donde quien opera dentro de las reglas no quede en desventaja frente a quien las evade”.

A su vez, la entidad importadora sostuvo que “los controles en frontera deben complementarse con acciones sobre la comercialización de los productos que ingresan de manera irregular”.

Como parte del entendimiento, la UIA presentó un conjunto de propuestas técnicas para fortalecer la trazabilidad de las mercaderías en toda la cadena logística:

• Mesa público-privada: Formar una instancia que reúna a Comercio, Defensa del Consumidor, ARCA-Aduana y los Ministerios de Seguridad y Justicia, con “plan de acción, metas y plazos definidos”.
• Fiscalización en la logística: Ampliar los controles más allá del punto de venta para alcanzar a distribuidores mayoristas, centros logísticos y depósitos.
• Tecnología: Aplicar herramientas, perfiles de riesgo e inteligencia artificial para combatir la subfacturación y monitorear los pasos fronterizos.
• Valores de referencia: Implementar mecanismos de monitoreo sistémico de subfacturación en Aduana mediante valores de referencia para “bienes sensibles”.
• Equiparación del canal digital: Exigir las mismas reglas operativas para el comercio electrónico que para el físico, como datos anticipados de envíos y “plataformas solidarias” para la visualización de datos de vendedores.
• Revisión del sistema de couriers: Ajustar los límites y condiciones vigentes para los envíos postales internacionales en sintonía con las “tendencias internacionales”.
• Criterios de decomiso: Revisar el destino de la mercadería decomisada para evitar que vuelva al mercado.
• Campaña de concientización: difundir sobre los operativos y las sanciones aplicadas, “porque dar a conocer que la ilegalidad se castiga también disuade”.

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