Tras la amenaza del Gobierno, Edesur les pidió disculpas a los clientes y anunció un plan de inversiones

Después de la reunión que mantuvieron las autoridades de la compañía con el ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, Edesur difundió hoy un comunicado en el que les pidió disculpas a los clientes y aseguró que está trabajando con el Gobierno en un plan de inversiones que está en desarrollo.

En el texto, la compañía primero hizo mención al encuentro en el que se intercambiaron visiones sobre la forma de avanzar sobre una mejora sostenible del servicio eléctrico de distribución de energía.

“Más allá de las multas y penalidades que decida aplicar la autoridad en el ejercicio de su función de control, concordamos en que la solución estructural pasa porque las empresas puedan disponer de los recursos suficientes para operar, mantener y realizar las inversiones que el sistema requiere y acompañar así el crecimiento del país”, señaló Claudio Cunha, Country Manager de Enel Argentina -empresa controlante de Edesur-, y destacó: “Estamos trabajando conjuntamente en la elaboración de un plan que está en desarrollo”.

Cunha precisó que en la misma reunión el ministro expresó que el Gobierno “no tiene intención de intervenir en la operación de la empresa, ni cambiar la situación patrimonial de Edesur”.

“Después del mejor enero en cuanto a calidad de servicio de los últimos cinco años, en febrero estamos atravesando un fuerte incremento de cortes producto de una demanda histórica y sobre lo cual Edesur sigue trabajando para solucionar lo más rápido posible los desperfectos y la falta de luz de los clientes”, agregó.

Por último, Cunha pidió disculpas a los clientes por los inconvenientes ocasionados y agradeció a los trabajadores de Edesur por la dedicación.

Versiones cruzadas

Antes de que se conociera el comunicado de la empresa, a primeras horas de hoy hubo versiones encontradas acerca del curso de acción que el Gobierno pensaba tomar. Mientras que la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada que analizaban “todas las variables, siempre que legalmente existan y sean posibles para cuidar a los usuarios de Edesur”, el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, descartó que se analice expropiar la compañía.

“Nosotros no nos podemos meter ahí porque hay un contrato aún vigente y, además, la responsabilidad de la prestación del servicio sigue siendo de ellos”, explicó el funcionario en diálogo con Radio 10.

Ayer, en medio de los cortes de luz y de las crecientes protestas de vecinos en la Autopista Dellepiane, el Gobierno determinó -tras una reunión “urgente” con las partes- una multa de $1000 millones para Edesur, hacer devoluciones para usuarios afectados, y establecer una “veeduría” con auditoría a la que se convocará a la UBA, pese a que la distribuidora eléctrica tiene ya una veedora del ENRE hace un año, que es Silvia Carmen Merzi.

Sergio Massa le había llevado un informe -nunca presentado, pese a la promesa oficial- al presidente Alberto Fernández a Casa Rosada y había habilitado la posibilidad de una intervención con “protección” del capital. “La idea es una intervención de la gestión por parte del ENRE y lanzar un plan de inversiones de emergencia a descontar del activo regulatorio”, sugirieron.

“Podría darse una intervención de gestión sin afectación de capital de la empresa, y para ello, el ENRE está trabajando una propuesta con la Secretaría de Energía”, habían amenazado en la Secretaría de Energía.

Allí más tarde ya habían precisado que se había citado a la empresa a una reunión “de urgencia”, que se realizó anoche, en la que podría comunicársele la decisión de una resolución que implique la presencia permanente de técnicos del ENRE “in situ” con facultades para fiscalizar los procesos operativos, de seguimientos de atención de reclamos y de intervención en el desempeño frente a los usuarios. “Se le hará saber de la ejecución de una sentencia judicial millonaria motivada en reiteradas sanciones por incumplimientos. La cifra superaría los $1000 millones”, habían anticipado.