Crecieron en agosto los nuevos juicios por riesgos laborales y este año el número sería récord

Con 14.966 nuevas demandas, agosto de este año se subió al podio y se convirtió en el segundo mes con más juicios iniciados contra las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) desde que rige el actual sistema, es decir, desde julio de 1996. El octavo mes del año trajo un incremento interanual de 11,3%, y eso llevó a proyectar que 2026 cerraría con 138.243 litigios iniciados en todo el país, según un comunicado emitido por la Unión de ART.

Entre septiembre de 2025 y agosto de este año (últimos 12 meses), las nuevas causas en la Justicia fueron 136.979, en tanto que entre enero y agosto últimos la cantidad llegó a 87.553.

“Esa cantidad no guarda ningún tipo de relación con los trabajadores asegurados a través de las ART ni con los niveles de siniestralidad, que se reducen año a año”, expresó la entidad que reúne a las aseguradoras, en referencia a la proyección de casos durante todo este año.

En julio, las ART habían sido notificadas de 7814 casos y, entonces, se había registrado una caída respecto de junio, que en parte había sido atribuida al efecto de las ferias judiciales en todo el país. En tanto, en los 12 meses móviles previos (agosto de 2025 a julio de 2026), los litigios iniciados habían sido 135.400.

Una característica que se dio en julio y también en agosto es la concentración de casos en algunas jurisdicciones. En la provincia de Santa Fe, hubo en agosto 2731 nuevos litigios, el mayor registro histórico, con un incremento interanual de 24,8%, una tasa que duplicó y aún más la suba promedio que hubo en todo el país.

También en la provincia de Buenos Aires hubo un récord, con 6030 nuevas demandas y una variación interanual de 16%. Y en la Ciudad de Buenos Aires -donde en el octavo mes del año se iniciaron 2624 causas- el incremento interanual de los nuevos juicios en el período de enero a agosto fue de 4,2%.

En el mes, las provincias de Buenos Aires y Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires concentraron el 76% de las nuevas causas.

Cuando se observa qué jurisdicciones tuvieron un aumento interanual más pronunciado de la cantidad de nuevos juicios en los primeros ocho meses de 2026, se concluye que Entre Ríos se sube al podio, con Santa Fe y CABA secundándola. La provincia mesopotámica tuvo un incremento del 38% de los casos en esa comparación.

En el caso de Santa Fe, también en julio se había dado un aumento de casos muy superior al promedio del alza de la judicialidad. La provincia es una de las que más avanzó en dar pasos que llevan a la conformación de un cuerpo médico forense, para poner en práctica la letra de la ley 27.348, que fue aprobada por el Congreso Nacional en febrero de 2017 y a la cual la jurisdicción adhirió.

En abril pasado, se aprobó en la provincia una modificación a la normativa local previamente votada que determina cómo poner en marcha lo indicado en la ley nacional; sin embargo, aún no se implementó, según marcan en el sector de las ART. Y eso podría estar acelerando el ingreso de nuevos juicios. La ley provincial aprobada este año establece que los médicos que integrarán el cuerpo serán cinco, y no tres como se había definido anteriormente.

La judicialidad es una cuestión central que atraviesa al sector y repercute en los costos de los empleadores, con especial impacto en las pequeñas y medianas empresas. La cantidad de nuevos juicios tiende al alza desde 2021, después de la baja que había seguido a la puesta en vigor de la ley 27.348, en 2017, y que se había acentuado con la drástica caída del nivel de actividad en 2020, por la pandemia.

La mencionada ley establece que, si se plantean discordancias en relación con las consecuencias de un accidente o enfermedad -más allá del tratamiento médico dado por una aseguradora-, el caso pase obligatoriamente, como instancia previa a un litigio, por Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), para la determinación de la existencia o no de una incapacidad indemnizable de origen laboral y, en todo caso, para la definición del grado de la inhabilidad (del que depende el monto del resarcimiento).

En gran medida, los casos que se judicializan son los que en esa evaluación administrativa resultan como sin incapacidad, es decir, sin derecho a indemnización.

También se dispuso que, previa adhesión a la ley nacional por parte de las provincias y de CABA, se formen en cada jurisdicción los ya mencionados cuerpos médicos, con profesionales cuyos montos a cobrar no estén anclados a lo surgido de las pericias. Ese punto referido a los ingresos es considerado fundamental en el sector asegurador y también en el Gobierno. Adicionalmente, la ley nacional mejoró los importes de los pagos a cargo de las ART, algo que debilitó una causa de las demandas.

El baremo, o tabla de evaluación, es una herramienta que traduce las secuelas de un accidente o enfermedad laboral en un índice porcentual de incapacidad; desde febrero de este año rige uno que fue establecido por un decreto de 2025, y que reduce los márgenes de discrecionalidad respecto del que estaba vigente antes.

“El desafío ya no es identificar las herramientas, sino lograr que la Justicia las aplique con celeridad y eficacia”, señalaron en la Uart.

Quienes plantean demandas, lo hacen principalmente argumentando que, en casos en que las comisiones médicas administrativas desestimaron la existencia de un daño indemnizable, en realidad sí existe tal consecuencia. O bien, en algunos casos se sostiene que, si bien sí se definió en las comisiones una incapacidad mayor a 0%, el porcentaje debería ser mayor.

Por Silvia Stang

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