Critican la intervención de Moreno en el Indec

Las universidades ya hicieron su evaluación
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3 de septiembre de 2010  

El informe de las universidades sobre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), criticará los privilegios que usó el Gobierno para nombrar personal en el organismo para alterar los datos oficiales desde 2007.

Frente al congelamiento de vacantes que imperó desde la crisis de 2002 en todo el resto del sector público, las universidades cuestionaron que se haya designado a más de 500 funcionarios, mientras los índices oficiales perdían credibilidad.

Así lo expresaron en el informe en torno de la situación del Indec, que prepararon por pedido del Gobierno y que pretenden entregarle al ministro de Economía, Amado Boudou, en los próximos días.

Según indicaron a La Nacion fuentes académicas, uno de los ejes centrales para explicar las inconsistencias del índice de precios al consumidor registradas desde 2007 es el ingreso de personal designado en forma arbitraria y sin concurso.

Las fuentes indicaron que se trató del único organismo público que, durante el kirchnerismo, pudo incorporar esa gigantesca cantidad de empleados, frente a la restricción que tenía el resto.

Se trata de los empleados designados por orden del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a partir de la estrategia de ocultamiento de los datos.

En 200 páginas, las universidades de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario y Tres de Febrero, condensaron sus cuestionamientos y sugerencias para que el Indec recupere su rol técnico. Habrá anexos con información específica sobre la cuestión del IPC, de las designaciones y, más brevemente, sobre el censo nacional de población 2010.

Al respecto, se hará referencia a las "buenas prácticas" sugeridas por las Naciones Unidades y otros organismos en torno del manejo de las estadísticas públicas.

En cuanto al IPC, no se mencionará la cuestión de la manipulación y se reiterará que debe ser la Justicia la que determine la posible comisión de delitos. Sin embargo, se describirán las inconsistencias del relevamiento oficial de los precios minoristas.

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