Críticas a la indemnización a Eurnekian por una ruta

La rescisión del contrato de concesión de la autovía Pilar-Pergamino y su consecuente indemnización al grupo Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian, todavía no especificada por el Gobierno, provoca críticas en sectores de la oposición y en usuarios de servicios públicos.

"No hay que indemnizar a nadie porque se trataba de un contrato de riesgo", dijo ayer a LA NACION el coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca. El diputado Juan Carlos Morán (Coalición Cívica), por su parte, adelantó que el partido que representa incluiría una denuncia al respecto en la demanda que presentó tiempo atrás sobre asociación ilícita contra Néstor Kirchner.

La semana pasada, mediante el decreto 891, el Gobierno rescindió el contrato de concesión para construir y operar el tramo de la ruta 8, que une Pilar y Pergamino, proyecto que fue suscripto en marzo de 2006, bajo la forma de iniciativa privada, y preveía obras a lo largo de 180 kilómetros.

La razón del Gobierno para dar de baja el vínculo, publicada en el Boletín Oficial el 22 de este mes, fue que "la grave crisis económica global desatada durante los años 2008 y 2009 y la consecuente imposibilidad de financiamiento habían impactado en la ecuación económico-financiera del contrato, hecho que derivó en el cumplimiento parcial de las obligaciones recíprocas a cargo de las partes".

LA NACION intentó ayer, sin éxito, obtener la postura de Corporación América y de voceros del Ministerio de Planificación. Pero en el sector se estima que la indemnización sería superior a los 100 millones de pesos.

"En este caso, se dan los tres elementos característicos de la corrupción del sistema vial argentino de los últimos años -se explayó Morán-. Primero, la existencia de obras prometidas en campaña e incumplidas. En segundo lugar, empresas que no cumplen, pero, como son amigos del poder, reciben subsidios e indemnizaciones. Por último, usuarios viales perjudicados por peajes a pesar de que no se les da el servicio."

Uno de los mayores cuestionamientos que recibió el proyecto es el peaje ubicado en el kilómetro 66 de la ruta 8, a la altura de La Arena, donde se cobran 4,50 pesos. Esos fondos debían estar afectados al comienzo de la contracción de la autovía. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional de Vialidad, a través del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), "ha verificado los retrasos existentes en la ejecución de la obra y en la adecuación del monto de la tarifa". Los críticos dicen que nunca se debió cobrar si la obra no estaba terminada.

La autovía tiene peajes en el kilómetro 102, a la altura de Solís, de 2,20 pesos; en el kilómetro 381, en Venado Tuerto (Santa Fe), de 2,60 pesos, y en el kilómetro 655, en Sampacho (Córdoba), de 2,10 pesos. La iniciativa contemplaba la instalación de otro en el kilómetro 180, en Arrecifes, con otros 4,50 pesos.

"Escandalosos"

"Si todo terminaba como estaba previsto, desde Capital Federal, habría que haber pagado en la autopista Illia un peaje y otro en el acceso norte; luego, por la ruta 8, abonar también los de La Arena, Solís, Arrecifes, Venado Tuerto y Sampacho. Todo, en 660 kilómetros. Un verdadero disparate", agregó Lasca.

En un comunicado difundido a los medios, la asociación de usuarios pidió que el Estado recuperara la operación de todas las rutas argentinas. "El Conaduv solicita y exige a quienes nos gobiernan tener coraje, decisión y voluntad política para terminar de una vez por todas con el régimen perverso de falso peaje con cabinas de cobro instalado en nuestras rutas nacionales y provinciales, así como con los escandalosos proyectos de iniciativa privada inventados por la administración kirchnerista."

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