Cuánto cobra un funcionario: la peor derrota de los ministros a manos del Presidente

El funcionario estira los brazos, se acomoda en la silla y se sincera con la tranquilidad de quien habla bajo la condición de mantener su nombre en reserva. Dice que a él no le preocupa tanto el tema porque ya tiene varios años, hizo su carrera en el sector privado y tiene a sus hijos grandes, de modo que no debe, por ejemplo, pagar colegios privados.

Se trata de un secretario de Estado que lamenta, al mismo tiempo, que uno de sus compañeros —un joven a quien considera talentoso y responsable, que toma a diario decisiones que afectan intereses millonarios— tenga dificultades para llegar a fin de mes.

Los salarios de los funcionarios del gobierno nacional están congelados desde diciembre de 2023, cuando dejaron el poder Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En ese mismo período, la inflación acumulada superó el 230%. De manera que quien cobraba $100 en ese mes, debería haber recibido $330 en septiembre pasado, algo que no ocurrió.

En términos de salario bruto, no hubo peor trabajo en la Argentina que ser ministro de la Nación. Son los efectos de la política de ajuste fiscal conocida como “motosierra”.

Hay números para sostener lo anterior. En julio de 2025, el salario real del sector privado registrado se ubicó prácticamente en el mismo nivel que en noviembre de 2023, último mes completo de la gestión Fernández. Eso indica que logró mantener su poder adquisitivo pese a la alta inflación del período.

En cambio, los sueldos del sector público mostraron una caída del 14% en términos reales. Reflejan un mayor atraso frente a los precios y consolidan una brecha creciente entre los ingresos del empleo estatal y los del ámbito privado. En el caso de la alta conducción del Estado, esos problemas se profundizan por el congelamiento.

El problema, sin embargo, no lo tienen los integrantes del Gabinete —que en muchos casos poseen una larga trayectoria— sino quienes están inmediatamente por debajo: secretarios y subsecretarios.

Incluso el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, intercedió ante Javier Milei para revisar la situación, pero no tuvo éxito. Apenas intentó una jugada con las unidades remunerativas (UR) que no terminó de convencer.

Varios de sus colaboradores alertaron acerca del problema al ministro de Economía, Luis Caputo, aunque el tema no se solucionó.

En medio de esas tensiones, el propio jefe de Hacienda defendió la situación a través de un mensaje en la red X. Sostuvo que podría ganar más de diez veces su salario en el sector privado, pero que eligió permanecer en el Gobierno “por la patria”. Además, destacó que sus dos hijos trabajan con él sin percibir remuneración, “solo para ayudar a sacar el país adelante”, según escribió.

Los propios funcionarios creen que la salida de algunos de sus compañeros, silenciosa y paulatina, tiene que ver con los sueldos que paga la administración pública. Aseguran que también enfrentan dificultades para atraer gente idónea al Estado. En muchos casos, no alcanza solo con el honor, la dedicación o el prestigio que puede otorgar el hecho de trabajar en el Gobierno.

Una parte de la cuestión se resume en un solo recibo de sueldo: el del presidente Javier Milei, que se muestra en esta nota. Es a partir de ese papel que se establecen las relaciones entre las remuneraciones de otros escalones del Estado.

Milei percibió en marzo de 2025 un sueldo bruto de $4.066.018,15, según el recibo oficial emitido por la Secretaría General de la Presidencia que maneja su hermana. De ese monto, $1,8 millones corresponden al sueldo básico y $2,25 millones al plus por responsabilidad en el cargo.

Tras los descuentos previsionales, de obra social y de Impuesto a las Ganancias —que en conjunto sumaron unos $856.600—, el sueldo neto que cobró Milei fue de $3.209.415,78. La liquidación lleva la firma de la Dirección de Contabilidad y tiene fecha de pago del 1° de abril de 2025. Los integrantes del Gabinete no pueden ganar más que el Presidente, salvo en casos excepcionales.

El tema ya se mezcla en charlas empresarias. El coordinador del área energética, Daniel González, que tuvo un prolífico paso por la actividad privada, sostuvo en un almuerzo en el último Coloquio de Idea que el principal escollo que hay para ir más rápido [en la gestión del Gobierno] es encontrar personal calificado que se quiera quedar en la administración pública luego de que Milei congelara los sueldos, según contó LA NACION.

Los ministros encontraron algunos atajos para esquivar el congelamiento de los salarios en la alta conducción del Estado. La respuesta está en algunos organismos autárquicos y empresas públicas, que tienen una lógica propia. Si se revisa la composición de los directorios de esos organismos, es probable que aparezcan nombres de funcionarios a los que se quiso premiar por un trabajo más amplio.

Hay casos paradójicos. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que el jefe de una compañía pública gane más que el Presidente? Los especialistas creen que no, pero ocurre en la práctica.

Los registros oficiales muestran que las remuneraciones más altas dentro de la administración pública nacional no se concentran necesariamente en los ministerios, sino en los entes estatales con estructura societaria o autonomía financiera. Por ejemplo, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuyos vicepresidentes y directores estatutarios perciben honorarios mensuales de $5.875.934, una cifra que se ajusta según las paritarias bancarias.

Muy cerca aparece la Intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA), donde el interventor saliente Eduardo Roberto González tenía una remuneración bruta de $5.854.937,56. También dentro de RTA, las gerencias generales alcanzan los $5.391.862,11, correspondientes a áreas como Asuntos Legales, Gestión de Personal, Comercial y Contenidos de la TV Pública.

En la Agencia de Publicidad del Estado, el gerente general Pablo Leandro Ciocchini registró en julio pasado un salario de $4.204.255,40.

Otros tienen menos suerte. En Coviara –Desarrollos para la Defensa–, el presidente percibe $2.890.341,22 y el director vocal, $2.046.886,64, montos que incluyen adicionales por desarraigo establecidos en normativa específica.

Hay ejemplos más recientes. Demian Reidel, exjefe de Gabinete del Consejo de Asesores de Milei, desembarcó hace algunos meses en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa pública que administra las centrales atómicas del Estado. Allí contrató a varios directivos por salarios superiores a $5 millones mensuales.

No todas las empresas estatales, sin embargo, pagan remuneraciones a sus directivos. En varios casos, los puestos principales son ad honorem o están vacantes. Pasa en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), cuyos miembros del directorio no cobran sueldos, y en Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U., donde el interventor desempeña sus funciones sin percibir honorarios. Incluso en el propio BICE, el presidente del banco no recibe remuneración.

Por último, algunos cargos se rigen por convenios colectivos o escalas especiales no expresadas en cifras fijas. El gerente general del BICE, por ejemplo, cobra de acuerdo con la grilla de la Asociación Bancaria.

Pese a algunas diferencias, formar parte del Poder Ejecutivo no es la actividad más redituable si el objetivo es trabajar en el Estado. La Justicia paga más: el salario del procurador general es de $8,11 millones, y hay varios cargos inferiores que están por encima de la remuneración presidencial.

Una de las primeras en exponer abiertamente estas tensiones fue la vicepresidenta Victoria Villarruel. En enero de este año, sostuvo que en poco tiempo más iba a ganar “dos chirolas”, porque si bien preside el Senado, cobra como número dos del Ejecutivo. Milei le respondió que estaba “desconectada de la realidad”.

Días atrás, en un encuentro en Mar del Plata, el Presidente dio más contexto a su pensamiento:

“Todos hemos hecho un esfuerzo enorme, nosotros desde el Poder Ejecutivo también, porque nuestros sueldos están freezados por mi decisión desde diciembre de 2023”, reconoció.

Milei no es el primero que tiene esta idea. Durante la gestión de Mauricio Macri también se aplicó un congelamiento de los salarios más altos del Estado.

En enero de 2018, el entonces presidente anunció que los sueldos del propio jefe de Estado, los ministros, secretarios y subsecretarios quedarían sin aumentos durante todo ese año, como gesto de austeridad en medio del ajuste fiscal.

El congelamiento se mantuvo hasta fin de 2018, cuando el Gobierno resolvió descongelar parcialmente los haberes con aumentos del 20% en enero y del 5% en febrero de 2019.

Para entonces, la inflación anual superaba el 47%, por lo que la mejora cubría solo una parte de la pérdida real de poder adquisitivo. El gesto, de bajo impacto fiscal, buscó reforzar la idea de disciplina y austeridad que Macri pretendía imprimir a su gestión. También trajo problemas para mantener en el gobierno a diversos empleados.

Por Pablo Fernández Blanco

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