Para la Secretaría de Energía, las tarifas de gas deberían subir entre 26% y 35% para que no aumenten los subsidios

La Secretaría de Energía difundió un informe hoy en el que argumenta que las tarifas de gas deberían subir por lo menos entre 26 y 35% para que los subsidios no aumenten este año. El análisis fue elaborado para presentar en la audiencia pública que se desarrollará el próximo 15 de este mes, y está en contra de las expectativas del interventor del Enargas, Federico Bernal, que proyecta una actualización del servicio de tan solo un dígito.

Según señalaron en la cartera que dirige Darío Martínez, el Estado financia actualmente alrededor del 60% del costo total del gas necesario para satisfacer la demanda prioritaria. “La continuidad de esta situación implica un costo fiscal anualizado para 2021 de $132.963 millones y determinaría una necesidad de partidas adicionales no previstas en el presupuesto nacional 2021, que generará un faltante de $56.087 millones. Esto requeriría de mayores ingresos fiscales o de una reestructuración presupuestaria que derive fondos actualmente asignados a otras erogaciones”, explica en el informe.

En este sentido, indicaron que el precio del gas en sí, que representa la mitad del costo de la tarifa final que pagan los usuarios (ya que incluye también los valores de transporte y distribución), “debería ser corregido en un 63%, que se traduciría en una adecuación tarifaria del orden de entre el 26% y el 35%”.

Martínez indicó luego en un comunicado de prensa que “darle transparencia a la información ayuda a llamar a las cosas por su nombre”. “Es necesario comprender cuál es la situación actual, de qué parte del costo del gas se está haciendo cargo el Estado y cuál los usuarios, y qué significa eso en tanto costo fiscal y en materia presupuestaria”, comentó.

En los cálculos de la Secretaría de Energía, este año se consumirán 46.579 millones de metros cúbicos (m3) –24.114 millones en el período estival y 22.466 millones entre mayo y septiembre–. Del volumen total demandado, la producción local de gas aportará 38.455 millones, lo que representa el 82% de la oferta total; el gas importado de origen boliviano aportará 4450 millones, el 10%, y para completar el abastecimiento se requerirá gas natural licuado (GNL) importado equivalente a 3674 millones de m3, que implica el 8% de la oferta total.

El incremento que propone Martínez no toma en cuenta la actualización de precios que tendrían también los componentes de transporte y distribución. Para ellos, en el Enargas estudian que podrían aumentar hasta 28%, lo que implica un alza final de la tarifa de un dígito.

Lo curioso de la situación entre la Secretaría de Energía y el Enargas es que pareciera no haber coordinación entre ambos organismos, ya que ninguno tomó en consideración en sus cálculos el impacto de aumentar todos los segmentos de las tarifas: el gas, el transporte y la distribución.

Si finalmente el Gobierno decide aumentar solo transporte y distribución, como quieren en el Instituto Patria, esto derivará en un incremento del gasto en subsidios, como advierte la Secretaría de Energía en su informe. Si, por otro lado, se avanza con aumentar solo el valor que pagan los usuarios del precio total del gas, se deberá buscar otra manera de oxigenar los ingresos de las empresas distribuidoras y transportistas, que tienen sus precios congelados desde febrero de 2019, y esto generó ya una ruptura en la cadena de pagos.

Si, en cambio, se decide aplicar un incremento de todos los componentes de las tarifas, que es el escenario menos probable, las tarifas podrían aumentar 35%, justo cuando comienza el invierno y el consumo de gas se incrementa, lo que seguramente impacte por efecto doble en el valor de las facturas, justo meses antes de celebrarse las elecciones legislativas.

Bernal, interventor del Enargas, indicó a LA NACION que la audiencia pública del 16 marzo, que tiene por objeto el tratamiento de los márgenes de transporte y distribución, “respetará la instrucción del Presidente de tener tarifas justas, razonables y asequibles, que permitan la sostenibilidad productiva y la justicia distributiva, tal como señaló en su discurso del 1º de marzo”. Y agregó: “Queremos que los usuarios y las usuarias vuelven a ser el centro del servicio público. Y que el servicio público se consolide como derecho social y garantía de derechos humanos”.