Daniel Funes de Rioja: “Deberían sacar el IVA para los jubilados y los sectores de menores recursos”

Daniel Funes de Rioja asumirá el 8 de junio la presidencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), cargo desde el que promete elaborar un “libro blanco” de propuestas para potenciar la industria en el país, aumentar la productividad y crear empleo. Pero desde su rol empresarial también responde a quienes desde el Gobierno afirman que son los empresarios los culpables de la inflación. “Los empresarios no somos la causa de la inflación, sino la consecuencia”, afirma, y hace una propuesta: sacar el IVA para los sectores de menores recursos, jubilados y beneficiarios de planes sociales.

El directivo, que también preside la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), está totalmente en contra de medidas de control como Precios Máximos o el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre). Y opina que al país no llegan inversiones porque no hay un horizonte de largo plazo.

También dice que se deben bajar los impuestos que pesan sobre la producción porque son altos pero, además, porque solo los paga una porción de la población empresaria, mientras que una gran parte trabaja en la informalidad y genera una competencia desleal con los que están en la formalidad.

–¿Qué opina de la reciente decisión del Gobierno de prohibir la exportación de carne por 30 días?

–Cualquier prohibición de esta naturaleza preocupa. Acá hay cuestiones que tienen que ver con el sector primario y el industrial, por lo que esperamos que se revea la medida. He leído declaraciones referidas a supuestas irregularidades, pero si hay de eso hay que atacar el caso concreto y no la exportación como actividad porque es muy importante para el país en términos de divisas, producción y empleo, algo fundamental para el futuro.

–¿Cómo cree que se puede solucionar esto?

–Las reglas de juego deben ser claras y ciertas, y deben tener continuidad, por lo que, si hay problemas, hay que buscar soluciones concertadas y espero que eso es lo que prime en este caso que verdaderamente nos ha sorprendido.

–¿Es posible concertar con el Gobierno?

–El tema del diálogo es un tema permanente que uno siempre debe intentarlo, no solo el Gobierno, sino los partidos políticos y los empresarios. Pero en el caso de los empresarios, nosotros tenemos un rol, y estamos convencidos de eso. Hay una convicción muy grande en el mundo de que el rol de la iniciativa privada es central para salir de esta crisis del Covid de la manera más rápida posible y de la forma más inclusiva posible. Es muy difícil que un país como el nuestro pueda encontrar soluciones estables si no es a través de la concertación.

–¿Es posible esa concertación en medio de fuertes críticas y ataques por parte del Gobierno al empresariado?

–En el propio campo del G20 se declara que hay que remover los obstáculos, desde el punto de vista de la burocracia, la fiscalidad y la regulación, para generar un entorno favorable a las empresas y emprendedores. Y esto no lo dice un determinado régimen, sino que lo dicen todos los que participan del G20. Por eso todos (Gobierno, partidos políticos y empresarios) tenemos que discutir los temas que hagan posible una Argentina de crecimiento sostenido, con estabilidad macroeconómica e inclusión.

–¿Qué piensa cada vez que se acusa a los empresarios de ser los culpables de que haya inflación?

–Voy a tomar el ejemplo de 2020. El 20 de marzo se decreta el cierre de la actividad económica y se decide establecer un sistema de precios máximos. Pues bien, durante todo ese año la industria, no estoy hablando de toda la cadena, recibe a puerta de fábrica un incremento que va del 4 al 10,8%. Eso fue todo lo que recibimos, mientras que la inflación fue del 36%, la devaluación fue del 36% al 38%, el aumento de los costos logísticos fue del 35%, el incremento de los salarios fue del 32%, el costo Covid fue de 20% sobre la nómina salarial (protocolos de prevención, de transporte, los testeos, más el pago a los trabajadores dispensados). Concentrándome en esos factores, digo: nosotros no somos los responsables de la inflación, somos la consecuencia. Todos somos víctimas de un proceso inflacionario que lleva décadas.

–¿En qué lo sorprendió el presidente Alberto Fernández?

–En primer lugar, nos sorprendió positivamente cuando anunció un modelo productivista y cuando enfrentó la crisis de la pandemia el año pasado. Eso sí, en lo que creemos que podría haber habido otro ritmo es en la reanudación de la actividad económica para que el daño no fuera tan grande.

–¿Pero a usted lo afectó en algo como empresario?

–Bueno, sí. En esta idea central que tiene el Gobierno de que la inflación es producto de los empresarios y no es multicausal, como ha dicho el propio ministro de Economía, Martín Guzmán. Yo no digo que no haya especuladores, porque cuanto más inestable es la economía más se genera eso, pero yo no hablo en nombre de ellos ni de la informalidad, sino en nombre de la economía formal y de una industria que mantuvo el abastecimiento durante todo el 2020.

–¿Qué solución propondría para alivianar el peso de los impuestos en los alimentos?

–Hemos sugerido varias, porque un alimento tiene 38% de impuesto en su precio final y una bebida tiene 47%. Entonces, el precio final contiene una presión fiscal muy grande. Si el Estado necesita eso por razones extraordinarias, lo que sugerimos es que por lo menos les saque el IVA a los sectores de menores recursos (jubilados con la mínima, beneficiarios del plan Alimentar, los que cobran salario mínimo) de y que se los devuelva bancarizados, porque hoy todos ellos están bancarizados.

–Desde 2011, la actividad industrial no crece, ¿qué piensa hacer para cambiar eso desde su posición de presidente de la UIA?

–Lo primero que pensamos hacer con el secretario, Miguel Ángel Rodríguez, es generar un debate para propuestas desde el interior para un proyecto de desarrollo industrial federal, sustentable, integrado e inclusivo (todas las dimensiones de empresas y toda la sociedad). Todo esto hace a una cadena virtuosa dentro del sistema formal, porque la industria es generadora de empleo. Eso es lo que vamos a hacer: impulsar la formalidad, porque en la informalidad no se va a encontrar la construcción de ese país sustentable y desarrollado al que aspiramos. Desde la UIA vamos a hacer una especie de “libro blanco” de propuestas para transmitir a los poderes políticos, el Congreso o el Ejecutivo, para que tengan una visión de la Argentina industrialista que nosotros vemos.

–¿Se puede tener un plan a largo plazo en la Argentina, cuando sorpresivamente prohíben la exportación de carne y se mantienen otros controles sobre la producción?

–Es que miramos el día a día en lugar de mirar el proyecto a mediano y largo plazo. Si uno no tiene un horizonte a largo plazo no tiene futuro. Yo creo en el diálogo y que de alguna manera tenemos que aunar el criterio de un futuro común, porque la grieta va a terminar siendo una grieta de sendero. En lo industrial estoy seguro de que podemos acordar un sendero en común.

–¿Por qué no llegan inversiones al país?

–Mi lectura técnica, después de haber estudiado las concertaciones en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, es que no llegan por falta de horizonte, porque uno no puede planificar para dos años como se hace acá; ningún inversor en serio mira ese plazo, sino que mira uno más largo. El que puede aparecer es el oportunista, pero no estamos hablando de eso, si no del inversor serio. Para eso hay que saber para dónde va el país, cuáles son sus metas y cómo se va a insertar en el mundo. Ahora, ese horizonte no es solo responsabilidad de los políticos, sino que también es nuestra, de los empresarios.

–¿Qué mea culpa deberían hacer los empresarios en el país?

–El problema argentino es de todos, no de algunos. No es que todos los políticos son malos y nosotros somos buenos. Todos somos responsables, por acción u omisión. Nosotros debemos transmitir claramente nuestro mensaje, que en cada zona del país es distinto. No es que pidamos una cosa igual para todos, para que los esfuerzos que se hagan desde el punto de vista fiscal estén justificados. Pero para eso necesitamos compromiso, participación y aportes. Lo que pedimos de los políticos es que al menos nos escuchen para saber que somos parte necesaria de una sociedad que tiene que transformarse hacia el crecimiento, la inversión, el empleo, el desarrollo y la inclusión.

–Usted ha sido muy crítico con el control del Estado sobre las empresas, como precios máximos o el Sipre...

–Precios máximos lo toleramos, pero no lo compartimos. El Sipre y el Sifire implican una carga administrativa inmensa para algo que es innecesario. Volviendo a los precios, acordamos con Precios Cuidados, pero Precios Máximos debe tender a terminar porque altera los precios relativos. Cuando usted tiene incrementos de materia prima del 45% al 200% no puede absorberlos. ¿Cómo aguanta eso una pyme? Mire: en 2011 la industria de la alimentación exportaba por US$30.000 millones, ahora US$25.000 millones, pero lo más grave es que desde entonces tenemos el mismo número de empresas, mientras que Perú, Chile y Colombia aumentaron 30% su número de empresas. Por eso creemos que es bueno que nos escuchen. ¿Vamos a pedir baja de impuestos? ¡Y, sí! Vamos a pedirlo, porque son muy altos y porque solo una parte de la población empresaria los paga, mientras una porción informal compite deslealmente con los formales.

–¿Cómo va a quedar la industria después de esta pandemia y cómo pueden impactar las nuevas restricciones?

–Le pido al Gobierno que no pare la producción porque nosotros garantizamos que el índice de contagio en las plantas fue bajísimo y que los protocolos funcionaron. Y hemos pedido incluso al Gobierno poder vacunar a personal que no es población de riesgo, pero es prioritaria, porque para mantener la producción necesitamos gente sana. Además, esto no termina en 2021, sino que va a seguir en 2022.