Déficit de viviendas: promesas vs. realidades

Una dimensión importante de la pobreza estructural es el déficit habitacional y la privación del derecho del ciudadano a una vivienda digna. En la Argentina, el déficit habitacional según datos del Censo Nacional 2010 afecta a más de 3 millones de hogares o 25% de la población. Según ese censo, 1.255.817 hogares no poseían vivienda propia (déficit cuantitativo) y otros 2.156.658 sufrían privaciones cualitativas (hacinamiento, falta de membranas o luz, letrina, entre otros problemas). En otras palabras, uno de cada cuatro hogares o cerca de tres millones enfrentan problemas de déficit habitacional, y es posible que debido a la intervención que sufrió el Indec entre 2007 y 2015, la cifra sea en realidad aún más elevada.

El Plan Nacional de Vivienda está integrado esencialmente por tres programas: 1) estímulo del crédito hipotecario privado para la clase media o media-alta; 2) el nuevo Procrear, que otorga créditos y subsidios estatales para “casa propia” o “desarrollos urbanísticos” para la población con ingresos comprendidos entre dos y cuatro salarios mínimos (aproximadamente entre $ 13.000 y $ 26.000 sumando los ingresos de los miembros del hogar), y 3) microcréditos para refacción, ampliación o terminación de vivienda, dirigidos a familias con ingresos menores a dos salarios mínimos. Ahora bien, ¿qué promesas electorales hizo el actual gobierno y que reflejan las metas anuales y plurianuales del presupuesto 2017?

Cambiemos prometió 1 millón de créditos hipotecarios (250.000 por año, en promedio), 400.000 viviendas construidas y terminar más de 200.000 que están en curso, o bien 150.000 viviendas –entendemos sociales– por año. Lejos de las promesas, el presupuesto 2017 prevé la construcción de 120.000 viviendas sociales, la entrega de 175.000 créditos subsidiados (Procrear) y 40.000 microcréditos anuales en los próximos tres años. Esto arroja un promedio de construcción de 40.000 viviendas sociales y 57.000 créditos subsidiados por año (Procrear), que cubriría anualmente un 8% del déficit habitacional cuantitativo, en caso de ser ejecutadas las obras al 100% de la meta presupuestada.

En conclusión, las metas presupuestarias están aún muy distantes de cubrir las promesas de campaña y particularmente están lejos de cerrar la brecha del déficit habitacional. Es imperioso tomar un rumbo de acción que contemple al menos dos programas: el primero es reactivar la línea para construcción en una coyuntura donde ésta cae a tasas interanuales de 15 a 20% hasta agosto, y sólo parece encontrar un piso gracias a la obra pública. El segundo consiste en un ambicioso plan de microcréditos destinados a refacción y ampliación de vivienda para los hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos. La UCA estima la demanda potencial por estos créditos en 1 millón, hallazgo consistente con la cifra del déficit cualitativo.

Investigador del Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra) y del Conicet