Desigualdad social: la distribución del ingreso, sin mejoras desde 2011

Los avances que hubo tras la crisis se frenaron; afirmanque es necesario un esquema productivo que apunte contrala informalidad, pero no hay optimismo para el corto plazo
Silvia Stang
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25 de enero de 2015  

Si se considera el ingreso monetario total que llega cada mes a los hogares de la Argentina, los datos indican que el 10% de los habitantes se queda con un tercio de esos recursos. En el otro extremo de la realidad, si se empieza por los más pobres, habría que reunir a más del 60% de la población para encontrar dónde está otro de los tercios de esa masa de dinero. Con $ 3525 de los que, en promedio, dispone mensualmente cada habitante de los centros urbanos (no hay estadísticas de la situación social rural), la diferencia entre lo que les llega a los más y a los menos favorecidos es hoy de 20 veces. Los datos, que surgen del informe del Indec referido al tercer trimestre de 2014, corresponden a la suma de ingresos laborales y de cualquier otro tipo.

Esa brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre se ha reducido significativamente si se la compara con la registrada tras la grave crisis social y económica de inicios de siglo, pero es casi igual a la de cuatro años atrás, en tanto que otros indicadores de desigualdad son todavía más desfavorables respecto de algunos valores históricos. En 2011 se estancó en nuestro país el proceso de mejora en la distribución del ingreso que se dio en los años previos no sólo en la Argentina, sino en América latina en general y que, en el caso local, fue alentado por la reactivación tras la crisis, las negociaciones salariales, la creación de empleo y la reorientación y expansión de planes sociales con transferencia de dinero.

La falta de avances tiene que ver con la inflación y coincide, además, con la escasa dinámica mostrada por el mercado laboral -en el último año directamente hubo destrucción de puestos-. En medio de advertencias de organismos internacionales respecto de las limitaciones en la región, surge el interrogante sobre si se puede esperar una sociedad menos desigual.

Al enmarcar el tema, algunos analistas consultados por LA NACION hicieron dos consideraciones importantes

. Una es que, además de la precaución y las dudas con que se leen los datos del desprestigiado organismo oficial de estadística, las encuestas de ingresos muestran en todos lados ciertas limitaciones: es frecuente, por caso, que se planteen hipótesis de subdeclaración de ingresos en el sector más pudiente.

Otra advertencia es que los indicadores existentes permiten observar la distribución de ingresos monetarios, pero no de la riqueza, entendiendo por tal un conjunto amplio de activos materiales y no materiales. Las mediciones no contemplan, por ejemplo, "capitales físicos, culturales o financieros", según explica el sociólogo Agustín Salvia, investigador del Conicet y responsable de la Encuesta de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

En unas palabras que le dirigió días atrás al economista francés Thomas Piketty –un especialista en el tema de desigualdad que visitó la Argentina y advirtió sobre la problemática de la estadística local–, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal), Alicia Bárcena, se refirió a las limitaciones metodológicas para los estudios sociales, y señaló que, en tres países donde se hicieron estudios sobre distribución de la riqueza desde una concepción amplia (Chile, Colombia y Uruguay), hubo resultados más negativos que en los que se limitan al reparto de ingresos.

Para estimar cómo está un país en la distribución del dinero disponible para las familias, se usa el coeficiente de Gini (es el apellido de quien lo ideó). Es un indicador que se calcula sobre la base de cuánto de la torta recibe cada parte de la población y tiene un valor de entre 0 y 1. En su extremo más bajo reflejaría una distribución absolutamente equitativa (toda la población recibe lo mismo) y en su punta más alta indicaría la concentración total de recursos. Esas dos situaciones son imposibles, y en la práctica se considera que un país es más desigual cuanto más se acerque a 1 el valor de su Gini, y menos desigual cuanto más se aproxime a 0.

El valor más reciente para la Argentina es de 0,43 si se considera el ingreso per cápita familiar, al tercer trimestre de 2014. Desde 2002, cuando tuvo un pico de 0,53, hubo una caída importante. Pero la tendencia se cortó –siempre, según datos oficiales– en 2011, año en que el valor era similar al actual. Luego, trimestre tras trimestre, hubo leves subas y bajas, sin fuertes variaciones y con niveles parecidos a los de los años 90.

Los problemas que empezó a mostrar la economía, la inflación y el agotamiento de un modelo muy basado en el consumo son factores señalados como causa del estancamiento.

Según el análisis de Jorge Paz, economista investigador del Conicet y docente de la Universidad de Salta, lo que ocurra de ahora en más depende en gran medida de la dinámica del mercado laboral. Paz puntualiza que las mejoras iniciales en la desigualdad se dieron en la década pasada, justamente por el factor del trabajo; de hecho, marca un freno en los avances hacia 2009 (cuando el Gini se ubicaba en 0,44), mientras que en 2010 se dio un leve avance por incidencia de planes sociales.

En ese momento, tuvieron impacto la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la extensión de prestaciones del sistema previsional a personas que habían hecho pocos o ningún aporte (un plan temporal que da ingresos a adultos mayores sin solucionar el problema de fondo). Para Daniel Arroyo –ex secretario de Políticas Sociales, hoy en el Frente Renovador–, en las políticas de transferencias de dinero a familias pobres se puso mucho énfasis en el consumo y poco en el desarrollo de una estructura productiva para la generación de empleos. Y eso impone límites.

Varios analistas advierten que la construcción de un modelo productivo sólido y con mecanismos para incluir a los informales son determinantes para ir hacia una estructura de ingresos menos desigual, más allá de que se reconocen problemas estructurales en la población pobre que constituiría la oferta de empleo. Pero la situación actual lleva al pesimismo respecto del corto y mediano plazo.

"El gran desafío es que haya una política productiva que incluya a los informales", sostiene Marta Bekerman, directora del Centro de Estudios de la Estructura Económica (Cenes) en la UBA y presidenta de Avanzar, una ONG dedicada a las microfinanzas, actividad que, según afirma, ayuda a transferir no sólo ingresos, sino también otros activos (pero sin impacto a gran escala).

Salvia considera que la tendencia de los indicadores sociales podría haber sido más favorable aun si en épocas de crecimiento se hubiera logrado más empleo en blanco para pobres. "Como no hubo un salto de productividad y sustentabilidad para el sector informal, los planes sociales apuntaron a compensar las necesidades de consumo de estos sectores, pero lo hicieron de manera pobre."

Alta informalidad

Si se considera al conjunto de asalariados y cuentapropistas, hoy en la Argentina el 46% de los trabajadores está en la informalidad, según una publicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Hace pocos días, ese organismo advirtió en un documento sobre la situación global, que en los próximos dos años no se esperan mejoras en la incidencia del "empleo vulnerable". Señaló que mientras los países desarrollados retrocedieron en materia de igualdad, en los emergentes la tendencia fue favorable, pero los niveles siguen altos y "el ritmo de mejora se redujo considerablemente".

Hay un factor negativo que hace a la realidad de pocos países, entre ellos, la Argentina. "Las crisis inflacionarias generan en el corto plazo un aumento de la desigualdad –dice Guillermo Cruces, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad de La Plata–; los pobres tienen mayor proporción de activos e ingresos expuestos al alza de precios."

Según Eduardo Amadeo, que fue secretario de Desarrollo Social en los 90 y que hoy milita en Pro, la inflación es uno de los factores coyunturales que más limitan la posibilidad de avances. También considera que se podría haber mejorado más si no se hubiera demorado por años la implementación de la AUH.

Datos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) asignan a la canasta básica de la pobreza un alza en su valor de nada menos que 41,3% en 2014.

Amadeo señala que, a las dificultades coyunturales se suman factores estructurales, como la calidad de los bienes públicos y la baja productividad en sectores vulnerables, y las desigualdades por regiones.

Arroyo agrega, entre las cuestiones de fondo, la regresividad del esquema impositivo y propone quitar cargas a bienes básicos. Además, advierte que la corrupción puede tener un impacto indirecto, por el riesgo de transmisión de la idea de que quien va por izquierda consigue plata. "Hay un efecto sobre la cultura del trabajo", dice.

¿Existe un "núcleo duro", formado por personas a quienes difícilmente podrían ayudar las políticas sean cuales fueren? Cruces cree importante no ser pesimistas, porque esa actitud condenaría a generaciones presentes y futuras. Pero advierte que sí existe tal núcleo y que se necesita una atención especial del Estado, con intervención en aspectos específicos, como el abuso de sustancias, la violencia y el embarazo adolescente, entre otros. La cuestión, dice, es que las políticas estén articuladas de manera inteligente y no sean sectoriales.

Un desafío que se plantea con los más vulnerables es el de asumir un rol activo para salir a buscar a quienes, justamente por su situación, no se acercarían a pedir ayuda. Según Arroyo, el plan Progresar, que da subsidios a quienes estudien, está bien orientado, pero falla en ese aspecto.

Un interrogante que podría plantearse es si hay un nivel óptimo en cuanto al coeficiente de Gini. Ello, sin que se pierda de vista que más allá de la distribución, lo fundamental es que la población acceda a una vida con determinado grado de bienestar, y acceda a bienes y servicios básicos. Nuestro país tiene hoy, según la estimación de la encuesta de la UCA, a uno de cada cuatro de sus habitantes sumergido en la pobreza. Y ese índice, como el de indigencia, podría moverse con una dinámica diferente al de la distribución de ingresos.

Cruces no cree que exista un nivel "ideal", aunque sí señala que una alta desigualdad tiene efectos negativos en la cohesión social. Una mirada al mundo muestra a Noruega, Suecia y Bélgica entre los países más equitativos, con índices de Gini de entre 0,22 y 0,26. En la zona del euro, el promedio ronda 0,30, y en América latina, 0,48.

El mercado de trabajo ha sido el mayor propulsor de mejoras tras la gran crisis, concluye Roxana Maurizio, investigadora de la Universidad de General Sarmiento. Sobre las chances de avanzar, afirma: "La base es un contexto macro estable, junto con reformas del aparato productivo que permitan sostener una demanda creciente de empleo de calidad".

Aunque el crecimiento económico, factor básico, hoy sea inexistente, el desafío está planteado.

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