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Disputa. Cruce entre dos exfuncionarios macristas por la deuda y el bono a 100 años
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LA NACION
En política, las diferencias no surgen solamente entre espacios opositores. Meses después del cambio de Gobierno, dos exfuncionarios económicos del macrismo protagonizaron una controversia sobre la deuda y una cláusula del bono a 100 años que podría entorpecer la renegociación que lleva adelante el Gobierno.
De un lado, Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central. Del otro, Santiago Bausili, exsecretario de Finanzas durante la gestión de Cambiemos y hombre cercano a Luis Caputo, sucesor de Sturzenegger al frente de la autoridad monetaria.
Todo comenzó con una serie de tuits de Sturzenegger sobre la letra chica del bono a 100 años, un instrumento en dólares que Caputo colocó en 2017 que podría incrementar las probabilidades de que la Argentina caiga en default. Usuario frecuente de esta red, el economista platense, que completó su doctorado en el MIT (Estados Unidos), advirtió sobre una cláusula presente en el contrato de ese bono.
"Los bonos (el Centenario entre ellos) tienen una cláusula que dice que si hay default los acreedores pueden reclamar judicialmente ipso facto el capital y los intereses que se le deben a la fecha (aceleración)", comenzó Sturzenegger, quien luego avanzó en la particularidad del papel a 100 años, la deuda de plazo más largo en la historia argentina.
Según planteó Sturzenegger, la letra chica de ese instrumento, que se emitió en junio de 2017 por un total de US$2750 millones, incluye una 'Make Whole Clause' (MWC), a la cual calificó como "inusual en deuda soberana". Esta cláusula "obliga al gobierno a pagar el principal y todos los intereses (hasta 2117) si en algún momento quisiera rescatarlo", escribió el economista platense.
"Nunca se explicó por qué este bono incluyó esta cláusula", disparó Sturzenegger, en una crítica implícita a su sucesor y su gestión a la hora de emitir deuda en los mercados internacionales.
Según Sturzenegger, este escenario presenta un riesgo para la reestructuración de la deuda que negocia el ministro de Economía, Martín Guzmán, teniendo en cuenta otros casos que derivaron en litigios judiciales en los Estados Unidos.
"El fallo Cash vs. Wilmington, de 2016, se refiere a una empresa con bonos con MWC que entró en default. El juez consideró eso una decisión voluntaria del emisor y entendió se gatillaban las obligaciones del MWC", relató el economista, sobre un caso que, en su consideración, podría replicarse en la Argentina.
¿Por qué? Según la interpretación de Sturzenegger, el plan de reestructuración y quita en la deuda bajo legislación extranjera, que alcanza al bono a 100 años, podría habilitar a sus tenedores a reclamarle al Estado argentino el desembolso del capital y los intereses que cobrarían según las condiciones originales del bono.
"Si se aplicara la misma lógica al Centenario implicaría transformar un pago de US$2000 millones en uno de US$14.000 (millones), comiéndose casi un tercio de los ahorros que pretende Guzmán. Si éste es el pago posible en un fallo judicial será difícil lograr un acuerdo voluntario en este título", concluyó Sturzenegger, quien de todas maneras intentó minimizar el riesgo: "Ni se sabe siquiera si el fallo Cash vs. Wilmington aplica (yo creo que no debería). Pero hay que estar preparado".
La respuesta no tardó en llegar. Quien recogió el guante fue Bausili, mano derecha de Caputo y exnúmero dos en el área de Finanzas, quien acusó a Sturzenegger de "alimentar confusión con un tema que no lo tiene".
El exdirectivo del Deutsche Bank dijo que se trata de una cláusula estándar. "Como te expliqué -le respondió Bausili a Sturzenegger-, es una cláusula estándar, a favor del país, que le da la opción de rescatar los títulos si quisiera. No genera derechos para los bonistas y menos un múltiplo en el potencial reclamo como se insinúa".
El bono a 100 años es el instrumento de deuda con plazo más extenso en la historia argentina. Emitido bajo la gestión de Caputo al frente del entonces Ministerio de Finanzas, recaudó US$2750 millones y fijó un interés anual del 7,125% anual. La propuesta de canje lanzada por Guzmán ofrece a sus acreedores reemplazar ese bono por otros más cortos, con vencimiento en 2036 y 2047.
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