Dos tercios de los jubilados actuales de la Anses accedieron a la prestación sin tener los aportes exigidos por la ley

El 65% de las jubilaciones que fueron dadas de alta durante el primer trimestre de este año en el sistema previsional gestionado por la Anses incluyeron un plan de moratoria. Y del total de jubilaciones que se ponen al pago cada mes, un porcentaje muy similar, de 65,4%, requirió de ese plan de ayuda estatal surgido una década y media atrás, para el cual no se previeron fuentes de financiamiento y respecto del cual no se estimó cuál sería el costo fiscal de corto, mediano y largo plazo.

En lo que respecta al dato de los tres primeros meses de este año, lo consignado significa que, al momento de gestionarse casi dos de cada tres nuevas prestaciones, quienes son ahora sus titulares no tenían los 30 años de aportes exigidos por la ley, un signo claro de la fragilidad de gran parte del mercado laboral de la Argentina y, a la vez, una luz de alerta para la sostenibilidad de los pagos del sistema previsional. Se trata, concretamente, de 57.165 casos, sobre un total de 88.041 nuevos beneficios, según los datos incluidos en el último boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social.

En 2021, el porcentaje de nuevas jubilaciones con moratoria había sido incluso más alto que el del primer trimestre de 2022: de 69%. Ese índice había mostrado entonces un incremento respecto de los años previos, algo que responde a la decisión oficial de permitirles a las mujeres contabilizar años de aportes por hijos. Esa medida, para la cual tampoco se previó el financiamiento, fue tomada mediante un decreto de necesidad y urgencia -el tema requiere de un debate en el Congreso de la Nación, que no existió- poco antes de las elecciones legislativas de 2021.

Ahora, si se llegara a aprobar el proyecto presentado en el Congreso por senadores afines a la vicepresidenta Cristina Kirchner para crear un nuevo plan de moratoria, se estima que ese porcentaje de jubilados sin aportes previos suficientes se ampliará, sin que exista un plan para dar solución al problema de fondo: la alta informalidad en el mercado de trabajo. La nueva iniciativa fue presentada en el marco de la fuerte interna política que hay dentro del Gobierno.

En 2020, el 55% de quienes se jubilaron lo hicieron mediante la adhesión a un plan de pago de deudas por aportes impagos; ese año, en rigor, hubo una fuerte caída del número de altas de prestaciones en relación con los períodos previos, y ese fue uno de los hechos con los que se concretó el ajuste al gasto previsional que hizo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner (el otro hecho fue el otorgamiento de subas a los haberes que se ubicaron por debajo de la inflación y de lo que hubiera correspondido por la fórmula de movilidad, cuya vigencia fue suspendida durante todo ese año). En 2019, en tanto, el índice de nuevos jubilados con moratoria había sido de 62%.

Actualmente, está vigente la moratoria de la ley 24.476, que permite declarar aportes impagos por períodos mensuales previos a octubre de 1993, con la condición de que al inicio del lapso informado la persona haya tenido, al menos, 18 años de edad. Y también rige la ley 26.970, que habilita a las mujeres de 60 años o más, o que cumplan esa edad hasta el 23 de julio de este año, a declarar deudas por aportes correspondientes a períodos que vayan hasta diciembre de 2003; en este último caso, los varones solo pueden acceder si cumplieron 65 años antes del 18 de septiembre de 2016.

De esa manera, y más allá de la falta de previsión para el financiamiento, los derechos se otorgan en función de la fecha de nacimiento de las personas, un criterio que no resulta equitativo para el diseño de un régimen jubilatorio y que, dadas las modificaciones que fue teniendo la normativa, provoca desigualdades en cuanto a las posibilidades de acceso entre personas que tienen situaciones similares.

El mecanismo de las moratorias, que se inició en 2006, tras reglamentarse una ley de mediados de los 90, implica declararle al fisco una deuda, para saldarla luego con un plan subsidiado, que incluye el descuento de cuotas de los haberes mensuales. De las 5.229.503 jubilaciones que fueron liquidadas mensualmente, en promedio, durante el primer trimestre de este año, 3.408.201 tuvieron moratoria, según los datos oficiales. En el caso de las pensiones, el porcentaje es mucho más reducido: tuvieron o tienen moratoria el 12,6% de las 1.623.181 liquidadas en los primeros meses de este año. Eso no significa necesariamente que sean personas que no tenían ninguna contribución; en muchos casos las tenían, pero no en una cantidad suficiente para acceder a la jubilación.

La realidad que hay detrás de esas cifras (más allá de que en un primer momento el ingreso a las moratorias se hizo de manera irrestricta, y solo después de un tiempo se dispuso el requisito de estar en determinada condición socioeconómica para acceder), es el elevado nivel de informalidad que afecta a muchos trabajadores en la Argentina. Es un problema que no se solucionó en los últimos años, por lo cual, al tratarse de una medida de carácter temporal (las posibilidades de acceso se limitan con el paso de los años), la moratoria es un parche que se pone ante un problema estructural. Según información basada en los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, por aproximadamente la mitad de los trabajadores (entre asalariados y cuentapropistas) no hay registro de aportes.

En 2016, bajo el concepto de que la puerta a la moratoria se iría cerrando, dado su diseño, se creó por ley y con vigencia permanente la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede con 65 años de edad y sin requisitos de aportes. El pago equivale al 80% del haber mínimo, y ese monto es igual para todos los que logran acceder (se deben cumplir determinados requisitos socioeconómicos), más allá de que se hayan aportado varios años o no se haya contribuido nunca.

Si bien y al menos hasta ahora no hubo, por parte del actual Gobierno, una ampliación del alcance de estos planes, el año pasado se dispuso, mediante un DNU, el reconocimiento, por parte del sistema previsional de la Anses, de años de aportes por cada hijo: un año como regla general o dos años por hijo adoptado, a lo cual se suma el reconocimiento adicional de un año si se trata de un hijo con discapacidad, y de dos años si el menor fue beneficiario de la AUH por al menos12 meses.

Eso habilitó a una mayor cantidad de personas a acceder a planes de moratoria. Como la medida es válida solamente para las mujeres, un cuestionamiento que se le hace es que contribuye a acentuar el estereotipo de la mujer, siempre a cargo del cuidado de los chicos, en lugar de alentar que la tarea se comparta de manera equilibrada entre los padres. En otros países donde existen esquemas de reconocimiento de años de aportes por hijos, se incluyó a los varones en el derecho. En la medida del Poder Ejecutivo local, tampoco se tuvo en consideración la realidad de los hogares monoparentales de un varón con hijos, o la de matrimonios constituidos por dos varones.

En febrero de este año, siete meses después del lanzamiento de la medida, la Anses anunció que había otorgado el beneficio jubilatorio número 100.000 que incluía el reconocimiento de aportes por hijos, y sostuvo que eran 140.000 las mujeres que habían iniciado su trámite (entre las que lo habían finalizado y las que hasta entonces, todavía no). De esos datos se desprende que el aumento del número de altas que hubo en los últimos meses, luego de un 2020 en el que la cifra había caído a menos de la mitad respecto de años previos, se debió en gran medida a ese plan.

Por Silvia Stang

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