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Dudas y tironeos por 19 obras públicas para controlar inundaciones que no se terminaron
Según datos oficiales, la mayoría se encuentra en la provincia de Buenos Aires y sólo una en Misiones, el distrito que más asistencia del Gobierno recibió por emergencia hídrica; para completarlas se necesitan al menos $95.000 millones y la discusión pasa por quién debe financiar ese gasto
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La catástrofe de Bahía Blanca y la falta de infraestructura para evitarla encendieron las alarmas en los lugares donde el peligro de inundación también es una amenaza. Según un relevamiento de LA NACION en base a datos oficiales, existen 19 obras pendientes de finalización que tienen entre sus objetivos controlar los efectos de emergencias hídricas.
El Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas muestra que 12 de esos 19 proyectos de recursos hídricos deberían completarse este año mientras que los siete restantes tenían fecha de finalización entre 2024 y 2023. Además, 18 se ubican en la provincia de Buenos Aires y uno en Misiones.
Completar el financiamiento de esas obras demanda al menos $95.521 millones, según se desprende de la información oficial. Esta cifra abre un nuevo problema: ¿quién debe pagar? El Gobierno impulsó un recorte de sus gastos en obra pública amparado en la necesidad de ordenar la macroeconomía. Al mismo tiempo, realizó un listado de obras priorizadas, más acotado que el heredado de la gestión anterior. Para justificar los casos de obras que no ameritan la intervención de la Nación, el Gobierno usa ejemplos como la “construcción de alcantarilla en Calle 18 de julio” en Bahía Blanca impulsada en 2021, cuyo presupuesto ascendió a $2,6 millones. Según las actuales autoridades en Obras Públicas, ese tipo de proyectos deberían ser encarados por las provincias o, en su defecto, los municipios. Pese a eso, no se manifestaron sobre las obras hidráulicas e hídricas pendientes de ejecución.
Del otro lado se encuentran los municipios de La Matanza, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, San Isidro, San Martín, Pilar, Roque Pérez y 25 de mayo que demandan fondos para completar las obras inconclusas en sus territorios. En este punto se observan distintos matices. Los intendentes peronistas de las jurisdicciones mencionadas apuntan al Gobierno y lo responsabilizan por la parálisis. Esa postura también la sostienen en la administración de Axel Kicillof. Sin embargo, el intendente de 25 de mayo, Ramiro Egüen, que pertenece a La Libertad Avanza, direcciona sus críticas al gobernador.
En 25 de mayo y Roque Pérez está pendiente la obra de ampliación del Río Salado, cuyo objetivo es “reducir los impactos negativos que representan las inundaciones”. Según su planificación original, debería terminar este año pero uno de sus tramos se encuentra paralizado. Completar el financiamiento del proyecto precisa $77.040 millones. “Le exigimos a la Provincia reactivar las obras en el centro, que es donde va a afectar ahora cuando venga el caudal de aguas arriba”, comentó Egüen.
Más allá de la disputa política, esta obra lleva la etiqueta de “prioritaria” en el Mapa de Inversiones. Pese a eso, en 2024 el Gobierno no giró fondos para este proyecto, según surge del Banco de Proyectos de Inversión (Bapin) de la Dirección Nacional de Inversión Pública.
Por fuera de Buenos Aires, la discusión se traslada a Misiones, donde se encuentra otra de las obras grandes pendientes ubicada en Posadas: el saneamiento de la cuenca del Brazo Oeste del Arroyo Itá. Esa zona, tal cual describe el reporte del Mapa de Inversiones, “ha comenzado a sufrir anegamientos frente a lluvias de escasa intensidad, a raíz de los cambios en el uso del suelo (...) sumado a la insuficiencia de las instalaciones existentes de drenaje de excedentes pluviales”.
El caso reviste una arista particular. Misiones es la provincia que más dinero recibió del Gobierno en calidad de asistencia del Tesoro Nacional, conocida como ATN. Según cifras oficiales, el Ejecutivo le transfirió $11.500 millones por “emergencia hídrica” en dos envíos fechados el 18 de junio y 8 de noviembre del año pasado. Esa cifra supera al monto pendiente de pago para completar la obra de saneamiento de la cuenca del Brazo Oeste del Arroyo Itá que cubrir su financiamiento demanda unos $7.597 millones, tal como se observa en el Mapa de Inversiones.
LA NACION consultó a las autoridades provinciales pero no respondieron al momento de publicación de esta artículo.
Las otras obras que completan este listado son desagües pluviales que ayudan a evitar inundaciones. Cuatro de ellas se ubican en La Matanza, otras cuatro en José C. Paz, dos en Malvinas Argentinas, dos en Pilar, una en San Martín, una en San Isidro y una en Merlo. Según los números del último censo, en esos municipios viven 4.213.953 personas.
Tres de los cuatro desagües pluviales pendientes en el distrito gobernado por Fernando Espinoza ya excedieron su plazo original. Una debió haber estado lista en 2023, ubicada en González Catán, y dos en 2024, radicadas en la localidad de Virrey del Pino. Los montos adeudados para completarlas ascienden a $2.025 millones.
Las cuatro de José C. Paz, cuyo intendente es Mario Ishii, tienen un plazo de finalización previsto para 2025. Sin embargo, fuentes municipales, indicaron que están paralizadas y desconocen cuándo volverán a retomarse los trabajos. Requieren $2.680 millones.
En el municipio de Malvinas Argentinas hay dos proyectos pendientes, ambos en la zona de Grand Bourg, que tendrían que haberse completado en 2024, de acuerdo con su plan original. Según el Mapa de Inversiones, para completar su financiamiento deberían inyectarse $1.526 millones. En este caso, las autoridades del distrito explicaron que las obras se reactivaron con fondos municipales. Hasta el momento, ninguna tiene un avance que llegue al 50%.
La situación en Pilar, municipio comandado por Federico Achával, muestra dos proyectos inconclusos en William Morris y en el Barrio el Roció con finalización prevista para este año, según la base de datos de la Secretaría de Obras Públicas. Ambos precisan $2.515 millones para completar su financiamiento.
La obra pendiente en San Martín exhibe una particularidad. Tendría que haber terminado en 2023, antes de que el Frente de Todos abandonara el poder y, en consecuencia, previo a que Gabriel Katopodis dejara de ser el referente de Obras Públicas a nivel nacional. Los trabajos quedaron paralizados, tal cual narraron fuentes al tanto de su desarrollo, y se retomaron recientemente con fondos municipales.
La obra en San Isidro, a diferencia de las anteriores, se emplaza en un municipio gobernado por Ramón Lanús, un dirigente que llegó al poder apoyado por Patricia Bullrich. Pese a ese vínculo político con la Casa Rosada, desde dicha jurisdicción esgrimieron que “está frenada” y todavía analizan de qué modo pueden continuarla. Según sus números originales, necesita un desembolso de $2.028 millones.
La reactivación de todos estos proyectos depende del dinero. Todos los intendentes contactados por LA NACION dirigieron su mirada al Fondo Hídrico de Infraestructura que, según la ley de su creación, se nutre del 4,3% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles.
En enero, el fisco explicó que por el “Impuesto a los Combustibles ingresaron $262.914 millones con una variación interanual de 470%”. El 4,3% de eso serían $11.305 millones. Y en febrero, la recaudación total del tributo fue de $339.280, razón por la que otros $14.589 millones deberían ser derivados al Fondo Hídrico de Infraestructura. Es decir, en los primeros dos meses del año sumó $25.894 millones. Sobre su utilización, el Gobierno aún no dio señales.
