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Ecos de la derrota peronista: postergan la feria pensada para competir con La Salada
La Gran Dulce, proyectada para ser el centro comercial más grande de América Latina, debía inaugurarse el viernes pasado, pero pasó para marzo; vínculos con el sindicalismo y la política en el universo de la informalidad
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LA NACIONFrancisco Olivera
Las pintadas son recientes, pero ya están tapadas: “Massa presidente”, “MassAmor”, alcanza todavía a leerse sobre paredes que dan a los fondos de Villa Celina, debajo de una mano de pintura a la cal. Todo el Mercado Central parece estar adaptándose a la transición. Aunque, por ahora, lo visible haya vuelto a ser lo permanente, sus organizaciones internas: sobre las inscripciones han agregado consignas nuevas de “Los Pablo”, la agrupación aliada a La Fraternidad, el sindicato que conduce Omar Maturano.
“Al Mercado Central lo cuidamos entre todos”, se lee ahora. El cambio de aire incluye hasta una decisión drástica comercial: La Gran Dulce, la feria de múltiples conexiones con la política que pretendía competirle a La Salada, postergó su inauguración hasta marzo. Esa es la gran novedad.
El triunfo de Milei sorprendió a las estructuras del conurbano. La Gran Dulce, pensada todavía como el emprendimiento comercial más grande de América Latina a metros del Puente La Noria, que incluye a varias empresas de buena relación con el Gobierno, tenía todo previsto para inaugurarse el viernes pasado. Pero el jueves, horas antes del corte de cintas, los organizadores sorprendieron con un anuncio en la página web: “Información importante -dice el texto-. Atendiendo a las solicitudes de nuestros estimados inquilinos y en consideración a las circunstancias de público conocimiento sobre la escasez de insumos necesarios para el adecuado funcionamiento de sus locales, así como la ausencia de precios de referencia y la falta de mercadería, hemos decidido posponer la apertura de nuestro centro comercial hasta el 1° de marzo. Entendemos que este es un esfuerzo conjunto y, en señal de apoyo especialmente al esfuerzo de todos los trabajadores, hemos decidido bonificar los alquileres, expensas y todos los gastos relacionados hasta la mencionada fecha. Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso con el bienestar de todos los trabajadores y familias que forman parte de La Gran Dulce”.
Lo de los insumos seguramente influyó. Pero se dio en simultáneo con dificultades más medulares y en las que no es indiferente la derrota electoral del peronismo: parte de esta iniciativa se sustentaba en el entusiasmo de operadores políticos. Entre ellos uno que ya no está en escena, Martín Insaurralde. Hace un año, la incorporación de Massa en el gabinete también había envalentonado a los gremios del transporte, que soñaban con que el ferrocarril volviera a tener servicios desde el Mercado Central y hasta con la posibilidad de designar un director “obrero” en la entidad. “Los Pablo” se adhirieron a principios de 2022 a la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores, que integra La Fraternidad, y entre todos le dieron en agosto la bienvenida al ministro de Economía en un comunicado.
El proyecto encontró en el camino varias trabas administrativas, pero avanzó igual. Entre los escollos más relevantes, objeciones de Metrogas y el Enargas, que alertaron que se estaba edificando sobre un gasoducto y eso era peligroso. También hubo una presentación en la Inspección General de Justicia de parte de La Matanza, municipio que reclama hace años, sin éxito, jurisdicción tributaria sobre el predio. El Mercado Central es como el Vaticano: un distrito dentro de otro. Según la denuncia de La Matanza, la sociedad dueña de La Gran Dulce es “simulada” y los ingresos de sus accionistas no se condicen con el monto desembolsado.
Fueron y vinieron demandas, apelaciones y cierres temporarios hasta que, la semana pasada, la Cámara Federal de San Martín rechazó el recurso extraordinario interpuesto por La Gran Dulce contra la sentencia que había revocado la clausura. Es decir, dejó la razón del lado de La Matanza. En el conurbano dicen que para celebración de Axel Kicillof y Verónica Magario. Los tiempos de la Justicia.
La feria nació hace más de cuatro años y envuelta en misterios. Su dueño en los papeles, Rubén Eduardo Gómez, un empresario que se define a sí mismo como “feriante de guante blanco”, que solía jactarse de tener buena relación con los gobiernos y al que LA NACION intentó sin éxito contactar, hundió ahí una inversión millonaria sin tener siquiera la garantía de que los litigios estaban resueltos. Un cálculo conservador, estima las instalaciones de La Gran Dulce, de 57.000 metros cuadrados cubiertos en un predio de 17 hectáreas, en un valor de construcción superior a los 11 millones de dólares.
Es cierto que Gómez tiene negocios de todo tipo y en distritos diversos. En Vicente López, por ejemplo, en comercios ubicados en derredor de la estación Aristóbulo del Valle, del ferrocarril Belgrano Norte. O en Tigre, donde construyó Holilandia, un complejo de juegos infantiles en Nordelta que hace honor a su sobrenombre, Holi, o Delta Chico, un proyecto de barrio náutico sobre el río Luján y entrada para barcos.
La idea de los organizadores sigue siendo sumar a la feria marcas de primera línea, como New Balance o el Banco Macro, que alquiló un local y prevé abrir una sucursal dentro del predio. Y el objetivo más amplio, competirle a La Salada, complejo que queda a unas pocas cuadras y que enfrentó dificultades en la Justicia, incluida la condena de varios de sus fundadores por asociación ilícita. Jorge Castillo, conocido como “el rey de La Salada”, que espera todavía el juicio oral, se quejaba hace unos años, en un asado en el quincho de su casa y delante de testigos, de que le estaban instalando un negocio similar al propio a unas pocas manzanas.
La Gran Dulce es, sin embargo, infinitamente más ambiciosa. En un principio había convocado como CEO a Santiago Montoya, exdirector de ARBA y quien más se opuso en su momento a La Salada, para despejar cualquier sospecha de informalidad en el nuevo proyecto. Pero ese vínculo se frustró cuando el economista decidió instalarse unas semanas en Estados Unidos para asesorar a Donald Trump en la campaña electoral. El proyecto original apuntaba además a abrir más de 2000 locales a los que se les cobraría 1000 dólares de alquiler por mes. Un negocio extraordinario, superior a los dos millones de dólares mensuales, que ahora tiene final incierto porque, por lo pronto, dependerá del nuevo directorio del Mercado Central, cuya conformación obliga a tener representantes de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal: la gran incógnita es ahora qué piensa Javier Milei.
