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El 40% de los remates es por deudas privadas
La AFIP investigará si los fondos usados están declarados
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Cuatro de cada 10 remates judiciales pendientes de ejecución corresponden a deudas incobrables concertadas por fuera del sistema bancario, con capitales que en un alto porcentaje no fueron declarados al fisco, según estimaciones de entidades consultadas por LA NACION.
Los juicios iniciados por escribanías, mutuales, financieras informales, empresas de servicios públicos y el propio Estado, sin embargo, siguen su curso, a diferencia de los pleitos abiertos por los bancos. En todos los casos, pueden concluir en el remate de bienes muebles o inmuebles que quedaron fuera del acuerdo sellado anteayer entre el Gobierno y las entidades bancarias.
"Los deudores privados quedaron desamparados, por eso la necesidad de bancarizar la deuda privada", dijo Hilda Gumprich, secretaria de la Asociación de Deudores Argentinos (ADA). "Hay que diferenciar entre los deudores. Aquellos que no pagaron más de cuatro cuotas hace cinco años son indefendibles, pero no son la mayoría. Los deudores privados son cerca de 2 millones de personas, de los que el 30 por ciento está en mora. E incluso muchos de los que están al día están recibiendo cartas documento para que paguen las cuotas en dólares", afirmó.
De acuerdo con los primeros cálculos de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), "los endeudados con escribanías, empresas públicas privatizadas, AFIP, entre otras, serían más del 40 por ciento de los deudores" en vías de ser ejecutados. Esto es, según cálculos de la entidad, una "amenaza a 260.000 viviendas, Pyme de servicios, industria, comercio y pequeños productores del campo que hoy no pueden hacer frente a sus deudas".
"Nuestras estimaciones se basan en los datos vertidos por los bancos sobre sus juicios", explicó Juan José Sica, secretario de Apyme. "Sólo en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, la empresa Aguas Provinciales tiene abiertos 7000 juicios ejecutivos", precisó.
Críticas al acuerdo
Desde el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, Horacio Mooney ofreció una estimación similar. Cerca del 40% de los remates corresponde al cobro de deudas privadas, aunque en el territorio bonaerense rige una suspensión especial para los inmuebles ubicados en las decenas de partidos declarados en emergencia hídrica.
También el compromiso para postergar los remates alcanzado entre el Gobierno y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) cayó bajo las críticas.
"Los deudores bancarios no quedaron en una mejor posición que los privados. Sólo hay un compromiso verbal, que no alcanza para frenar los procesos en la Justicia", disparó Gumprich. "Además, se propone una mediación con los bancos, que no sirve. Si el Gobierno no pudo torcerles el brazo a los bancos, mal pueden hacerlo los ahorristas, y en forma individual", agregó.
Tras la tregua con los bancos, el Gobierno busca presionar a los acreedores privados que lleven adelante las ejecuciones, investigando si cumplen con sus obligaciones impositivas. Ayer, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, informó que se instruyó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que realice un seguimiento exhaustivo sobre cada caso.
De todos modos, el secretario de la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios de la Capital Federal, Jacinto López Basavilbaso, relativizó la aparente inmediatez de los remates. "Además de que no prevemos que haya 53.000 remates judiciales por deudas bancarias, en la práctica tampoco puede haber semejante avalancha de remates, aunque los juicios no hayan quedado incluidos en la prórroga hasta febrero", precisó.
"No habrá 53.000 remates, sino que hay 53.000 deudas en situación de morosidad, las que no necesariamente llegarán a una ejecución en marzo o abril del año que viene, ya que pueden concretarse renegociaciones -sostuvo-. Además, si quedaron fuera de la suspensión, los remates no pueden fijarse con menos de 35 días de anticipación por cuestiones procesales, por lo que sólo podrían fijarse para la última semana de diciembre y jamás se hacen remates en esa época del año."
