El aumento de las prepagas en enero será, en promedio, de 40%

El incremento de las cuotas de la medicina prepaga del próximo mes estará en el orden del 40%, según dijeron a LA NACION cuatro referentes del sector. Directivos de las entidades que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por el dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, mantuvieron encuentros en las últimas horas para analizar los efectos en la actividad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado el miércoles por el presidente Javier Milei y sus ministros, que fue publicado ayer en el Boletín Oficial.

“Las subas se moverán en el rango del 35% al 42%”, señaló una de las fuentes consultadas, que agregó que, con ese nivel de reajustes no se llegará a compensará el retraso en los precios que las empresas afirman tener, y que supera el 50%, sin contar los efectos que dejan la inflación y la devaluación de este mes, sobre todo en gran parte de los insumos, que son importados.

El DNU llamado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” libera los precios de los planes de salud, al derogar, de la ley que regula al sector de las prepagas, la parte referida a las atribuciones de los funcionarios del área de Salud para autorizar los incrementos de las cuotas. La ley 26.682 aprobada en 2011 y de la cual se dejan ahora sin efecto algunos artículos –total o parcialmente–, le otorgó en su momento a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de fiscalizar y garantizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”. Eso queda ahora eliminado.

Sí queda vigente, según la letra del decreto, la limitación para fijar precios diferenciales de los planes en función de la edad de quienes se afilian. Se ratifica, en tal sentido, que, entre la primera y la última franja etaria del esquema definido para fijar los valores, no puede haber una diferencia de más de tres veces.

El incremento de enero se dará en el contexto de una alta inflación y un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de las familias. Pero desde el sector afirman que no tienen margen para continuar sin recomponer sus ingresos, de los que surgen los recursos para mantener sus propias estructuras y para pagar a los prestadores (médicos e instituciones). En los últimos tiempos, hubo varios comunicados de entidades que dan servicios de diferentes especialidades, advirtiendo sobre los desequilibrios entre el aumento de sus costos y la variación de los aranceles recibidos de las prepagas. El deterioro prestacional se evidenció, por ejemplo, en las salidas de médicos de las cartillas, en las demoras para obtener turnos y en el cobro de bonos contribución o copagos por parte de algunos profesionales o entidades.

Hasta antes del DNU estaba vigente un sistema –derivado de lo establecido por la ley que se modifica– por el cual la Superintendencia de Servicios de Salud, como autoridad encargada del control, publicaba la variación mensual de un Índice de Costos de Salud, y ese porcentaje era el autorizado para la suba de las cuotas; además, regía un esquema de incremento topeado para quienes tuvieran ingresos de hasta un determinado monto e hicieran una declaración jurada. Ese tope estaba definido como el 90% de la variación mensual del índice salarial Ripte.

Para las cuotas de enero, el aumento autorizado según ese mecanismo era de 6,26% y, en la práctica, no iba a regir ningún tope, porque el porcentaje establecido como referencia para el límite máximo resultó superior a la variación de los costos de salud. Eso quedó sin efecto y las cuotas podrán subir en el porcentaje que decida cada entidad.

Más allá de cuál será finalmente el incremento en enero, lo cierto es que en caso de haber continuado sin modificaciones el sistema anterior, ese mes un grupo de afiliados iba a recibir su factura con un reajuste de 40,67%. Se trata de quienes tuvieron la cuota congelada en octubre, noviembre y diciembre, de acuerdo con una decisión que había tomado, en el marco del llamado “plan platita”, el entonces ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. El porcentaje mencionado corresponde a la suba que se acumuló, según el Índice de Costos de Salud, entre octubre y el mes actual.

En todo el año, la suba de los precios de las prepagas alcanzó un 135,76%, mientras que la inflación acumularía entre enero y diciembre y según varias estimaciones de economistas, entre 200% y 220%. Pero, a la vez, esa variación del precio de los planes de salud es bastante superior al reajuste que tuvieron, por ejemplo, muchos jubilados de la Anses que, al recibir solo las recomposiciones según el índice de movilidad, sin cobro de bonos, tienen hoy un haber que supera en solo un 110,9% al de fines de 2022.

El decreto también dispone la incorporación de las prepagas a la ley 23.660 y, en consecuencia, al régimen de obras sociales. Según se desprende de la nueva medida, los asalariados podrían decidir derivar sus aportes a un plan de salud de una prepaga, sin la intermediación de una obra social como la que existe en la actualidad, en esos casos. Sería, así, una desregulación más plena que la existente para la elección de la cobertura de salud.

La incorporación a la ley de obras sociales supone la adhesión de las prepagas al fondo de redistribución con el que se financian tratamientos de alto costo, al menos cuando los afiliados deriven aportes salariales al pago de su plan. Un artículo del DNU señala que, así como en el caso de las obras sociales sindicales el 15% de lo recaudado por aportes y contribuciones se deriva a ese fondo (que funciona como una suerte de seguro), en las prepagas ese porcentaje será del 20% de los recursos obtenidos, tal como ocurre con las obras sociales de personal de dirección.

En los últimos años, los reclamos de los referentes de las prepagas con respecto a las cuotas fueron constantes. Según datos aportados por Hugo Magonza, presidente de Acami (Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas), entre diciembre de 2019 y octubre de este año, mientras que la inflación acumuló un 780%, las cuotas subieron un 510% y el costo de dar prestaciones de salud, un 1157%. La actividad está regulada, entre otros aspectos, en lo que se refiere a cuáles son las prestaciones que obligatoriamente debe ofrecer en todos los planes.

Por Silvia Stang

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