El canje de deuda está más cerca que un plan económico

Ahora que quedó atrás la fecha límite y el propio Martín Guzmán admitió cambios en la oferta, van perdiendo sustento sus inciertas proyecciones técnicas sobre la sustentabilidad de la deuda a mediano plazo antes de la pandemia. En ambas partes parece prevalecer el clásico axioma jurídico según el cual si no hay diferencias insalvables, un mal arreglo vale más que un buen pleito. Ninguna de las dos pateó el tablero, pese a que los plazos se van prorrogando como la cuarentena.

El gobierno de Alberto Fernández está más cerca de un acuerdo para evitar el peor (y costoso) escenario de un default total, aunque las calificadoras de riesgo declaren al país en default selectivo por el incumplimiento ayer del pago de tres bonos Global, que incluso podría convertirse en transitorio. De hecho, la extensión de la oferta oficial hasta el 2 de junio implica que los comités de acreedores no activarán judicialmente las cláusulas de aceleración de pagos y cross default de todos sus títulos mientras se mantenga abierta la negociación. Y, sugestivamente, el embajador argentino en los Estados Unidos aportó otro indicio al comunicar por mail que la Argentina "pospondrá" ese pago hasta que se acuerden con los acreedores "nuevos términos sobre los intereses a pagar sobre dichos bonos". Las opciones en danza (un pago cash simbólico, mejora del cupón inicial de intereses, menor período de gracia, etc.) acercarían a los nuevos títulos al valor presente pretendido por los bonistas y, según cómo se combinen, alterarán en mayor o menor medida la sustentabilidad de la deuda calculada en su momento por el ministro Guzmán, sobre la base de equilibrio fiscal en 2023 y un modesto crecimiento de 1,7% anual promedio del PBI hasta 2030.

Si esta negociación contra reloj alcanzara una significativa adhesión de los acreedores privados (a diferencia del fracaso de la oferta inicial), permitiría despejar un importante factor de incertidumbre económica, ya que un default complicará la recomposición del capital de trabajo de muchas empresas afectadas por la crisis del coronavirus. Por caso, la deuda externa de las compañías privadas que operan en la Argentina suma US$16.000 millones, que podrían ser renovados si se extiende el horizonte de la economía, hoy reducido al día a día.

Sin embargo, sería un punto de partida y no de llegada. El paso siguiente de Guzmán será acordar con el Fondo Monetario la reprogramación de los vencimientos por US$44.000 millones del crédito stand-by contraído por Mauricio Macri, que se concentran entre 2021 y 2023 y a todas luces son imposibles de pagar. Aunque Kristalina Georgieva apoyó expresamente la quita de intereses y capital a los bonistas privados (de mayor magnitud que la incluida en la propuesta argentina) y el organismo celebró el acercamiento de posiciones, parece difícil que la inevitable extensión de plazos de pago no esté sujeta cuando menos a un programa con nuevas metas fiscales y monetarias, que además debe ser aprobado por el board del FMI, donde es clave el voto de los EE.UU.

El problema es que el Gobierno está muy lejos de alumbrar un plan económico integral para definir y coordinar las políticas que aplicará en los próximos meses, una vez que concluyan las sucesivas fases de la cuarentena para enfrentar el Covid-19, que hasta ahora ocupa todas sus energías.

Por lo pronto, la curva de contagios viene empinándose marcadamente en el AMBA, donde habrá de extenderse otras dos semanas. Esta situación obligará a mantener más tiempo que el previsto la asistencia a trabajadores, desocupados, familias y empresas afectadas por la paralización de actividades en esta megalópolis, que concentra un tercio de la población total del país y buena parte del PBI industrial y de servicios. La única herramienta disponible es la emisión monetaria y todavía no tiene un límite a la vista.

Más temprano que tarde, el Gobierno deberá resolver cómo esterilizar ese excedente de pesos, que todavía no se refleja en la inflación debido al derrumbe de la actividad económica y a la necesidad del público de mantener efectivo. Por ahora, el Tesoro está renovando deuda en moneda local a tasas más acordes con las expectativas inflacionarias para los próximos meses, que superan 50% anual y el Banco Central duplicó la venta de dólares a futuro, que exportadores y empresas compran para cubrirse de una devaluación.

Más problemas

Pero debajo de esa alfombra de cientos de miles de millones de pesos, se vienen barriendo otros problemas previos y posteriores a la cuarentena. Las tarifas de servicios públicos llevan más de un año de congelamiento y constituyen un factor de inflación reprimida. El aumento de la brecha cambiaria no solo responde a la mayor oferta de pesos, sino a que, con el cepo y el impuesto PAIS, la oferta de dólares va al mercado paralelo e incentiva la economía en negro. EL BCRA viene perdiendo reservas, porque bajó la oferta de dólares en plena temporada alta de liquidación de la cosecha gruesa y los embarques desde Rosario están afectados por una histórica bajante del río Paraná. La recaudación de impuestos nacionales cayó un tercio en términos reales por la profundización de la recesión. El Gobierno prevé para este año un retroceso de -6,5% del PBI, que algunas consultoras como LCG ya estiman en -10% y el déficit fiscal primario se ubicaría en torno de 6/7% del PBI o por encima, según lo que ocurra con la cuarentena.

Con este panorama, la ausencia de un programa coordinado para normalizar y estabilizar la economía constituye un factor de incertidumbre tanto o más importante que el riesgo de default, ya que hay múltiples frentes abiertos. Y Alberto Fernández enfrenta el mismo problema de Macri con la división de la conducción económica sin una cabeza que centralice las decisiones. Guzmán es un virtual "ministro de deuda", que en el mejor de los casos actúa como secretario de Hacienda. Como ministro de Producción, Matías Kulfas se ocupa mayormente de atender a los sectores empresarios damnificados por la cuarentena. Y los titulares de los organismos que concentran los mayores gastos (Anses) e ingresos fiscales (AFIP) están en manos de funcionarios que responden a Cristina Kirchner.

Por si fuera poco, el cristinismo contribuye a aumentar la desconfianza con el endiosamiento de un Estado grande, como si no tuviera un déficit estructural crónico. O con iniciativas disparatadas como la de la diputada Fernanda Vallejos, de que la ayuda oficial para pagar salarios sea a cambio de participaciones en el capital de las empresas, en vez de promover su capitalización para evitar que el cierre sea menos costoso que mantenerlas en funcionamiento.

Si el Gobierno abriera el juego político, podría convocar a especialistas de distintos sectores para que vayan preparando un programa para aprovechar las oportunidades de exportación que se abrirán a los sectores más competitivos cuando termine la pandemia global. De lo contrario, corre el riesgo de que un populismo sin recursos genere una inflación creciente y políticamente peligrosa.