El detalle del plan de privatizaciones del Gobierno para sumar dólares este año
El equipo que responde a Santiago Caputo tiene un calendario definido con los pasos a seguir a partir de esta semana; el juicio por YPF le pone límites al gobierno de Milei; los abogados de Burford trabajan para presentar mañana una nueva carta contra el país mañana en EE. UU.
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
Juan José Aranguren nunca podría haberlo sospechado cuando trabajaba en Shell. En ese edificio recibió embates durísimos de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner y del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que lo llenó de causas penales que luego descartó la Justicia. Hoy, la vieja sede de Diagonal Norte es el lugar en el que funcionan dos oficinas públicas que trabajan minuto a minuto para desarmar una parte importante de la herencia kirchnerista.
El caso más visible es el de Federico Sturzenegger. El “titán” de Javier Milei avanzará como nunca este mes en la fusión de organismos y en la reducción del Estado. Pero en los próximos días adquirirá un papel preponderante Diego Chaher, a cargo de la privatización de empresas públicas. En ambos casos, es todo lo que el kirchnerismo no quiere.
Chaher llegó a su sillón actual de la mano de Santiago Caputo con el pergamino de haber sido uno de los pocos funcionarios que mostró avances rápidos en la reducción de Télam, la agencia pública de noticias. Ahora, sin embargo, se escuchan voces en su contra que lo acusan de lentitud en el proceso de venta de empresas estatales.
El mendocino está preparando en silencio su respuesta a las críticas. Será un paso fundamental en el plan del ministro de Economía, Luis Caputo, quien busca sumar reservas para el Banco Central mediante la venta de activos en dólares, para lo cual algunas de las empresas públicas pueden resultar un aporte importante.
El calendario que maneja el equipo de Santiago Caputo contempla el ingreso de divisas mediante esa clase de operaciones en el segundo semestre del año. Hay una coincidencia que no es casual: se trata de la etapa del año en que empieza a caer la oferta de dólares del campo.
Chaher tiene un Excel donde está anotado qué acción se tomará con cada empresa. Puede ser la privatización, la cesión o el cierre. A modo de ejemplo, desde la semana próxima hasta fin de año pondrán en marcha decisiones con respecto al futuro de casi 20 compañías.
El propio Javier Milei deberá involucrarse en el tema. Según el cronograma que maneja el Gobierno, esta semana debería firmar decretos que autoricen la privatización de tres empresas. Son nombres que traerán discusiones y polémica.
Una de las compañías que se pondrá en venta en breve es Nucleoeléctrica Argentina, más conocida como Na-Sa. Debería ocurrir de inmediato, tras una firma del Presidente.
Esta empresa reúne nada menos que el negocio atómico del país representado en las centrales eléctricas Atucha I, Atucha II (Campana) y Embalse (Córdoba).
¿Puede algún inversor estar interesado en ese delicado negocio? Allí surge el nombre de otro asesor dilecto de Javier Milei. Es Demian Reidel, jefe de su consejo de Asesores, pero también titular de la propia Na-Sa.
Reidel busca vender al mundo la idea de que la Argentina es un lugar ideal para desarrollos de inteligencia artificial, una actividad que demanda una gran cantidad de energía eléctrica, como la que producen las centrales nucleares. El Gobierno espera alguna buena noticia privatizadora por ese lado.
Hubo empresas norteamericanas y húngaras preguntando sobre la venta de Na-Sa en un despacho oficial. Otra de las alternativas que se manejan es lanzar la empresa a la bolsa de Buenos Aires. Esta última es una opción que se analiza también para otros casos, como Aysa.
El sueño privatizador de Milei encontró límites impuestos por el pasado. Más allá del futuro que tengan en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York las decisiones de la jueza Loretta Preska (obligó a ceder a los acreedores el control de YPF), existe el temor de que cualquier expedición por allí pueda terminar en embargos. Por eso se descartaron alternativas para cotizar porciones de empresas públicas argentinas en la bolsa de Nueva York (NYSE).
No tiene sentido, tampoco, esperar a que ese frente de conflicto se disipe. De hecho, todo indica que recrudecerá y será una discusión duradera. Los abogados de Burford, el megabufete que sacude a la Argentina en Manhattan, trabajaban el viernes para presentarle mañana a Preska una nota en respuesta a la última misiva de la Argentina. Será en duros términos, como todo lo que se discute alrededor de esta pelea millonaria.
Los litigantes buscan que la jueza no otorgue la medida cautelar que va en camino a pedir la Argentina. Todo lo que hagan de aquí en adelante está basado en un convencimiento doble: Cristina Kirchner y Axel Kicillof son los responsables del error que derivó en la victoria judicial de Burford, pero la administración de Javier Milei es la que debe explicar por qué no se sienta a negociar pese a la decisión norteamericana.
Gerardo Mato, el lobbista designado por Burford para acercar posiciones con la Argentina, vive en Nueva York, pero viene al país con frecuencia. El hecho de sumar millas aéreas, sin embargo, no le permitió sentarse a la cara con quienes antes eran sus colegas. Un ejemplo es el propio Luis Caputo, que hizo carrera en el JP Morgan y el Deutsche Bank, mientras que “Gerry” estuvo en el HSBC. Tiene un objetivo preponderante: armar una mesa de negociación con la Casa Rosada.
Burford tiene su propia paradoja. Teme que la conducta oficial lleve al país a estar en desacato con la justicia de Estados Unidos. No quieren eso porque llevaría a una encerrona que les haría más difícil el cobro.
Milei debería autorizar esta semana el inicio de la privatización parcial de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), otra empresa cercana al corazón kirchnerista. Está en vías de constitución la nueva denominación Carboeléctrica Río Turbio S.A. Si bien el Estado debe retener el control, se buscarán interesados en sumarse a un negocio para producir energía eléctrica que encierra un dato ilustrativo de la relación del kirchnerismo con la obra pública.
En septiembre del año 2015, la competencia electoral marcaba la temperatura en la Casa Rosada. El Gobierno amontonaba anuncios de inversión e inauguraciones con la expectativa de que los cortes de cinta inclinaran la voluntad del electorado a favor de la fórmula Daniel Scioli-Carlos Zannini. Uno de esos itinerarios condujo a Cristina Kirchner a Río Turbio para poner en marcha la central termoeléctrica del mismo nombre.
Resultó solo un simulacro. La usina no estaba lista para entrar en funcionamiento. A tal punto que el arranque forzado por la necesidad política produjo la rotura de tubos y problemas en los ventiladores. Todo eso le costó tiempo y dinero al Estado. Aunque Cristina Kirchner inauguró la usina en 2015, sigue sin operar.
El calendario de este mes se completará con otros dos casos. La histórica fábrica de aviones de Córdoba (FADEA) pasará a manos de la gobernación de Martín Llaryora, como contó Diego Cabot, y se hará el llamado para la privatización de Intercargo, que presta el servicio de rampa en los aeropuertos. La cesión de esa empresa pública, muchas veces en el centro de las polémicas porque las medidas de fuerza de los empleados obligan a la postergación y cancelación de vuelos, se hará en octubre, el mes de las elecciones. Eso, si todo marcha acorde al plan.
El Río Limay no es solo una fuente de agua pura y belleza natural, sino también de divisas. Sucede que la mirada del Tesoro está puesta en lo que ocurra en agosto, cuando se lanzarán los pliegos para concesionar nuevamente las centrales hidroeléctricas del Comahue, en Neuquén. El ministro de Economía, Luis Caputo, espera traspasarlas al sector privado en no más de 45 días después de su lanzamiento.
En la práctica se trata de un complejo que involucra a las usinas Alicurá, El Chocón y Arroyito, Cerros Colorados y Planicie Banderita, y Piedra del Águila. La tasación está prácticamente completa. El Estado espera recibir por eso no menos de US$200 millones que impactarían en las reservas del Banco Central.
Será el final de un camino sinuoso. En el entretanto, se debió definir un nuevo esquema para el negocio eléctrico durante las próximas dos décadas. Los pliegos, que ya están redactados, contemplan la liberación total del precio de la energía en los próximos 20 años, de manera progresiva. Un activo colaborador en esos temas es Daniel González, el exCEO de YPF reclutado por Caputo para coordinar el área energética.
También el mes próximo, el Gobierno dará un nuevo paso para desprenderse del Belgrano Cargas.
Una apuesta privatizadora grande llegará en septiembre. El Gobierno convocará a los interesados en quedarse con el 50% de Citelec, la empresa que controla a la transportadora en alta tensión Transener. La participación en venta corresponde a Enarsa, la elefantiásica compañía que crearon Néstor Kirchner y Julio De Vido.
El ganador será socio de Marcelo Mindlin, dueño de la otra mitad. Pampa Energía, la empresa de este último, buscó alternativas para quedarse con el paquete total, pero chocó contra una pared regulatoria, según lo ven en el Gobierno.
Enarsa será una participante destacada en el proceso de privatizaciones, más allá de la venta de Citelec. Tristán Socas es su presidente. Llegó a ese lugar reclutado por Francisco Caputo, hermano de Santiago, quien actuó en varios casos como headhunter. Socas contrató a una de las big four para valuar activos de la compañía, que conforman uno de los paquetes más interesantes que tiene el Gobierno para conseguir dólares.
En septiembre puede ser el fin de otra larga historia. Casa de Moneda, la imprenta del Estado, fue creada en 1875, durante la presidencia fundacional de Nicolás Avellaneda. Se disolverá con clima de primavera con un acto que ordenará su disolución y liquidación.
El epílogo de la fábrica de billetes comenzó a escribirse entre desaguisados locales y la productividad china. En el grupo de los primeros se destacan gastos ridículos en una empresa que iba a pérdida y sobreprecios por la compra de billetes afuera que está investigando la Justicia.
Los chinos, en tanto, hicieron su parte fabricando más barato que en el país productos que tienen que viajar casi 20.000 kilómetros para llegar a las bóvedas del Banco Central.
En noviembre del año pasado, la empresa estatal China Banknote Printing and Minting Corporation se quedó con un enorme contrato para fabricar billetes de $20.000, pasando un precio muy bajo. Fue la revelación, desde la mirada frugal de la Casa Rosada, de que ya no necesitaba una imprenta propia.
Una de las mayores apuestas llegará cerca de la Navidad. Alejo Maxit, titular de Aysa, fue uno de los primeros que hizo los deberes para poner a la empresa en venta. El Gobierno espera tener terminada en diciembre de este año la primera etapa del proceso de privatización.
Los destinos del banco de inversión BICE se definirán en diciembre también. Es probable que deje de existir.
Chaher se reunió tiempo atrás con Diogo Mac Cord de Faria. Este exfuncionario de Jair Bolsonaro fue secretario Especial de Desestatización, Desinversiones y Mercados. Desde allí lanzó la privatización de empresas como la eléctrica Eletrobras y el servicio postal.
Resultó una conversación catártica con ambiciones anticipatorias. “¿Cuántas empresas privatizadas volvieron a reestatizarse [con Lula]?”, le preguntó Chaer. “Ninguna”, fue la respuesta. El funcionario puesto allí por Santiago Caputo lo tomó como un bálsamo: antes que rápido, conviene hacerlo bien para que lo que ocurra en los próximos meses se extienda durante los próximos gobiernos.
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