Privatizaciones: una madeja compleja que el Gobierno lucha por desentrañar en medio del acecho de los acreedores
La primera de las firmas que se venderían es AYSA; los juicios donde la Argentina ha sido condenada es una amenaza ya que se podrían embargar los montos de las operaciones
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LA NACIONDiego Cabot
Pasaron más de tres décadas desde aquellas privatizaciones que en los años noventa despertaron pasiones en la opinión pública. Detractores y defensores se trenzaron en un debate que jamás se zanjó. Entonces, fue una ola de ventas y concesiones que se hicieron en tiempo récord y que contó con un alineamiento absoluto entre la Casa Rosada y el Congreso.
Esta vez, aquella velocidad de rayo ya no se puede replicar. Los tiempos son distintos, las empresas son menos atractivas, la regulación ya requiere otra estructura, el Congreso no acompaña y treinta años de crisis, default y deuda generaron un ecosistema distinto. Así las cosas, aquel “se vende” de la campaña del presidente Javier Milei no es tan inmediato aunque, claro está, es el horizonte donde camina la administración actual.
La hoja de ruta de las privatizables, además, está cruzada por el calendario electoral. Pero, en ese cronograma aparecen algunas con ventaja a la hora de empezar a vislumbrar la salida del Estado de las empresas. Quienes siguen de cerca los pasos de este universo en el Gobierno dan un nombre que seguramente será el primero: AYSA.
“Es la más avanzada que podría salir ya mismo. Pero, para qué contaminar toda la discusión electoral con la privatización de la empresa”, dice una fuente que trabaja en estos procesos respecto de la compañía pública que maneja Alejo Maxit.
La empresa de aguas y saneamiento, que tiene la concesión en la Ciudad y en una veintena de partidos del Gran Buenos Aires, ha logrado equilibrar la cuentas. A diferencia de las energéticas, la recaudación ya paga la totalidad de los gastos operativos de la compañía que hasta hace 18 meses manejaba Malena Galmarini.
De acuerdo con los datos que aporta el Reporte de tarifas y subsidios del Afispop, del observatorio de la UBA y Conicet, la provisión de agua corriente ya no requiere subsidios. En la edición de mayo de ese documento vuelve a marcar que el nivel de cobertura que entrega la tarifa es el 100% de lo que necesita AYSA para operar. El dato la diferencia de otras empresas que tienen concesiones de servicios públicos en la misma área de prestación. De hecho, para comparar, la tarifa de gas paga el 43% del total de gastos que hay en la operación, mientras que en la electricidad el porcentaje sube apenas al 47%.
En los planes del Gobierno está anotado “noviembre” como el mes en el que se haría la privatización ¿Cómo? Preguntó LA NACION a un funcionario que pasa sus días entre los números de las empresas públicas. “Se venderían partes de las acciones. Pero, como es una de las que están autorizadas a privatizar en la ley bases, podría ser algún otro esquema”, contestó.
El caso de AYSA tiende a ser el primero de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas que maneja Diego Chaher. Desde esas oficinas, donde conviven las decisiones sobre 60 empresas públicas (41 sociedades y 19 subsidiarias) repartidas en 12 jurisdicciones del Estado.
El funcionario llegó a ese lugar después de haber sido el gestor del cierre de Télam. Ya en el sillón que ahora ocupa vendió el paquete accionario de Impsa (la metalúrgica fundada por la familia Pescarmona). Un esquema similar podría darse con AYSA. En principio, en noviembre estaría el llamado a convocatoria.
Otra de las que tendrá su convocatoria a participar de la licitación es Intercargo, la firma que brinda servicios de rampa para lo aviones. El próximo mes ya deberían estar terminadas las condiciones para participar en la compulsa, al igual que Fadea, la fábrica de aviones ubicada en Córdoba. Al igual que Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en los casos hay negociaciones con las gobernaciones, de Córdoba y de Santa Cruz, para definir el futuro de las firmas. Fadea debiera tener avanzado el traspaso en julio, mientras que, para la mina de carbón y la usina, el tiempo anotado es diciembre.
Hay tres decretos que ya están redactados y que esperan la firma, en principio, antes de que el 9 de julio se terminen las facultades extraordinarias que el Congreso le delegó al Poder Ejecutivo en la Ley Bases. Se trata de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), YCRT y la Operadora Ferroviaria, una de las más difíciles de encontrarle un comprador.
Para septiembre debería estar definido el destino de Energía Argentina (Enarsa). Dentro de la empresa conviven varias unidades de negocios. “Se podría llegar a dividir en siete, y vender cada una de ellas. Aún no está definido”, cuentan en Gobierno.
En materia energética, lo que sí será es la nueva concesión de las empresas hidroeléctricas ubicadas en el Comahue, todas con contratos vencidos y prorrogados. Para este caso, según cuentan en el Gobierno, no se espera un sistema de canon sino que se mirarán las inversiones proyectadas y el precio de la energía que estarían dispuestos a cobrar.
Pero la venta no es tan fácil como fue hace 30 años. El caso de AYSA sirve para ilustrar el desafío de la venta. Cuando se abra el proceso, varios encenderán las alarmas. Sucede que, en Estados Unidos, tramitaron y tramitan, decenas de juicios en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal arbitral del Banco Mundial.
En esas oficinas de Washington hay varios procesos que ya tienen laudos firmes. Los abogados, avezados en la búsqueda de activos soberanos ya pusieron los engranajes en marcha para cuando vengan los días de la puesta en marcha de las privatizaciones. El punto es que podrían trabar embargos en alguna parte del proceso. Para ejemplificar con el caso de AYSA, ante la adjudicación de un inversor extranjero, los abogados de los litigantes contra el país podrían presentarse en la compradora y lograr que los pagos se depositen en la cuenta de los acreedores y no que ingresen a las cuentas públicas. Algo así como vender para pagar deuda. Ingrato, al menos.
Otra de las cuestiones que varios se preguntan son los precios. De regreso al caso AYSA, el Estado fue condenado a pagar a los socios de Aguas Argentinas la suma de 325 millones de dólares por la estatización que dispuso Néstor Kirchner ¿Se podrá recaudar algún dinero más por la empresa que lo que se pagó por la indemnización? Nadie se atreve a afirmar lo que dirá el mercado. Pero, por lo pronto, son los grandes temas que ocupan a los técnicos que miran de cerca las privatizaciones para evitar que el dinero de las últimas joyas quede interdicto en alguna corte del mundo.
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