El Estado se corre de las importaciones de gas y busca un operador privado antes del invierno
La Secretaría de Energía lanzó una licitación nacional e internacional para que un único comercializador se haga cargo del GNL durante el pico de demanda
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LA NACION
Con la publicación de la resolución 33/26, el Gobierno dio un paso concreto para retirar al Estado de la operatoria de importación de Gas Natural Licuado (GNL) y trasladar esa función a un operador privado, justo cuando empieza a correr el reloj para asegurar el abastecimiento del próximo invierno.
La medida establece el marco para una licitación pública nacional e internacional que deberá definirse en un plazo aproximado de 40 días.
El nuevo esquema prevé la selección de un único comercializador privado que se encargará de importar GNL en el mercado internacional, regasificarlo en la terminal de Escobar y vender el gas resultante en el mercado interno, con punto de entrega en Los Cardales, un nodo clave del sistema de transporte.
De ese modo, Enarsa deja de cumplir el rol de comprador y vendedor, una función que ejerció de manera exclusiva desde 2008 para cubrir los picos de consumo invernal.
La decisión se inscribe, además, en el proceso de privatización y reconfiguración de la compañía, contemplado en la Ley de Bases y en el programa oficial de desinversión estatal. En ese marco, la salida de Enarsa de la importación de GNL aparece como un paso consistente con la estrategia del Gobierno de retirar al Estado del rol empresario y concentrarlo en la definición de reglas y controles.
La licitación se estructurará con una etapa de precalificación, en la que se evaluará la experiencia técnica, comercial y la solvencia financiera de los interesados. El criterio económico de adjudicación será claro: ganará quien ofrezca el menor adicional en dólares por millón de BTU sobre el precio internacional de referencia del gas en Europa. Ese valor adicional deberá absorber los costos logísticos de toda la cadena —desde el flete marítimo hasta la regasificación y el transporte por ductos— y definir el margen del operador.
Desde el punto de vista regulatorio, la resolución establece un mecanismo de contención de precios para el mercado local. El gas importado se valorizará tomando como base el índice Title Transfer Facility (TTF) de los Países Bajos, una de las principales referencias del mercado europeo, mientras que la competencia entre las empresas se concentrará en reducir el sobrecosto necesario para llevar ese gas hasta el sistema argentino.
La lógica es que el precio final resulte de una combinación entre una referencia internacional transparente y un diferencial definido por competencia.
El tratamiento del precio varía según el tipo de usuario. Para las distribuidoras que abastecen a hogares y comercios, el valor que surja del esquema podrá trasladarse a tarifas como pass-through del costo del gas, bajo la supervisión del regulador. En el segmento eléctrico, CAMMESA fijará un precio de referencia, mientras que los grandes usuarios industriales quedarán más expuestos a la evolución del precio internacional al momento de cada compra.
La decisión de concentrar la operación en un solo actor no responde a un criterio ideológico, sino operativo. Según los informes técnicos oficiales, la infraestructura de la terminal de Escobar —una unidad flotante de almacenamiento y regasificación— requiere una administración unificada para evitar conflictos en la programación de buques y en la gestión de inventarios. Por eso, el adjudicatario tendrá asignada la totalidad de la capacidad durante el período invernal, del 1° de abril al 30 de septiembre de 2026.
El contrato tendrá una duración de un año e incluye un incentivo clave: el derecho de preferencia para el invierno siguiente. Quien resulte ganador en esta licitación podrá igualar la mejor oferta si se convoca un nuevo proceso para 2027, un mecanismo pensado para atraer a grandes traders internacionales que priorizan previsibilidad y continuidad.
Detrás del cambio también aparece un objetivo fiscal. En los últimos años, el gas importado ingresó al país a precios muy superiores a los que pagaron los usuarios residenciales, una brecha que fue cubierta con subsidios del Tesoro. Al correr al Estado del rol de intermediario, el Gobierno busca que el costo del abastecimiento sea más visible y menos dependiente de transferencias fiscales, aunque queda abierta la discusión sobre cuánto de ese valor terminará impactando en las facturas durante los meses de mayor consumo.
Como cláusula de resguardo, la resolución prevé que, si la licitación no arroja ofertas convenientes o se declara desierta, la Secretaría de Energía podrá volver a instruir a Enarsa para que retome las compras. Una señal de que, aun con el giro hacia un esquema privado, el Gobierno no está dispuesto a poner en riesgo el suministro en el invierno de 2026.
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