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El Gobierno acordó con los prácticos y suspendió el decreto que generó el conflicto portuario
Pactaron una reducción tarifaria de 20% y el restablecimiento de la asistencia a la navegación de buques; se normalizará el comercio exterior que estaba paralizado
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LA NACION
Era una cuestión de plata y así terminó el conflicto con los prácticos que paralizó el movimiento de los puertos de todo el país. Tal fue la fuerza de los asistentes de los buques cuando decidieron no prestar servicios que el Gobierno dejó para otro momento la desregulación del sector y optó por el camino inverso: acordar tarifas más baratas.
Fueron horas de negociación donde la banca siempre la tuvieron los prácticos. En poco más de cuatro días frenaron el comercio del país con el mundo, generaron enormes sobrecostos a las empresas que quieren comprar o vender sus productos en el exterior; colapsaron los pozones del Río de la Plata donde esperan las embarcaciones antes de entrar a los puertos y propiciaron que muchas empresas marítimas hagan sus previsiones para modificar sus recorridos antes de pasar por la Argentina y no poder operar sus cargas.
Mientras todo ese panorama se consolidaba, llegó el pacto que la Casa Rosada lo comunicó a última hora de la tarde: “El Gobierno alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques”.
El conflicto se desató el viernes, cuando se publicó el decreto 690, una norma que desreguló el practicaje de buques. Según dijeron en ese momento los voceros del sector, el nuevo régimen llegó sin un acuerdo previo con los profesionales.
De un plumazo eliminó el cupo, abrió la contratación libre y fijó tarifas de mercado bajo la promesa de “bajar el costo argentino”, entre otras cosas. La respuesta fue inmediata y quirúrgica: desde la madrugada del domingo, prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país dejaron de aceptar nuevos servicios. Sin gremio, sin paro formal —son profesionales independientes—, lograron lo que ningún sindicato del transporte consiguió en años: parar el 80% del comercio exterior argentino en 72 horas. Más de 140 buques varados de Ushuaia a Timbúes, cargas desviadas a Montevideo y Brasil, y una Prefectura que respondió con intimaciones a 500 profesionales y la amenaza de cárcel por los artículos 190 y 194 del Código Penal.
La situación escaló a un nivel que pocos estimaron cuando trazaron la estrategia con los prácticos. De hecho, el esquema que puso en marcha el Gobierno el viernes tomó por sorpresa a la gran mayoría de los actores del sector. “Lo que creemos es que no es un tema con la profesión sino con el costo. Por eso llama la atención que no hayan empezado por hablar sobre dinero en vez de propiciar una parálisis en el movimiento de los barcos”, se sinceraban desde una empresa que tiene injerencia en una de las terminales portuarias más importantes.
Ahora bien, a cambio de aquella rebaja en la tarifa, hubo una concesión importante. “En el marco del entendimiento alcanzado, se resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje”, reconoció el Gobierno en un comunicado. El tercer punto del asunto es “conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad”.
La instancia de diálogo será coordinada por el Gobierno Nacional, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, y tendrá como objetivo avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación.
Los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados.
