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El Gobierno aumenta la presión contra las prepagas
El presidente, Javier Milei, volvió a apuntar contra las empresas de medicina privada; su vocero, Manuel Adorni, habló de supuesta “cartelización”; y la Superintendencia de Servicios de Salud comenzó a analizar la estrategia oficial para avanzar en la Justicia: denuncia o medida cautelar
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El Gobierno dio un paso más en su escalada contra las prepagas. Tras los aumentos de hasta 165% entre enero y abril, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló de una “guerra contra la clase media” y hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró la acusación de presunta “cartelización”. En tanto, el presidente, Javier Milei, retuiteó un posteo que descalificaba al titular de Swiss Medical y de la Unión Argentina de la Salud (UAS), Claudio Belocopitt, al tiempo que el Gobierno evalúa qué estrategia judicial adoptar.
Según confirmaron a LA NACION fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo que depende del Ministerio de Salud, el Gobierno evalúa iniciar acciones legales incluso antes de que se expida la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que investiga una supuesta colusión (cartelización) para aumentar precios.
Esa estrategia oficial plantea dos caminos posibles: presentar una denuncia o un recurso de amparo contra las prepagas. Esto elevaría aún más el tono de enfrentamiento entre el Gobierno y las empresas, dado que la instancia de la CNDC es de carácter “administrativa”, tal como describen.
Aún sin tipificación de delito específico, la fuente de la Superintendencia de Servicios de Salud explicó que acusarían a las empresas por presunta “conducta abusiva coordinada” y que aportarían “todas las pruebas”. “Son aumentos muy cercanos entre sí y, a la vez, muy lejanos a la inflación”, señalaron.
Sobre la posibilidad de una instancia judicial iniciada por el Gobierno, desde las empresas de medicina privada dijeron a LA NACION que no tienen comentarios, aunque en relación a la investigación desarrollada desde la CNDC habían respondido: “Confiamos que no hubo colusión”.
Desde la Secretaría de Comercio comentaron que la Comisión tendrá que dictaminar si hubo una violación a la ley 27442 de defensa de la competencia, que estipula sanciones tales como multas económicas y resoluciones para revertir “efectos distorsivos”.
Un segundo camino estudiado por el Gobierno es la presentación de una medida cautelar “que deje sin efecto algunos aumentos”, describió la fuente de la Superintendencia de Servicios de Salud. Este camino ya se había iniciado en la Justicia por parte de usuarios particulares. Un ejemplo: a fines de febrero pasado, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 dispuso ampliar, en principio para un centenar de personas, el alcance de una medida cautelar dictada a mediados de enero, a través de la cual se le ordenó a una entidad de medicina prepaga dejar sin efecto los aumentos de cuotas aplicados o anunciados bajo el amparo de lo establecido por el “megadecreto” que desreguló los precios. Lo resuelto es válido “hasta tanto se dicte sentencia definitiva” sobre el tema.
Según informó la fuente de la Superintendencia de Servicios de Salud, la decisión de avanzar en la Justicia podría tomarse el viernes, el mismo día en el que el Indec difundirá el dato de inflación de marzo.
Fuera de lo estrictamente judicial, el Gobierno ya avanzó contra las prepagas en la arena declarativa. El propio Presidente compartió en su cuenta de X una publicación que incluyó un insulto a Belocopitt, así como también críticas al “monopolio” de las prepagas.
Desde la Casa Rosada, Adorni, a diferencia de Milei, no dio nombres, pero sostuvo: “Está claro que los últimos aumentos son parte de una cartelización y no de la libre competencia de precios que defendemos, que quien contrata un servicio tenga el mejor precio y de la mejor calidad posible”.
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