El Gobierno busca que las provincias asuman parte de los costos por el retraso en la suba de las tarifas

Firme en su postura casi quimérica de responder a los reclamos de sus socios políticos y de una parte de la población sin afectar el sendero de reducción del déficit fiscal, el Gobierno intentará hoy que las provincias se hagan cargo de una porción de los costos adicionales derivados de la demora en la implementación de la quita de subsidios.

La cifra en juego, que aún se está calculando, es moderada en términos económicos -fuentes que participan de las negociaciones estimaban ayer que se trataría de unos $800 millones en total, a distribuirse entre Nación y provincias-, pero de un alto contenido simbólico y político. Tanto la Casa Rosada como los radicales, principales promotores de la atenuación en las facturas de gas que llegarán a los hogares en el invierno, buscan mostrar que esa decisión implica que otra parte se haga cargo del costo de la energía.

El presidente Mauricio Macri , a su vez, recorrerá hoy los yacimientos de Vaca Muerta donde, según fuentes oficiales, volverá a subrayar la importancia de ahorrar energía.

La primera plana del radicalismo, con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , y el diputado Mario Negri , acordó el jueves pasado con los colaboradores de Macri que los representantes de las provincias y funcionarios del Gobierno se reunirán hoy en el marco del Consejo Federal de la Energía, un organismo que está conducido por el ministro de Energía, Juan José Aranguren . Allí se discutirá cómo se reparten los mayores costos para el fisco derivados de la postergación en la reducción de los beneficios de la tarifa social para el gas. Ese subsidio asiste a los hogares de menores recursos, que pueden consumir una parte del insumo sin pagar el costo de producción. Según los números del Ministerio de Desarrollo Social, hasta diciembre había en el país 1.581.134 usuarios bajo esa modalidad, que representan unos seis millones de personas. Desde abril, Energía puso en marcha un recorte de esos beneficios. La intención era que los usuarios beneficiados con la tarifa social recibieran una primera porción de gas gratis y un subsidio del 75% sobre un segundo bloque. El resto se pagaría al mismo precio que los demás hogares.

La negociación, en la que participaron Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña ; Aranguren, y el viceministro Gustavo Lopetegui , relajó los criterios anteriores. Ahora, los primeros cambios recién llegarían a partir del cuarto bimestre (julio-agosto). En todos los casos, el consumo que tiene algún grado de subsidio implica aportes del Estado. Eso explica que la postergación de los cambios obligue a la Casa Rosada a gastar más recursos de lo que tenía previsto. La intención oficial es que al menos el 50% de esa porción lo cubran los gobernadores.

El monto que debería financiar cada provincia no es homogéneo (varía en función del número de los alcanzados por la tarifa social), como tampoco lo es la posibilidad que tienen de hacerlo. Al ser solo dos meses, "tampoco es mucho dinero", estimó ante LA NACION un legislador que participó de la reunión en la Rosada.

Por la ley de responsabilidad fiscal las provincias tienen poco margen para aumentar el gasto. "Sacarles un mango es difícil; si son dos pesos, que los ponga la Nación y se lleven los aplausos", ironizó un ministro norteño. "Las que enfrentan más problemas fiscales son las provincias patagónicas -dice el economista Marcelo Capello- Santa Cruz Chubut y Río Negro, pero son también las que por su sistema particular tienen menos habitantes con tarifa social; otra con un frente complicado es Jujuy". Fuentes provinciales creen que están presionadas por el pacto fiscal a reducir gastos y temen que la discusión termine extendiéndose a las tarifas de luz. el diputado Mario Negri ratificó a LA NACION que ese punto no está incluido.