El Gobierno propone un nuevo sistema de ajuste previsional

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para eliminar el sistema del Aporte Medio Previsional (AMPO), que se utiliza para la determinación de los montos con los que los autónomos deben contribuir a la seguridad social, y para establecer la Prestación Básica Universal (PBU) a la que tiene derecho cada persona que se retira del mercado laboral.

Según explicó a La Nación el secretario de Seguridad Social, Carlos Torres, el texto promueve la creación de un nuevo mecanismo según el cual, cada año, se fijará en la ley de presupuesto un índice llamado Módulo Previsional (Mopre).

Esta unidad hará las veces del AMPO en todas las aplicaciones actuales. El índice sirve, por ejemplo, para definir los sueldos tope en el pago de determinados impuestos, e incluso está prevista su utilización como unidad de medida en el futuro régimen indemnizatorio.

Esquema perverso

El AMPO es el resultado de dividir la suma total de los aportes personales de los dependientes y 11 de los 27 puntos porcentuales sobre la renta aportados por los autónomos, sobre la cantidad de aportantes.

Según explicó Carola Pessino, asesora en temas laborales del ministro de Economía, al sistema de reparto se deriva todo el aporte patronal y personal de quienes optaron por reparto y sólo el patronal de quienes eligieron una AFJP.

"Esto indica una perversidad del sistema, porque lo que queda para repartir no es lo que dice la ley del AMPO. Está basado en dos cosas diferentes", puntualizó Pessino. Pero los defectos que ahora se le encuentran al mecanismo creado en 1991 no se agotan en su propio esquema. "Con el efecto tequila, mucha gente dejó de aportar", recordó Pessino.

Ahora bien, la lógica indica que quienes salen en primer lugar del sistema ante una crisis económica son quienes tienen bajos ingresos, y la consecuencia es que el AMPO vuelve a subir. Con este razonamiento, se entiende también que una suba del índice actúa como causa de otro incremento.

Incremento de la PBU

En abril de 1994, el AMPOequivalía a $61. El último cálculo, efectuado el 31 de marzo, lo llevó a $80. En cuanto a la PBU, creció en el período de $152 a $200, mientras los salarios se mantuvieron estables.

Esto es, en rigor, lo que más preocupa a Economía, ya que afecta a las cuentas fiscales. En el sistema jubilatorio de capitalización, el Estado paga a quienes se retiran -e hicieron aportes previos a reparto-, el monto de la PBU. El esquema propuesto impediría que ese monto se mueva mientras los salarios se mantienen, y no dejaría que se escape de lo presupuestado. El cambio en los valores del AMPO hoy tiene su impacto sobre la renta presunta de los trabajadores autónomos, y por tanto, sobre el monto a aportar. De hecho, las categorías experimentaron aumentos considerables desde la creación del sistema. Sin embargo, los funcionarios consultados por La Nación no supieron arriesgar cuál podría ser el efecto concreto de la reforma prevista para los aportantes.

Reforma, el tema prioritario

"Es realmente lamentable que haya transcurrido tanto tiempo", se quejó Carola Pessino al referirse a las demoras en el tratamiento de los proyectos de ley sobre reforma laboral impulsados por el Poder Ejecutivo.

El equipo económico parece no bajar los brazos. No hay resignación ante la posibilidad de que el debate legislativo no llegue hasta después de las elecciones del mes de octubre, como estimó hace unos días el ministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa.

Mientras su asesora realizaba esas declaraciones en la inauguración del segundo Salón Nacional del Empleo -un evento organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT);la Universidad del Salvador y la consultora CCN-, el ministro Roque Fernández aseguró en un reportaje radial que tiene mucha confianza en que la Corte Suprema fallará a favor del Gobierno para dar validez a los decretos firmados por el presidente Menem, que contienen parte de las reformas pretendidas.

Según el funcionario, vale esperar que la Justicia reconozca que "está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo dictar reglamentaciones -que es lo que ha hecho- en materia laboral".

Pessino, por su parte, no ahorró palabras al hablar de las bondades de un sistema laboral flexibilizado. "La reforma va a garantizar una mayor creación de empleo estable y genuino; una mejor educación, dará una mayor calidad de vida, y el crecimiento económico, mayor consumo, inversión y, consecuentemente, mano de obra", redondeó la especialista.

No olvidó tampoco destacar que "todo esto se dará sin afectar al déficit fiscal", ya que no habrá rebajas directas del costo laboral.

Por Silvia Stang

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