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El Gobierno prorrogó por más de un año la emergencia del sector energético
La medida fue oficializada por decreto en el Boletín Oficial; se extiende hasta julio de 2026 la intervención de los entes reguladores y la transición hacia subsidios segmentados
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LA NACION
El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 9 de julio de 2026 la emergencia del Sector Energético Nacional, que abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, y de transporte y distribución de gas natural. La medida quedó oficializada a través del Decreto 370/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y de todo su gabinete de ministros.
La prórroga también alcanza la intervención vigente sobre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), y extiende por el mismo plazo el denominado “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, iniciado en junio de 2024. Según el texto oficial, el objetivo de dicha extensión es continuar con el proceso de reestructuración de los regímenes de subsidios y con las reformas estructurales del sistema eléctrico y gasífero.
El decreto sostiene que persisten las condiciones que motivaron la declaración de emergencia dispuesta originalmente en diciembre de 2023. Entre los fundamentos, menciona la necesidad de avanzar hacia una mayor cobertura de los costos reales de abastecimiento energético, garantizar inversiones en infraestructura crítica, reducir la carga de los subsidios generalizados y corregir ineficiencias operativas.
Según el informe técnico citado en los considerandos, la cobertura del costo de abastecimiento del gas para la demanda prioritaria creció del 18,7% en enero de 2024 al 74,5% en marzo de 2025. Sin embargo, según surge del texto de la normativa, el nivel de cobertura alcanzado aún resulta “insuficiente para reflejar plenamente los costos reales”.
El decreto también detalla que, tras la depuración del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), se detectaron más de 1,5 millones de hogares que recibían subsidios sin haberlos solicitado, así como más de 370.000 solicitudes vinculadas a titulares fallecidos.
La emergencia energética se enmarca en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que ya había declarado la emergencia pública en materia energética hasta julio de 2025. La nueva prórroga busca “permitir que los órganos competentes sigan adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos”, señala el decreto.
Durante el último año, el Gobierno avanzó en la focalización de la asistencia estatal en relación al abastecimiento de energía, estableciendo topes a los consumos subsidiados y diferenciando bonificaciones según niveles de ingresos. En ese proceso, se eliminó el mecanismo de inscripción automática en el RASE y se implementó un sistema de revisión de la categorización de los beneficiarios.
La normativa también destaca la necesidad de revisar beneficios como el Régimen de Zona Fría, que según el diagnóstico oficial incluye actualmente zonas no justificadas por criterios climáticos. Según cifras del Ministerio de Economía, se detectaron más de 137.000 titulares con beneficios duplicados en el marco de este régimen.
En paralelo, la prórroga de la emergencia permitirá continuar con la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), un proceso que prevé la progresiva reducción de restricciones regulatorias y la implementación de nuevas reglas de contratación a partir del 1 de noviembre de 2025. El decreto señala que en el segmento eléctrico persisten deficiencias estructurales: el parque generador argentino mantiene una elevada antigüedad, el sistema de transporte opera con márgenes de seguridad reducidos y más del 60% de las fallas en distribución se producen en alimentadores de más de 25 años.
Otro aspecto contemplado es la adecuación de la cadena de pagos del sistema eléctrico. Durante el último año, se implementaron regímenes especiales para regularizar las deudas en el MEM y se aprobaron planes de contingencia para garantizar el suministro en períodos críticos.
El Gobierno también reafirma su política de apertura a la inversión privada en el sector. Entre las medidas recientes se destacan la liberalización de las exportaciones de hidrocarburos y la habilitación de proyectos de exportación de Gas Natural Licuado (GNL).
Por otra parte, el decreto invita a las provincias a coordinar con la Secretaría de Energía las acciones de emergencia necesarias para asegurar la prestación de los servicios en sus jurisdicciones y para implementar la reestructuración de los subsidios. También faculta a la Jefatura de Gabinete a efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
El Poder Ejecutivo argumenta que la continuidad del régimen de emergencia es indispensable para evitar riesgos como “la interrupción de los mecanismos de contención de la deuda de distribuidores y la creciente exposición al incumplimiento de contratos con generadores”.
En ese marco, la norma ratifica que el proceso de reforma del sistema de subsidios y de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así como a la adecuación tarifaria del sistema energético en general (electricidad y gas), continuará bajo los principios de gradualidad, previsibilidad, transparencia y focalización.
LA NACION
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