El Gobierno rescindió el contrato con Aguas Argentinas

A casi seies meses de que el grupo Suez anunciara su salida de la empresa, el Gobierno resolvió hoy rescindir el contrato de concesión con Aguas Argentinas por diversos "incumplimientos en la prestación del servicio", según anunció el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

La decisión se materializó en una reunión con el presidente Néstor Kirchner, en la cual se firmó el decreto de necesidad y urgencia que liquidaba la relación contractual entre el Estado y la empresa, que databa de 1993. Además, se creó una nueva empresa estatal, también por decreto, que se hará cargo del servicio que proveía hasta hoy Aguas Argentinas.

"El presidente está firmando el decreto para crear la empresa AYSA, Aguas y Saneamiento Argentino Sociedad Anónima", dijo De Vido. El Estado tendrá el 90 por ciento del capital accionario de esta compañía. De esta forma, el servicio de provisión de agua potable y cloaca en Capital Federal y el Gran Buenos Aires quedó, en los hechos, reestatizado.

AYSA se une así, junto al Correo Oficial de la República Argentina (Corasa) y Energía Argentina SA (Enarsa), al grupo de empresas estatales creadas por el gobierno de Kirchner. La nueva firma será presidida Carlos Humberto Ben, que hasta ahora ocupaba un cargo de director adjunto en Aguas Argentinas. También formará parte del directorio el secretario adjunto de la CGT, José Luis Lingieri.

Salida definitiva. La medida oficial aceleró la salida del grupo Suez del país, decisión que había anunciado el año anterior, cuando anunció su deseo de abandonar la compañía de la cual es el princilap accionista. A fines de enero, Suez había postergado por algunas semanas su salida del negocio, inicialmente prevista para el 6 de febrero, para ganar tiempo en la búsqueda de un comprador.

"Intentamos todo por llegar a una solución. Intentamos renegociar el contrato a lo largo de tres años. Intentamos que alguien más tome control del contrato, pero el gobierno rechazó los términos que pedían", dijo en declaraciones a la agencia Reuters Yves-Thibault de Silguy, gerente general a cargo de las relaciones internacionales de Suez.

El grupo francés mantiene a la fecha una demanda ante el Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial) por 1700 millones de dólares contra el Estado argentino.

Dura respuesta. En un escueto y duro comunicado de cuatro párrafos difundido esta tarde, Aguas Argentinas dijo que "ya había resuelto el pasado 22 de septiembre de 2005 solicitar la terminación del contrato por culpa del Concedente [el Estado argentino]", en referencia al congelamiento de tarifas.

"Desde esta fecha, y por invitación del Gobierno argentino, se habían iniciado negociaciones con varios inversores para la cesión de la empresa, sin éxito."

"No consentimos los argumentos esgrimidos por el Concedente como causal de rescisión", continúa el comunicado. "Aguas Argentinas ha realizado un trabajo ejemplar desde 1993, tanto en materia de mejora como de expansión de los servicios, con más de dos millones de personas incorporadas a los servicios de agua potable, un millón a los servicios de desagües cloacales y 1700 millones de dólares de inversión", agrega.

El decreto con la rescisión del contrato con Aguas será enviado al Congreso para su ratificación.

Inversiones y nitrato. Entre las razones a las que hizo referencia De Vido por las cuales el Gobierno tomaba esta decisión están el incumplimiento en las obras pautadas en el contrato de concesión, la falta de acceso al servicio de agua potable y cloacas de unas dos millones de personas y los elevados niveles de nitrato en pozos de agua dentro el área a cargo de Aguas Argentinas, verificados por parte del ente regulador y de la subsecretaría de Recursos Hídricos, según dijo el ministro. Estos temas ya habían generado un cruce entre el Gobierno y la empresa.

"Poner la salud en manos de una empresa que ha demostrado por estos años desdén por llegar a una solución del problema de los nitratos, a pesar de toda la cooperación, asistencia y comprensión que ha recibido del Estado, implicaría un acto de irresponsabilidad frente a los ciudadanos", agregó De Vido.

"El Estado argentino debe protejer de manera prioritaria los más indefensos frente a los abusos cometidos por la empresa Aguas Argentina y la medida se tomó considerando que el acceso al agua es considerado un derecho humano que debe estar basado en la justicia social y requiere que esta realice actitudes positivas", afirmó De Vido.

Alternativas. La concesión del servicio ingresó en un plano de incertidumbre desde que el grupo Suez anunció en octubre pasado su salida como inversor de la Argentina.

El Gobierno intentó seducir al empresario Eduardo Eurnekian, dueño de Aeropuertos Argentina 2000, que incluso viajó a París para negociar el traspaso con el grupo Suez. También hubo interés por parte del grupo Roggio. De hecho, en febrero de este año, el propio De Vido había descartado la posibilidad de que fuera el Estado quien ingresara en la empresa. No obstante, había deja abierta la posibilidad de "analizar" esa posibilidad a futuro.

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