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El Gobierno ya avanza con el fin del congelamiento de tarifas de gas y transporte
En Desarrollo Productivo se armaron equipos de trabajo con las empresas para actualizar las facturas en julio; los boletos de colectivo y tren subirían menos del 10% en mayo
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LA NACIONSofía Diamante
El Gobierno confirmó ayer que no prolongará el congelamiento de tarifas de energía y transporte más allá de mitad de año. En el sector del gas, por ejemplo, ya avanzaron en conformar grupos de trabajo para actualizar el cuadro tarifario. En el mercado eléctrico –más sensible para el Gobierno por el peso que tiene en el gasto en subsidios–, la revisión de tarifas se encuentra más rezagada.
En tanto, en Transporte, el ministro Mario Meoni anunció que los boletos aumentarán hasta un 10% a partir de mayo, aunque luego en su entorno dijeron que el incremento podría retrasarse un mes más.
En el Gobierno señalan que aprendieron de los errores del pasado y que no quieren mantener un congelamiento indefinido de los servicios públicos, ya que eso repercute en las inversiones, baja la producción de gas y se degrada el servicio eléctrico. La historia concluye con un alza en el gasto en subsidios y un rojo en las cuentas públicas por las importaciones de hidrocarburos y el incremento de los costos. En cambio, una señal de precios a las empresas no solo haría crecer la producción, sino que también se convertiría en una nueva fuente de ingreso de divisas, necesarias en un país al que le cuesta hacer crecer las exportaciones.
El costo, no menor, es tener que anunciar un aumento de tarifas. Por eso, en la Casa Rosada ya anticiparon que el objetivo es fortalecer la tarifa social. "Probablemente habrá aumentos de tarifas en junio, pero será en los sectores que los puedan soportar", dijo ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Las empresas energéticas comparten esta visión. Señalan que solo el 12% de los usuarios reciben tarifa social y que hay margen para hacer crecer la base. "Estamos de acuerdo en darle subsidio al que no puede pagar, pero tenemos que cobrarle al que sí lo puede hacer", señalaron en una distribuidora de gas.
En la Subsecretaría de Hidrocarburos ya comenzaron a reunirse con todos los actores y a conformar los equipos de trabajo junto con el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Primero fue el turno, el martes pasado, del encuentro con la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), la cámara que agrupa a las empresas de distribución –Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras–. La semana pasada, se habían reunido también con Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, que tiene a cargo la Secretaría de Energía y, por lo tanto, establece el rumbo de las negociaciones. Hoy, en Energía, recibirán a las transportistas, TGN y TGS, y la semana que viene se convocará a las productoras, entre las que se encuentran YPF, Total, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, Pampa Energía y Compañía General de Combustibles (CGC).
Cada segmento del sector buscará defender sus propios intereses. Las distribuidoras y las transportistas señalan que, mientras las tarifas están congeladas desde abril, sus costos, que están en pesos, aumentan al ritmo de la inflación. En los próximos días se espera que salga un decreto que reglamente lo dispuesto por la ley de solidaridad y se establezca la nueva metodología de actualización, que se llamará revisión tarifaria extraordinaria.
En el caso de las productoras, el precio de gas está pactado en dólares, a US$4,5 por millón de BTU (unidad de medida inglesa que se utiliza en el sector), pero a un tipo de cambio de $41. Nunca se actualizó esta variable y el valor final, con la nueva cotización del dólar, bajó a casi US$3. Este contrato, surgido de las subastas de febrero de 2019, vence el 31 de marzo.
Mientras tanto, el congelamiento iniciado por el gobierno de Mauricio Macri y continuado por el actual ya impactó en la actividad en Vaca Muerta: el mes pasado, la producción de shale gas tuvo un incremento interanual de 12,8%, cuando en enero de 2019 había crecido a un ritmo de 216% interanual, según la consultora G&G.
El avance en la revisión de las tarifas de gas contrasta con la poca información sobre el sector eléctrico. Las empresas apenas tuvieron una reunión de relacionamiento con el secretario de Energía, Sergio Lanziani, y la revisión del servicio quedó en manos del subsecretario de Energía Eléctrica, el también misionero Osvaldo Arrúa, y de Esteban Kiper, gerente general de Cammesa, la empresa encargada del despacho de energía.
La situación en este caso es crítica porque, a diferencia del gas, el sector eléctrico está subsidiado por el Estado. Cammesa compra la energía a las generadoras y la vende a las distribuidoras con un valor de casi 50% del costo.
Salvo Edenor y Edesur, el resto de las empresas distribuidoras dependen de las provincias, que son las que autorizan los aumentos de tarifas. Como ocurrió en el pasado, cuando las distribuidoras dejan de percibir los ingresos para cubrir sus costos, lo primero que dejan de pagar es la compra de electricidad a Cammesa. Esto genera que el subsidio que destina el Estado a la compañía estatal se incremente. Según fuentes del mercado, las empresas ya le deben a Cammesa $66.000 millones. A medida que se incremente esta deuda, y si el Gobierno no cubre la diferencia, la compañía podría retrasar aún más el pago a las generadoras.
En relación con los boletos de colectivo, el ministerio extendió por lo menos hasta el 30 de abril las compensaciones para el transporte público urbano e interurbano a través de la reactivación del Fondo Compensatorio de Subsidios de pasajeros. Según indicaron, se destinarán $6000 millones a las provincias para afrontar el congelamiento.
