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El negocio de vender fuera de la ley mueve el 5% del PBI
Un estudio de Insight LAC sostiene que las diferencias de precios, los impuestos y las barreras regulatorias favorecen el comercio ilegal; en medio de los nuevos acuerdos para reforzar los controles, plantea que las plataformas digitales pueden colaborar con el Estado, pero no reemplazar su función de fiscalización
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
En medio del debate sobre cómo combatir el contrabando y la comercialización de productos ilegales en la Argentina, un nuevo informe advirtió sobre los riesgos de trasladar a las plataformas de comercio electrónico responsabilidades de fiscalización que corresponden al Estado. El estudio, elaborado por Insight LAC, sostiene que la información que generan las operaciones digitales puede convertirse en una herramienta para detectar irregularidades, pero cuestiona la imposición de obligaciones generales de vigilancia sobre las empresas del sector.
El trabajo, titulado Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, se conoce en una semana en la que el Gobierno, la Unión Industrial Argentina (UIA) y Mercado Libre sellaron un acuerdo para fortalecer los controles sobre el comercio irregular.
Según el informe, el comercio ilícito representa el 5,06% del producto bruto interno (PBI) argentino, una estimación que da cuenta de la magnitud del problema. Sin embargo, los investigadores advierten que la informalidad comercial comprende situaciones diferentes, que van desde la evasión tributaria y las infracciones aduaneras hasta el contrabando, la venta de artículos sin las certificaciones exigidas y la falsificación de productos. Por caso, ARCA hoy informó que detectó 15.000 relojes inteligentes con presunto fraude marcario durante un operativo en el Puente Internacional Salto Grande, en Entre Ríos. La mercadería fue valuada en unos $450 millones.
Esta distinción resulta relevante, según el estudio, porque no todas las irregularidades tienen las mismas causas ni pueden abordarse con los mismos instrumentos de control.
Uno de los factores que favorecen el desarrollo de los mercados paralelos es la diferencia de precios entre los productos comercializados por canales formales e informales. En el caso de los artículos electrónicos y celulares de alta gama, la brecha alcanza entre el 30% y el 40%, de acuerdo con estimaciones de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) citadas en el trabajo.
El informe también señala que, en el caso de los cigarrillos, la carga impositiva representa alrededor del 80% del precio final, mientras que un relevamiento de prendas equivalentes en la zona de La Salada y Flores mostró precios entre 3,7 y 4,5 veces más bajos que en el canal online formal, según el producto.
Para Insight LAC, estas diferencias muestran que el comercio irregular no responde únicamente a la falta de fiscalización, sino también a los incentivos económicos que generan los impuestos, los aranceles y los costos regulatorios.
El papel de Mercado Libre y las plataformas
El informe se publica en un contexto de mayor cooperación entre el sector público y las empresas tecnológicas para identificar mercadería irregular. El lunes, el Gobierno, la UIA y Mercado Libre anunciaron un acuerdo destinado a fortalecer el intercambio de información y los mecanismos de control sobre determinados productos comercializados a través de plataformas digitales.
El estudio sostiene que los marketplaces pueden contribuir a combatir la informalidad gracias a la información que registran sobre vendedores, transacciones y medios de pago. Sin embargo, advierte que la capacidad técnica de registrar operaciones no implica que deban asumir funciones de fiscalización aduanera o de control que son propias del Estado.
Según el trabajo, algunos marketplaces cuentan con mecanismos de identificación de vendedores, historiales de operaciones, herramientas de detección de publicaciones sospechosas y canales de cooperación con las autoridades.
Además, el uso de medios de pago electrónicos permite una mayor trazabilidad de las operaciones. En 2025, el 67% de las compras online se pagó con tarjeta de crédito, el 10% con tarjeta de débito y el 22% mediante billeteras virtuales o transferencias. El efectivo representó apenas el 1%, de acuerdo con los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) citados en el informe.
En ese marco, los autores cuestionan la posibilidad de establecer un régimen de responsabilidad objetiva y solidaria, por el cual las plataformas deban responder por productos ilícitos o defectuosos comercializados por terceros, independientemente de su conocimiento o intervención.
Para dimensionar los posibles efectos, el informe recupera un estudio de 2022 elaborado por SmC+ Digital Public Affairs y la CACE, que estimó que un esquema de esas características podría afectar a más de 31.000 vendedores y hasta 47.000 puestos de trabajo, además de provocar una caída de entre el 1,1% y el 1,5% en el volumen del comercio electrónico.
Las propuestas para combatir el contrabando
En lugar de imponer obligaciones generales de vigilancia a las plataformas, Insight LAC propone fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado mediante un mayor aprovechamiento de la información que ya existe.
Entre las recomendaciones figura integrar los datos de ARCA, la Dirección General de Aduanas y otros organismos técnicos para construir perfiles de riesgo que permitan identificar operaciones sospechosas y concentrar los controles en los casos de mayor probabilidad de irregularidad.
El informe también plantea reducir las diferencias regulatorias entre los regímenes de importación, simplificar los procesos de certificación y homologación de productos y revisar los costos que dificultan el ingreso de mercadería al circuito formal.
Otra de las propuestas apunta a facilitar la formalización de pequeños vendedores mediante mecanismos simplificados de asistencia y regularización tributaria, con la eventual colaboración de las plataformas digitales.
Finalmente, recomienda desarrollar un sistema permanente de estadísticas sobre comercio electrónico e informalidad que permita medir con mayor precisión la evolución de estos mercados.
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