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El “RIGI” de las pymes: por qué la iniciativa para impulsar las pequeñas inversiones todavía no despega
El RIMI ofrece amortización acelerada en Ganancias y devolución anticipada de IVA, aunque el desconocimiento del programa y las exigencias para acceder limitan su uso
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LA NACIONMelisa Reinhold
El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) nació con el espíritu de estimular las inversiones de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Con distintos beneficios impositivos, el Gobierno buscó facilitar la compra de bienes de capital y la ampliación de la capacidad productiva. Sin embargo, a casi dos meses de reglamentada la iniciativa, su llegada al universo empresario enfrenta varios obstáculos y son pocas las industrias que efectivamente le sacan provecho.
El proyecto se creó de la mano de la Reforma Laboral, una decisión que intentó equiparar a los empresarios más pequeños con los incentivos que tenían las grandes compañías con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa contempla dos beneficios centrales: la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA, cuyo plazo se reduce de seis a tres meses. Así, las pymes podrían mejorar su flujo de fondos y acortar el tiempo que necesitan para recuperar parte del capital invertido.
“Los clientes se acercaron a averiguar, pero encontraron una vara muy alta para el acogimiento de cada uno de los tramos de inversión. A esto se le sumó que surgieron dificultades para aquellas empresas que no tenían el Certificado MiPyME vigente al primer día del ejercicio en que hicieron la primera inversión, por lo que perdieron el beneficio sobre los bienes comprados. Terminó generando mucho esfuerzo, y muchas perdieron el interés. Si fuese más fácil, podría ayudar al rubro”, consideró Guillermo Poch, socio de Auren Argentina.
Las condiciones de acceso redujeron el atractivo del esquema, especialmente para las compañías más chicas. Según la categoría de la empresa, los pisos van desde US$150.000 para las microempresas hasta US$600.000 para las pequeñas, US$3,5 millones para las medianas del tramo 1 y US$9 millones para las medianas del tramo 2. Estos umbrales no se aplican a todas las inversiones: ciertos bienes y equipos vinculados con el riego agrícola, las mallas antigranizo, la eficiencia energética y determinados animales reproductores pueden acceder sin un monto mínimo.
“Existen pymes interesadas en la adhesión al RIMI, pero muchas de ellas se hacen eco de que el piso mínimo de inversión es muy alto. Hablamos de US$9 millones en el caso de las empresas medianas y, en las circunstancias en las que estamos, con la recesión del mercado y del consumo, es un monto que puede ser muy ato. La mayoría de las empresas interesadas son del rubro agroindustrial, porque no tienen un piso mínimo en ciertas categorías”, explicó Claudia Pose, socia de Impuestos de BDO en la Argentina.
El sector agroindustrial aparece, en cambio, entre los que podrían encontrar oportunidades más concretas. Las inversiones en sistemas de riego y en determinados equipos de eficiencia energética no están sujetas a los pisos generales, y pueden amortizarse fiscalmente en un plazo más corto. Para las empresas que tienen ganancias imponibles, ese beneficio permite anticipar deducciones y mejorar el resultado financiero de la inversión.
Otro límite está en la definición de los bienes alcanzados. La normativa exige, para determinadas inversiones, que se trate de bienes muebles nuevos amortizables en Ganancias —con excepción de los automóviles— y que estén comprendidos en las categorías admitidas. Esto puede dejar afuera proyectos que, aunque estén vinculados con la actividad productiva, no encuadren de manera precisa en los listados vigentes.
Para Pose, la devolución del crédito fiscal de IVA también genera dudas. Aunque la normativa acorta de seis a tres meses el plazo de devolución de estos créditos fiscales, su aplicación está sujeta a un cupo presupuestario anual. La reglamentación establece un límite vinculado con los recursos previstos en el presupuesto y un mecanismo de solicitudes que puede hacer que la posibilidad de recuperar esos fondos dependa de la disponibilidad del cupo.
“Se está desincentivando el beneficio del IVA, porque se sabe que los cupos a veces se cubren rápidamente. El que llega primero, gana. Ahora bien, lo de la amortización acelerada de Ganancias está perfecto y se festeja. Pero también hay que tener en cuenta que los beneficios dependen, en parte, de la adhesión y la reglamentación de las provincias”, sumó Pose.
Una encuesta del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE) de la Universidad Austral refleja la distancia entre el diseño del instrumento y el interés que despierta entre las compañías. Consultadas sobre la posibilidad de utilizarlo durante los próximos 12 meses, solo el 3% respondió que prevé hacerlo. En cambio, el 48% dijo que no lo utilizará, el 22% afirmó que todavía lo está evaluando y el 27% reconoció que desconoce el régimen.
“El dato del RIMI merece atención porque muestra una brecha entre la existencia de un instrumento de incentivo y su llegada efectiva al universo pyme”, señaló José María Corrales, profesor y director académico de la célula de programas de Dirección de la PyME de IAE Business School, cuando se publicó el informe a finales de agosto. El relevamiento, aclaró, mide el conocimiento y las expectativas de uso, pero no permite determinar cuál será el impacto efectivo del programa sobre las inversiones.
Por Melisa Reinhold
