El Senado frenó un pago millonario al grupo Greco

En una decisión inédita y cargada de suspicacias, el bloque de senadores oficialistas resolvió ayer desestimar la aprobación de un proyecto de ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a emitir bonos de consolidación por 1300 millones de pesos. La medida está fundamentada en la escasa claridad e información acerca de la decisión del Ministerio de Economía de destinar 598 de esos millones al pago de un resarcimiento judicial a familiares y herederos del otrora poderoso grupo Greco.

"El proyecto no se va a tratar. El bloque necesita tener más información sobre ese pago porque las cosas no están claras. El Poder Ejecutivo no quiere pagar esa suma", afirmó ayer a LA NACION el jefe del bloque kirchnerista de la Cámara alta, Miguel Pichetto.

Además, el legislador admitió que la situación se asemeja mucho a la que se vivió con el grupo Meller, que terminó con la destitución de dos jueces de la Corte Suprema, impulsadas por este gobierno, por haber autorizado un resarcimiento por incumplimiento de un contrato considerado irregular.

En este caso, la única justificación de Economía es que el pago al grupo Greco obedecía a la ejecución de una sentencia judicial en favor de los Greco, quienes denunciaron el incumplimiento de un convenio que habían sellado con el gobierno de Raúl Alfonsín y que les reconocía un reivindicación económica por la expropiación sufrida en 1981

Esa sentencia fue dictada el 28 de diciembre de 2001, cuando el país ardía en una de sus peores crisis, y nunca fue apelada en recurso extraordinario ante la Corte Suprema, lo que llevó a Pichetto a afirmar que en el caso "hubo una mala defensa de los intereses del Estado".

Con su declaración, el senador le puso punto final a uno de los temas más controvertidos del final del año parlamentario debido a la poca información suministrada por el Ministerio de Economía sobre las causas que lo llevaron a impulsar el pago de una cifra varias veces millonaria a miembros de un grupo económico que quebró en 1980, algunos de los cuales purgaron condena en prisión por envenenamiento de vino con alcohol metílico, y que fue expropiado por el gobierno militar en 1981 para evitar una quiebra generalizada de la economía mendocina.

Entre otras empresas que formaron parte de aquel conglomerado económico figuran el Banco Los Andes y la bodega Arizu Villa Athuel.

Pero lo más llamativo del caso es que la revisión del controvertido pago realizada en el Senado -el proyecto fue sancionado sin mayores objeciones en la Cámara de Diputados-, sólo se produjo por la negativa de un legislador, el radical jujeño Gerardo Morales, a aprobar la semana pasada y sobre tablas el proyecto del Poder Ejecutivo sin antes tener un detalle de la lista de proveedores a los que le pensaba pagar el Estado con una partida de 710 millones de bonos de consolidación.

Solamente allí el Palacio de Hacienda remitió un listado de las deudas que se pretendían cancelar, a partir del cual surgió el dato de que 598 millones de pesos correspondían a familiares y herederos del grupo Greco. Esos fondos estaban incluidos en el mismo concepto junto con la cancelación de deudas previsionales y por el Programa de Propiedad participada (PPP) de la desaparecida YPF. La nómina fue elaborada por Jorge Amado, director de Administración de la Deuda Pública.

Por Gustavo Ybarra

---

Conforme a