Coronavirus. El empleo durante y después de la cuarentena, ¿qué pasará en el mercado laboral?

Carteles pegados en las vidrieras o en las puertas con agradecimientos a quienes "nos acompañaron durante años". Mensajes en las redes sociales para comunicar una decisión que en estos días no esconde ningún misterio sobre sus razones. Por dentro, locales con estructuras desarmadas o a medio desarmar. Por fuera, la vista de persianas bajas.

En este sexto mes del año, dentro del cual se cumplieron 100 días del aislamiento social obligatorio dispuesto por decreto ante la pandemia del Covid-19, las imágenes que reflejan la realidad del creciente cierre de locales son cada vez más frecuentes. Detrás de cada no vuelta a la actividad, que no se da ni se dará solo en el comercio, hay puestos de trabajo que se pierden y una nueva realidad de ausencia o disminución fuerte de ingresos en miles y miles de hogares.

En los últimos días se conocieron varios datos y estimaciones sobre las consecuencias que la pandemia y la cuarentena tienen y tendrán en el mundo laboral. El número de trabajadores declarados al sistema jubilatorio nacional, por caso, cayó en abril a 7.789.348: fueron 91.237 menos que en marzo, mientras que también hubo 12.619 empleadores menos que presentaron declaraciones por ese mes, según el Boletín de Seguridad Social de la AFIP. La estadística también muestra que en el cuarto mes del año hubo caídas mayores al 7% en las cantidades de autónomos y de monotributistas que pagaron aportes (las cifras ya mostraban una tendencia a la baja en los meses previos).

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), citado en un reporte reciente de Naciones Unidas, estima que este año se perderán en nuestro país entre 750.000 y 852.500 ocupaciones laborales, dependiendo de si la caída del producto bruto es finalmente de 8,25% o de 10% (ese rango de disminución de la actividad está en la proyección de la OCDE, que no es lejana ni a la del FMI, que prevé una baja de 9,9%, ni a las estimaciones hechas a principio de este mes por economistas locales y publicadas por el Banco Central en su informe sobre el Relevamiento de Expectativas de Mercado).

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec permiten estimar que en el primer trimestre del año había en los centros urbanos del país unos 17,23 millones de ocupados, por lo cual la pérdida estimada sería de entre 4,4% y 5%. Pero esos índices no llegan a reflejar otras consecuencias, como el deterioro de calidad en el nivel general del empleo que dejaría la recesión, y la mayor cantidad e intensidad de períodos de inactividad y falta de ingresos que sufren y sufrirán muchas personas. En la Argentina, aproximadamente la mitad de quienes trabajan (considerando a asalariados y cuentapropistas) lo hace en la informalidad y, muchas veces, en condiciones de alta precariedad y con intermitencia.

Según los resultados de un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), hasta ahora cerraron entre 20.000 y 25.000 locales en la ciudad de Buenos Aires y unos 15.000 en el interior del país.

Al tiempo en que se dieron o se dan esas decisiones respecto de locales de rubros no habilitados, o de algunos que con algún tipo de reapertura lograron ventas demasiado bajas en relación a las que antes eran habituales, ocurrió también en varios casos el regreso a la actividad, aunque ahora en eso habrá una regresión por al menos casi tres semanas, dado el endurecimiento de las condiciones de la cuarentena anunciado el viernes último para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Un informe de la Fundación Observatorio Pyme de mediados de junio señala que un 15% de las 1700 pequeñas y medianas empresas consultadas para ese estudio seguían a principios de este mes totalmente no operativas, mientras que en abril el 54% se había declarado en esa situación. Pero aun así, tan solo el 20% de las pymes operativas tienen este mes al 100% de su personal trabajando. Y la crisis afecta más a las unidades más chicas: el 17% de las microempresas (hasta 9 trabajadores) tienen a todo su personal inactivo, en tanto que esa variable afecta al 2% de las firmas de entre 250 y 800 empleados.

Existen factores que ponen resistencia y evitan una mayor caída de puestos de trabajo. "Creo que tuvo su impacto el programa ATP [por el cual el Estado se hace cargo de abonar parte de los salarios a empleados de empresas privadas], el hecho de no pagar todas las cargas sociales y la mayor cantidad de suspensiones", señala Luis Campos, economista y coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

Las suspensiones por acuerdos de partes están expresamente habilitadas por el decreto con el cual el Poder Ejecutivo prohibió los despidos, una medida en un principio vigente por 60 días y luego prorrogada hasta el 31 de julio. Esas suspensiones implican el pago de asignaciones no remunerativas que equivalen a una parte del salario (habitualmente, entre 70% y 75%). Si bien no hay un dato oficial de cuántos trabajadores están afectados por esa situación, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo muestra que en abril un 7,5% de las empresas con 10 o más empleados aplicaron esta práctica, contra un 4% de abril de 2019.

Un mercado segmentado

Ese mismo relevamiento mostró para el cuarto mes del año una caída interanual del empleo del 3,1% en el citado universo de empleadores formales, con un desplome en la construcción (21%) y efectos mucho más moderados en los sectores de servicios. El hecho de que este último rubro se vea menos impactado es un hecho que se limitaría al espacio de las empresas formales: en el cuentapropismo de oficios y especialmente entre quienes están en la informalidad, los efectos de no haber podido o de no poder trabajar son significativamente elevados. En este último segmento, según define la economista Roxana Maurizio, hay "transiciones de corto plazo" entre la inactividad (son personas que no pueden trabajar ni encaran en estos tiempos, lógicamente, la búsqueda de un puesto) y la ocupación (condición a la que vuelven o volverán según la dinámica de las condiciones de la cuarentena o según las flexibilizaciones de hecho).

"Este segundo trimestre no es un período homogéneo -dice Campos-; en abril el cuentapropismo se derrumbó y en junio parecería que se empezó a recuperar un poco; lo que en abril era desocupación o inactividad, en junio puede ser cuentapropismo". A la vez, claro, surgen decisiones de cierres definitivos de empresas.

Esa heterogeneidad dentro del trimestre influye en cuál podría ser el índice de desocupación de estos meses. El dato se conocerá, según el calendario del Indec, en septiembre. Un informe recientemente emitido por el organismo oficial de estadísticas reveló que en el primer trimestre de este año el 10,4% de la población que se declaró activa (tiene empleo o lo busca) estaba desocupada. "En lo inmediato, se prevé que la tasa de actividad [la proporción de personas laboralmente activas sobre la población total] no aumentará [más bien, podría ocurrir lo contrario]; entonces, no va se va a incrementar la tasa de desocupación", considera Juan Luis Bour, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Como el índice de desempleo muestra cuál es el porcentaje de personas que no encuentran trabajo sobre el total de las que se declaran activas, entonces una caída del empleo no se traduciría, en el escenario previsto, en una suba de la tasa de desocupación, sino en una mayor cantidad de inactivos. ¿Las razones? La fuerte caída de la actividad, la falta de contrataciones y las dificultades para circular desalientan las búsquedas por parte de quienes se quedan sin ocupación. En todo caso, agrega Bour, habrá que ver qué ocurre hacia octubre y noviembre con los indicadores laborales.

"Es esperable que cuando se afloje con los subsidios transitorios haya una mayor caída del empleo formal", considera el economista. Y advierte que, más allá de que se prorroguen las medidas restrictivas -como la prohibición de despedir-, más empleadores podrían decidir que no seguirán con sus negocios. Por otro lado, señala que una recuperación del mercado laboral no llegará al mismo tiempo que un repunte de la actividad.

Habrá que esperar, en todo caso, a que en primer lugar esté operativa toda la fuerza laboral que está ahora con suspensiones o con reducción horaria. Y habrá que ver en qué condiciones y con qué visión de sostenibilidad llega el rebote económico.

De hecho, aun cuando las proyecciones de los economistas marcan que en 2021 habría un signo positivo en la variación del PBI -un avance que, se según estima, apenas se acercaría a la mitad de lo que se caería este año-, la mayoría de los empleadores no cree que en ese período haya novedades en cuanto a la generación de puestos de trabajo.

Según un relevamiento hecho en los últimos días por SEL Consultores entre 92 empresas líderes de mercado, un 20% considera que la reactivación del empleo llegará en el primer semestre de 2021; un 21% cree que eso será en la segunda parte del año próximo, y un 17%, según datos aportados por María Laura Cali, directora de la consultora, evalúa que recién en 2022 podría haber buenas noticias. ¿Y el 42% restante? Dijo no saber.

Maurizio, que es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, advierte que un efecto posible en el mediano plazo es un ajuste por el lado de la calidad de las ocupaciones. "El empleo formal cae, pero no tanto como el informal, porque de por sí la legislación lo protege más y, además, porque están los programas de sostenimiento" con ayudas estatales para pagar salarios. Las diferencias en el comportamiento entre segmentos (formal e informal) traería, para los datos estadísticos, una mejora en la calidad del empleo. Pero sería algo solo temporario: "En la medida en que pase el tiempo, podría pasarse más de lo formal o a lo informal, porque parte del ajuste vendrá por ese lado", señala Maurizio, a la vez que advierte sobre los efectos en los ingresos.

Consecuencia en los bolsillos

En el caso de los asalariados formales -y más allá de quienes directamente pierdan sus puestos (por el cierre de empresas y, en algunos casos, por "retiros voluntarios" decididos por los empleadores), el efecto en los bolsillos se da por una de diferentes causas: la caída del poder adquisitivo que produce la inflación en un escenario de suspensión de las negociaciones salariales o de freno a la aplicación de subas antes previstas; la reducción nominal de los sueldos, o la inclusión de los trabajadores en el esquema de suspensiones acordadas.

En la informalidad, la afectación es más grave y la cuarentena significó en muchos casos la anulación de los ingresos. Desde el Gobierno se dispuso el pago del Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000, que contempla (entre otros grupos de personas) a los informales, y que en esta época de "los 100 días de cuarentena" se está abonando por segunda vez.

Más allá de que la reacción no sea inmediata, el economista Eduardo Fracchia señala que "a grandes rasgos lo que pase con el empleo queda supeditado a lo que pase con el PBI" en los tiempos pospandemia. Y define tres variables cuyos comportamientos influyen, a su vez, para esa evolución (o no evolución) de la actividad: la inversión, la exportación y el consumo. "En lo que hace a la inversión, hoy está comprometida por el factor credibilidad; la exportación, que es una válvula pequeña para la Argentina, es un factor que depende mucho de las condiciones externas; y, en cuanto al consumo, no se sabe aún cuál será el comportamiento tras la pandemia: si habrá, por ejemplo, una actitud de temor que lleve e cuidar más cada peso", señala Fracchia, que es director del Área Académica Economía del IAE Business School.

"Otro factor de peso es contar con el famoso plan económico; tener un presupuesto, un programa fiscal, uno monetario... hoy el ministerio está muy concentrado en el tema de la deuda y no tiene el plan", agrega.

Condiciones para una salida

Terminar de cerrar el conflicto por la deuda pública y abrir gradualmente la actividad manteniendo el cuidado de la salud y del sistema sanitario son, según la opinión de Bour, dos cuestiones básicas a la hora de definir cómo se sale de esta situación. Y habrá que ver, agrega, cuál será la reacción de la política económica: "Por ahora no hay política económica, no hay presupuesto, nada... Ni pensar en políticas de empleo", señala.

"El gran motor del empleo es la macroeconomía, pero las políticas activas pueden ser útiles para apuntalar oportunidades ", analiza Manuel Mera, investigador asociado del Programa de Protección Social del Cippec, quien advierte que los datos laborales en el punto de partida (antes de la pandemia) ya eran malos y mostraban comportamientos marcados por desigualdades, que ahora no hacen más que profundizarse.

De la etapa previa, el informe de la ONU puntualiza que entre 2012 y 2019 el PBI per cápita (lo que produce el país dividido por su cantidad de habitantes) cayó un 11%, mientras que el empleo privado disminuyó un 1,1%. En varios períodos, de hecho, solo creció la ocupación en el sector público. Ahora mismo no cede el número de nombramientos para ocupar cargos, según lo que se publica a diario en el Boletín Oficial. Ello, en tiempos en que el gasto estatal crece a ritmo muy acelerado: en mayo fue superior en un 96,8% al de igual mes de 2019, en tanto que la recaudación de recursos subió nominalmente solo 2,4%.

Ante el desequilibrio creciente de las cuentas, la necesidad de recursos para atender la emergencia dando ayudas a empresas y a hogares se resuelve con emisión monetaria. "En el corto plazo ese es el camino; no hay alternativa", señala Fracchia respecto de esa acción, que terminaría por impactar en precios en unos meses, aunque no está claro con qué fuerza.

Los desequilibrios, además de limitar el poder de fuego del Estado (las erogaciones del sector público para ayudar de cara a la recesión son mucho menores, en términos de PBI, a las de muchos países, según observa Fracchia), limitan posibles planes para una salida. "Activar la obra pública y la construcción es algo que tendría un impacto muy rápido en el empleo, pero hay que ver qué margen tendría el Estado, cuando también se tiene que hacer cargo de tantos desequilibrios de la macro", analiza Campos.

El economista de la CTA dice que no hay chances para una recuperación económica rápida, porque varios factores indican que la salida de la crisis sanitaria será gradual y con idas y vueltas. Prueba de ello son las medidas anunciadas el viernes último. "Cualquier decisión de retrotraer medidas [de la apertura progresiva de la cuarentena] va a tener un impacto; pero, de igual manera, si tenés una saturación del sistema sanitario eso también va a impactar en la actividad y en el empleo", sostiene.

Campos recuerda que la Argentina arrastra problemas económicos gravísimos desde antes de la cuarentena y advierte que, entonces, para la salida de la crisis hay que ver qué pasa con esos aspectos (como el de la solución o no solución al tema de la deuda) y evaluar las posibilidades hacia adelante desde una óptica más amplia: "Está la pregunta histórica de qué va a producir este espacio común llamado Argentina; tal vez sea un buen momento para pensarlo".