Crisis laboral: qué va a pasar en 2021 con el empleo en la Argentina

Llueve sobre mojado. La imagen podría aplicarse a lo que pasó y está pasando este año en la Argentina en materia laboral, claro que sin el significado de bendición que el hecho de la naturaleza podría tener para un cultivo que había recibido algo de agua y necesitaba más. Se trata, en el caso del mundo del empleo en nuestro país, de una crisis, la provocada por la pandemia y la cuarentena, que llegó en medio de una crisis, la de un mercado de trabajo que no genera un número significativo de puestos formales en el sector privado de la economía desde hace muchos años, y en el que persisten altos índices de informalidad y precariedad.

El último dato de empleo asalariado registrado de la actividad privada muestra que en septiembre pasado los empleadores declararon ante el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 5.775.712 empleados. Es una cifra casi igual a la de octubre de 2010, una década atrás. En febrero de este 2020, el mes previo a la llegada del coronavirus a la Argentina, los puestos declarados habían sido 6.023.797, es decir, 248.085 más que en septiembre. Si se mira toda la serie de datos publicada por el Ministerio de Trabajo, que se inicia en enero de 2009, el número nunca se despegó mucho de ese nivel: el más alto fue el de marzo de 2018, con 6.322.588 empleos.

El sector formal de la economía fue, clara y previsiblemente, el menos afectado por los daños del fuerte freno sufrido por la actividad económica que, en términos interanuales y desestacionalizados, cayó 16,2% y 12,8% en el segundo y en el tercer trimestre, respectivamente, según el Indec. En el primero de esos períodos, caracterizado por la cuarentena más dura, hubo una caída de 1.695.000 puestos asalariados informales, 1.773.000 ocupaciones de cuentapropistas y 289.000 empleos bajo relación de dependencia formales, según un informe del instituto de estadística.

A la par del estancamiento del empleo privado (y de incrementos de alrededor de 25% entre 2012 y este año del número tanto de asalariados estatales como de monotributistas), los problemas en la calidad del empleo son también una cuestión de larga data. En un escenario con debilidades, en el que más de la mitad de los trabajadores no tiene un empleo en el que se cumplan plenamente los derechos, las tablas tambalearon con fuerza, aun con las medidas de protección dispuestas por el Gobierno, como la prohibición de los despidos y las ayudas a empresas para el pago de sueldos. La realidad laboral caracterizada para tantas personas por la vulnerabilidad es causa y es efecto de los altos índices de pobreza del país.

Un informe difundido por el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, basado en los resultados de un relevamiento propio hecho en 5760 hogares entre julio y octubre últimos, muestra que quienes en 2019 tenían empleo pleno (asalariados registrados y cuentapropistas con continuidad en las tareas y con aportes jubilatorios), el 74,1% lo mantuvo este año, mientras que el 18,6% pasó a tener un empleo precario (dependientes sin aportes y trabajadores por cuenta propia sin aportes y/o sin continuidad), otro 1,3% está ahora en un subempleo inestable (personas ocupadas en tareas temporarias de bajos ingresos y beneficiarios de planes con contraprestación), y un 6,1% sufre el desempleo. A su vez, entre quienes estaban desocupados el año pasado, el 26,5% sigue en esa situación, mientras que el 65,9% tiene una ocupación precaria o una subocupación inestable. Y solo el 7,6% se insertó en un empleo pleno.

Si se mira la foto de hoy, una vez más se observa que las cifras son indicativas de la persistencia de problemas: según el relevamiento del ODSA, del total de personas laboralmente activas el 43,6% tiene empleo pleno este año (más específicamente, en el período en el que se hizo la encuesta); el 27,4%, empleo precario; el 14,8%, subempleo inestable, y el 14,2% está en el desempleo. Los datos son peores que los de 2019, pero no son sustancialmente diferentes a los de los últimos diez años.

Una particularidad de este 2020 pandémico fue la muy fuerte caída del porcentaje de la población que trabaja o busca trabajo. Las restricciones a la actividad no solo económica, sino general, hizo que muchos de quienes no pudieron hacer las tareas que venían haciendo se vieran también imposibilitados de buscar alguna otra ocupación. Eso frenó el aumento del índice de desempleo, que se define como el porcentaje de personas que buscan y no encuentran una ocupación laboral.

En el tercer trimestre, ya con algún rebote de la actividad y según datos del Indec, las tasas de personas activas y de empleo se ubicaron en 42,3% y 37,4% en cada caso (son porcentajes sobre la población total de los 31 centros urbanos medidos por la Encuesta Permanente de Hogares), contra los índices de 47,2% y 42,6% del mismo período de 2019, y los de 38,4% y 33,4% del segundo trimestre de este mismo año.

Eso significa, si se extrapolan los datos a toda la población urbana del país, que entre julio y septiembre de este año hubo 2 millones de personas ocupadas menos que en igual período de 2019. Como contrapartida, hubo 200.000 personas más consideradas por la estadística como desocupadas, y 1,8 millones personas menos buscando trabajo. Si los incluidos en este último grupo no se hubieran declarado inactivos, la tasa de desocupación habría resultado más elevada.

El futuro cercano

A partir de ese escenario, ¿qué podría pasar en los próximos meses? Algo que se observa ya desde hace unos meses, señalan los analistas, es el regreso al trabajo de muchos informales. "Eso significa un alivio para los niveles de pobreza e indigencia, porque es mucho más importante un ingreso laboral, aun cuando sea precario e informal, que un programa social", señala Agustín Salvia, director del ODSA, sociólogo e investigador del Conicet.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de hecho, significó para cada beneficiario un monto de $10.000 que fue cobrado tres veces en el período extendido entre abril y septiembre, a razón de $5000 mensuales. Varios funcionarios generaron expectativas por un cuarto pago que, finalmente, no llegó. Mientras tanto, un informe del Indec difundido el martes último indica que en el tercer trimestre quienes tuvieron trabajo asalariado informal percibieron, en promedio, $17.215 mensuales, mientras que entre los no asalariados (la mayoría, no registrados), el monto promedio fue de $22.591. Son cifras no muy lejanas al valor de la canasta de pobreza para una persona, hoy de $16.756.

Según destaca Salvia, en su regreso al trabajo el sector informal hizo una "reconversión impresionante", a partir de la capacidad de supervivencia de personas que se las rebuscaron para poder ofrecer bienes y servicios con alguna demanda.

Más allá de eso, agrega, hoy existe un elevado grado de incertidumbre, que no solo no permite saber qué pasará en los próximos meses, sino que también moldea ese futuro inmediato. Ocurre que, incluso en sectores de la sociedad que hoy probablemente cuentan con más recursos que los que tendrían si las posibilidades de consumo no se hubieran limitado este año, se mantiene un clima de austeridad a la hora de tomar decisiones, justamente porque no se sabe qué vendrá hacia adelante. "Hoy nada le está cambiando la expectativa a la gente; no hay señales económicas para la certidumbre", advierte el sociólogo, con la mirada puesta en la responsabilidad de la política.

A las consecuencias sobre las decisiones de las familias, se suman los efectos de la incertidumbre sobre la inversión privada, en tiempos en que "la inversión pública está condicionada por las limitaciones del espacio fiscal", según analiza Christoph Ernst, director de la Oficina de Buenos Aires de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Este fue un año atípico por el coronavirus, pero la tendencia en el mercado laboral argentino no se vio alterada -puntualiza el economista Jorge Colina, del instituto Idesa-. Desde 2012, el empleo asalariado registrado en empresas no crece y lo que más aumentó fue el cuentapropismo no profesional; 2020 empezó con un crecimiento del empleo informal y una caída del formal".

Colina dice que en 2021 seguirá la tendencia a una expansión de los trabajos no registrados. Dicho sea de paso, las estadísticas de este 2020 muestran una reducción en los índices de informalidad que, obviamente, no reflejan ninguna mejora de la situación, sino tan solo el hecho de que la caída del número de ocupaciones fue mucho más fuerte en el sector no registrado, que así perdió participación en el empleo total.

En lo que al trabajo en blanco se refiere, Colina considera que el teletrabajo va a motorizar un cambio a favor del cuentapropismo. La modalidad de hacer tareas fuera del espacio tradicional de trabajo "les demostró a los departamentos de recursos humanos que los profesionales y analistas pueden, a distancia, ser tanto o más productivos que en la oficina". Para reforzar la idea de que la tendencia se impondrá, el economista señala que influyen también otros factores, como los menores costos, por conceptos como mantenimiento, comida, café, transporte y otros. Los profesionales y analistas que ya son asalariados, agrega, seguirán en esas relaciones laborales, pero en muchos casos con un régimen mixto de teletrabajo y oficina.

El mix dependerá no solo de las decisiones de empleadores y empleados, sino del impacto que tenga finalmente la puesta en vigencia de la ley de teletrabajo aprobada por el Congreso que, paradójicamente y según advirtieron durante el debate legislativo no pocos actores de la economía, será un desincentivo para las contrataciones de personal que haga trabajo a distancia.

Además del teletrabajo, la mayor digitalización y el creciente uso de servicios de comercio electrónico y de delivery serán, según evalúa Ernst, las tendencias que seguirán en pie una vez superada la pandemia y que, en alguna medida, definirán por dónde se moverá el mercado de trabajo en el futuro cercano.

"Los sectores que en los próximos meses estarán más activos con búsquedas de trabajadores son los mismos que mejor resistieron la pandemia", describe por su parte Matías Ghidini, general manager de la consultora de recursos humanos Ghidini Rodil. Y enumera: las firmas de tecnologías de la información; las de comercio electrónico; la logística liviana, tanto en lo referido a los correos tradicionales como a las empresas de economías de plataforma; las fintech y las agrotech (firmas de finanzas y de agricultura basadas en el uso de recursos tecnológicos), y los laboratorios junto a algunos otros sectores de servicios para la salud.

Por el lado de las regulaciones hoy vigentes, se evalúa que podrían perder efectividad en su meta de protección de puestos de trabajo, según con qué intensidad se den tanto la recuperación de la actividad como las ayudas estatales de acompañamiento a las empresas. "La prohibición de despidos está financiada con los ATP [subsidios estatales o préstamos para el pago de sueldos] y con los acuerdos de reducción de costos laborales; si se sacan estas dos ayudas y si encima las unidades productivas tienen que trabajar con capacidad reducida por los protocolos, para muchos empleadores va a ser insostenible cumplir con la prohibición de los despidos -advierte Colina-. Los despidos van a ocurrir igual y habrá acuerdos con los trabajadores o litigiosidad".

Estrategias que faltan

¿Cómo se administra la salida de una medida así, que, sobre todo en el caso de algunas grandes empresas, no impidió que se redujeran dotaciones por la vía de acuerdos de retiros voluntarios (al menos, voluntarios en los papeles)? "Es difícil que la salida no sea traumática cuando no hay crecimiento económico (porque lo que habrá, en realidad, será una recuperación parcial de la actividad perdida por el confinamiento) y cuando el costo del empleo asalariado es prohibitivo", considera Colina. Y agrega que "definitivamente el empleo asalariado registrado en empresas en la Argentina entró en una crisis, de la que no se saldrá si no hay una modernización de las leyes de contrato de trabajo y de negociación colectiva".

En la opinión de Salvia, la prohibición de despidos funcionó muy bien con el ATP, pero eso se agota y a esa realidad se suma que las empresas, aquí y en el resto del mundo, vieron en muchos casos que pueden funcionar con menos gente.

¿Y entonces? Para el investigador de la UCA, 2021 será el momento apropiado para aprobar leyes laborales que favorezcan la generación de empleos en las pequeñas empresas. Leyes que no sean planteadas como grandes reformas, sino como regímenes de emergencia, por ejemplo, por cinco años. Esas normativas deberían contemplar, explica, la creación de un fondo de desempleo para el caso de cesantías (para evitar los costos directos de despidos) y la instauración de subsidios por los aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social.

En la falta de debate sobre ese tipo de medidas hay una falla de la política, según evalúa Salvia. "Acá no se trata de un tema de ideologías; hay que entender que las leyes que tenemos están hechas para una época en la cual el empleo crecía sostenidamente, mientras que ahora llevamos 10 años sin que crezca, y el Covid lo destruyó", afirma. Y advierte que con la situación actual no se sostiene el sistema de la seguridad social. El tema requiere "una mirada estratégica que hoy no está", define.

El "veranito laboral", que implica algún grado de recuperación de ocupaciones ahora y en los próximos meses, no va a ser algo significativo para los problemas de fondo. Además, según advierte Ghidini, no debe perderse de vista que la reapertura de actividades económicas llegó de la mano de una caída del número de casos de contagios de Covid, mientras que ahora sabemos que va a haber un rebrote y que también en lo sanitario manda la incertidumbre.

"Los efectos de la pandemia llegaron a una Argentina que en materia de trabajo ya estaba tambaleando", dice Ghidini, quien evalúa que el marco normativo para las relaciones laborales "está en las antípodas" de lo que se entiende que será el trabajo en el futuro. El nivel de contrataciones, señala, va a depender "de cómo le vaya a la economía, de que se logre terminar con los cambios de rumbo en función de la ideología de turno, y de otras cuestiones como una redefinición del rol de los sindicatos".

Para la estabilidad económica, condición básica para que pueda haber más empleo, Colina considera que hace falta una "profunda modernización del Estado" para equilibrarlo fiscalmente y para hacer que brinde "muchos mejores servicios a la población". Es un requisito, agrega, que debería darse a la par de la aprobación de medidas que incentiven la inversión, para que las personas que "apenas sobreviven con la llamada economía social y popular, logren tener empleos de razonable productividad y sean formales gracias a la simplificación de reglas".

Para Ernst, la prioridad en las tareas por hacer debe estar en incluir a los hoy excluidos, con modalidades que mejoren las condiciones en las que se trabaja y que vayan más allá de formas legales como la del monotributo, "que no es suficiente". El funcionario de la OIT, organismo que trabaja con el Gobierno en proyectos de inclusión en ciertos sectores, identifica algunos movimientos sociales y económicos en los cuales poner la mirada: la economía verde (con acciones para el cuidado del medio ambiente sin perder el objetivo de rentabilidad), la economía circular (que transforma residuos en insumos y bienes) y la digitalización.

El último punto remite a la necesidad de estrategias de capacitación e inclusión, para evitar que se agraven las desigualdades sociales. Ese agravamiento es un efecto más que podría tener la crisis que llegó en medio de una crisis.

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