El bono de fin de año en una economía despareja

Finalmente se implementará un bono de fin de año de $5000 para los trabajadores formales del sector privado, a pagar con los salarios de noviembre y enero. La medida excluye a los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, y resulta morigerada para empresas cuyos sectores se encuentren en crisis o con declinación productiva, dado que en este caso podrán adecuarse los plazos y los montos del pago adicional.

La decisión tiene sus pros y sus contras y varias aristas para analizar. En primer lugar, su conexión con la macroeconomía actual. Se debe considerar que, una vez producida una fuerte suba del tipo de cambio para que corrija el déficit externo (y ayude a bajar el déficit fiscal), es importante que la devaluación ocurra en términos reales. Es decir, que la suba del tipo de cambio nominal supere al aumento de los precios internos (corregido por la suba de los precios externos).

Para que esto ocurra, resulta básico que, una vez transmitido el impacto directo de la devaluación a los precios de los bienes transables (proceso que ocurre relativamente rápido, en dos o tres meses), siga un período de menor inflación, especialmente considerando los bienes no transables de la economía (los que no se exportan ni se importan), de modo de asegurar que la competitividad cambiaria efectivamente mejore tras esos movimientos de valores.

En este contexto, para que el nuevo tipo de cambio real permanezca por un tiempo prolongado en un nivel más alto, es necesario que el tipo de cambio nominal suba bastante más que los precios minoristas, y estos algo por arriba de los salarios. Así, la contención del consumo, junto con una política monetaria dura, ayudará a morigerar la suba en los precios de los bienes no transables.

En este contexto, sobre el final de un año en el que los salarios reales caen como consecuencia de una devaluación de la moneda, más que una reapertura de paritarias -que podría espiralizar la inflación y carcomer rápido el tipo de cambio real-, resulta adecuado un pago extra de monto fijo, que alivie la situación para los trabajadores (especialmente los de menores ingresos), y que deje la renegociación salarial para el año siguiente, que preferentemente se debería basar en la inflación esperada para 2019 y no en la observada en 2018.

Esta secuencia, que es buena para mejorar la competitividad cambiaria (cuando la situación en materia de cuentas externas no es sostenible) es mala, por supuesto, para el poder adquisitivo de los salarios, y por ende para el mercado interno y todos los que de él dependen (que son la mayoría). Es el costo de haber cometido muchos errores durante varios años, por parte de las dos últimas administraciones de gobierno. La gestión anterior los originó; la actual se demoró en resolverlos.

Otro tipo de repercusión del bono de fin de año tiene que ver con su efecto sobre el poder adquisitivo de los salarios. Está claro que el valor de compra se vio sustancialmente afectado en 2018, en un contexto de mayor inflación. En promedio, los salarios de la economía se expandieron interanualmente en un entorno del 25% al 28% hasta septiembre y en términos nominales (y a nivel general). En contrapartida, según la última información difundida por el Indec, correspondiente a septiembre último, el crecimiento anual del nivel general de precios (entre septiembre de 2018 e idéntico mes de 2017) fue del 40,5%, con una inflación acumulada a lo largo de 2018 del 32,4%.

Considerando estos efectos, la masa de recursos salariales correspondientes al total de trabajadores de la economía podría cerrar 2018 con una pérdida real en términos interanuales de 9,8%. Así, la implementación del pago de un bono de fin de año permitiría recuperar al menos parte de esta perdida, aunque en realidad en una porción pequeña: incluso asumiendo un escenario de plena convalidación e instrumentación de este pago extra tanto en el ámbito privado como en el público (y suponiendo que a los estatales también se les otorgan $5000), la caída de la masa salarial podría reducirse hasta el 8,7%, medida en términos reales.

Visto desde otra óptica, si se considera la masa salarial prevista para este mes y el próximo, es de esperar que se expanda en un 6,9% en el caso de instrumentarse un bono generalizado para los trabajadores formales (en caso de que se termine incluyendo al sector público), que tendría un impacto positivo sobre el consumo de los últimos días del año y de comienzos de 2019.

Diferentes realidades

Otra mirada sobre el bono tiene que ver con sus efectos diferenciados sobre la realidad salarial de distintos sectores de la economía. El salario neto promedio de un trabajador formal en el sector privado hacia octubre de 2018 se encontraba en unos $26.380. Este trabajador, a valores de octubre de 2018, acabaría perdiendo durante el año un total de $22.150, producto del alza del nivel general de precios.

Esto implica que la instrumentación de un bono paliativo de esta situación alcanzaría a compensar el 22,6% de la pérdida sufrida en las retribuciones laborales a lo largo del año.

Esta realidad presenta significativos matices en el análisis sectorial. En un extremo, sectores como el del sindicato UPCN (estatales nacionales) acabarían perdiendo en el año, a valores de octubre de 2018, unos $34.672, de manera que un eventual bono solo representaría el 14,4% de esa pérdida. Sin embargo, no debe descuidarse que, en promedio, este sector presenta un nivel salarial superior a la media de los trabajadores formales en el sector privado, situada en $36.294 para el mes de octubre de 2018.

En el otro extremo, el gremio de los empleados bancarios logró durante 2018 forjar una negociación salarial beneficiosa para sus trabajadores, que cerrarían el año con un incremento del 44% entre diciembre de 2018 e igual mes de 2017. De esta manera, los aumentos concedidos en el sector compensarían proporcionalmente la tendencia del índice de precios al consumidor, perdiendo únicamente $600 a valores de octubre en sus retribuciones del año calendario. En este caso, el otorgamiento del bono significaría un incremento en términos reales.

Por su parte, las diferencias existentes en los salarios nominales entre sectores, no siempre justificadas por diferencias en la productividad laboral del sector, conducen a un impacto relativo muy desigual del bono de fin de año, si se lo mide en términos del salario mensual promedio del sector. Así, puede impactar en alrededor del 26% de un salario mensual en la construcción, pero solamente en un 9,9% en el caso de los bancarios, o en un 14,5% en los trabajadores camioneros.

También se debe considerar otro costado importante de la medida del bono: las posibilidades reales del entramado productivo para afrontar este nuevo compromiso, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas y de sectores que transitan un contexto adverso, con altos costos financieros.

Economía heterogénea

El peso del bono salarial sobre un sector o actividad dependerá de varios factores, como el nivel salarial del sector, la evolución del nivel de actividad en 2018 y la cuantía del aumento promedio de sus precios en lo que va del año, entre otros. Los que tendrán menos problemas para afrontarlo son aquellos sectores que no han visto decaer su actividad en el año y que han podido aumentar en mayor medida sus precios (es el caso de algunas industrias de metales y de las automotrices). En la vereda opuesta estarán quienes vieron caer la actividad y/o no han podido actualizar en gran medida sus valores de venta, como podría ser el caso de la construcción o el comercio, en los cuales, además, el bono de monto fijo pesa más sobre los salarios promedio.

Pero la arista más complicada de la aplicación del bono de fin de año será su escasa cobertura sobre el total de personas activas en el mercado laboral.

Sobre cerca de 21 millones de personas que forman parte de la población económicamente activa, con la definición actual del beneficio podrán recibirlo como máximo 6,3 millones de personas, esto es, un 30% de la PEA (en el hipotético caso de que se pague en todo el sector privado formal). Quedarían excluidos, por ejemplo, 4 millones de trabajadores por cuenta propia, más de 3 millones de empleados públicos y cerca de 4,5 millones de asalariados informales. Esto, sin contar que la medida no alcanzará, tampoco, a más de 6 millones de jubilados.

El autor es economista, presidente de Ieral de Fundación Mediterránea

Marcelo Capello