Presión, maltrato y acoso, de lo que más se quejan los empleados

A partir de marzo de 2018, tras su reglamentación, entró en vigor la ley 27.401 llamada "ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas", por la cual una compañía puede ser penalmente responsable en caso de corrupción pública y privada. Una particularidad de esta ley es que brinda algo así como una oportunidad a las empresas que caen en delitos de corrupción: habrá atenuantes si cuentan con un programa serio de integridad, lo que en la jerga se llama compliance, que pueda demostrar que hubo procesos para garantizar la transparencia y que a pesar de ellos el delito existió.

El o la responsable de compliance tiene la obligación, por ejemplo, de que la compañía se autodenuncie si es el mismo departamento el que descubrió el ilícito. Si no es así, y se comprueba que esa oficina siempre actuó de buena fe y de manera responsable, puede haber una consideración en la pena, cuyo máximo castigo llega a la suspensión de la personería jurídica de la compañía.

La Oficina Anticorrupción, con el fin de sugerir las prácticas correctas para adecuarse a la ley, publicó los "Lineamientos de integridad", en los que define y recomienda algunas acciones concretas a seguir, entre ellas, la recomendación de que existan, tal como establece la ley en el artículo 23.III, "canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos", aunque la OA aclara que "no se trata de un elemento mandatorio. Las personas jurídicas pueden elegir desarrollarlo o no".

En caso de que sí se ponga en marcha, las recomendaciones son:

• Si se denuncian violaciones al Código de Ética, actos ilegales o indebidos deben garantizarse condiciones que incentiven y no desestimulen las denuncias.
• El empleado debe ser protegido, asegurándole que no habrá represalias.
• Estricta confidencialidad.
• Los canales pueden ser internos o tercerizados.
• Deben ser accesibles a todos los empleados.
• Se debe tener un proceso establecido para investigar las denuncias y, llegado el caso, tomar las medidas correspondientes.

Un efecto inesperado

En la Argentina , después de la sanción de la ley, muchas empresas implementaron líneas de denuncia, algunas con más seriedad que otras, aunque existen compañías que ya lo vienen haciendo desde hace años, multinacionales sobre todo.

Hasta ahora, la mayor cantidad de denuncias corresponden a temas de recursos humanos. De 1000 personas que pertenecen a una empresa, 50 denuncian durante el año. Resguarda, empresa que se dedica a la prevención, control y detección de fraudes a través de líneas de denuncias, realizó un estudio sobre el funcionamiento de los canales en más de 100 empresas de primera línea. De allí se pudo saber que, agrupadas por temáticas, un 62% de las denuncias son sobre temas de recursos humanos; un 8% por fallas de seguridad; 5% por aspectos legales; 12% sobre robo de activos; 7% por corrupción, y 6% de otros rubros.

Dentro de las temáticas de recursos humanos, el 22% denunció presiones desmedidas; el 21%, discriminación sexual o racial; 16%, favoritismo; 12%, malos tratos; 9%, mal desempeño, y 8%, acoso sexual. Según el informe de Resguarda, "el ítem de la discriminación sexual ha crecido en los últimos años de la mano del movimiento de las mujeres para visibilizar la falta de equidad laboral".

Las empresas que quisieron cumplir con la ley porque no les quedaba otra no lo ven todavía como un valor agregado del negocio", dice Martín Ghirardotti, CEO de Resguarda. "En América Latina el tema es incipiente, mientras que en los Estados Unidos las líneas existen desde hace 40 años", agrega.

Quizás uno de los mayores miedos que tienen los potenciales denunciantes es a las represalias. "En el mundo hay una protección al denunciante muy fuerte y un sistema de premios también. En América Latina todavía no hay leyes más específicas que protejan al denunciante, y tampoco premios". Sin embargo, las denuncias existen y el 90% son anónimas, "mientras que en los Estados Unidos el 90% de las denuncias no lo son porque la gente confía en el sistema", señala Ghirardotti.

Raúl Saccani, presidente de la Comisión Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y socio de Deloitte, hace especial hincapié en que las líneas de denuncias deben ser muy bien comunicadas por la empresa para que funcionen bien. "Si la gente no confía, o piensa que su denuncia va a caer en saco roto, se llamará a silencio. Las líneas son el mecanismo número uno para detectar irregularidades en las organizaciones, pero en la Argentina todavía los posibles denunciantes creen que pueden ser perseguidos. Por eso es que la comunicación debe ser clara y permanente", recomienda.