El Gobierno dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto con prestadoras de salud privada

Como medida de protesta, y ante un contexto de falta de financiamiento, un grupo de prestadores de salud privada anunció hoy la suspensión de las atenciones programadas no urgentes para el jueves 1 y viernes 2 de julio.

Sin embargo, el Gobierno dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto por el término de 15 días. En este sentido, intimó a las prestadoras a dejar sin efecto la medida, y convocó a las partes a una audiencia, el miércoles 7 a las 13.

“En el contexto del dramático desfinanciamiento que afecta al sistema de salud y frente a la discusión paritaria 2021, más de 700 instituciones prestadoras de salud privada de distintos puntos del país participaron de la Convocatoria Nacional de Prestadores, organizada por la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) y manifestaron su gran preocupación ante la falta de financiamiento necesario para poder afrontar los nuevos aumentos salariales en el marco de las paritarias 2021″, indicaron en un comunicado.

Además, reclamaron al Gobierno y a todos los financiadores del sistema (obras sociales, PAMI y empresas de medicina prepaga) “la urgente actualización de los aranceles prestacionales”.

“Por lo mencionado anteriormente, la FAPS convocó a las instituciones de salud a postergar las asistencias médicas programadas no urgentes de los próximos jueves 1 y viernes 2 de julio”, indicaron.

“Nuestro principal compromiso como prestadores de salud es con la vida, con nuestros equipos de salud y con las instituciones”, expresó José Sánchez, presidente de la FAPS, y recordó: “Siete de cada diez argentinos es atendido por el sistema de salud privada, que ha estado a la altura de las circunstancias en la atención durante la pandemia”.

Para evitar el desfinanciamiento total del sistema, Jorge Cherro, miembro de la FAPS, recalcó: “Los prestadores debemos conformar un bloque fuerte y sin fisuras para negociar una importante actualización arancelaria y la necesaria reforma fiscal que venimos demandando”.

Y José Sánchez sentenció: “Es una obligación repensar el sistema para la actualización automática de los ingresos prestacionales. Si la situación sigue deteriorándose, ya no podremos repensar el sistema de salud, sino que deberemos reconstruirlo”.