1
En el sector privado anticipan cambios “profundos” y “dolorosos” para la sociedad
En el 25º encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), 450 referentes de distintos sectores se reunieron en un contexto de incertidumbre económica para debatir temas de largo plazo
9 minutos de lectura'
LA NACIONCamila Dolabjian
Al consultar a un empresario por sus preocupaciones frente a los eventos de las últimas semanas y, en particular, del fin de semana, la primera reacción fue: “¿Por dónde empiezo?”. Para muchos, el listado de alertas se engrosa a un nivel que genera “ahogo”. La escasez de gasoil, las restricciones a la importación, la disparada del dólar blue, la inquietud por un deslizamiento de la política económica a un esquema más intervencionista y la caída de los bonos argentinos son algunos de los problemas coyunturales que se apilan en otros más estructurales: la presión impositiva, las leyes laborales “prohibitivas”, desde la visión empresarial, y la inflación, entre otros.
Durante el 25º encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que se llevó a cabo hoy en el Sheraton Buenos Aires, cerca de 450 empresarios, referentes de la academia y la sociedad civil se reunieron a debatir bajo el lema “Convivencia para el desarrollo”. Entre los participantes estuvieron Miguel Blanco, presidente del Foro de Convergencia Empresarial (Swiss Medical Group); Juan Vaquer (Dupont), Roberto Alexander (IBM), Sebastián Mocorrea (Argencon), Martín Otero Monsegur (San Miguel) y Santiago del Sel (HSBC), entre otros.
Los organizadores no esperaban el contexto político y económico en el que transcurrió la cumbre, pero, para Fernando Oris de Roa, presidente del 25° Encuentro, el foco del evento cobró más importancia. “Esta coyuntura hace más relevante lo que vamos a hablar hoy. Todos sabemos que nuestra sociedad no está funcionando bien: no podemos producir bienestar ni riqueza. Los líderes nos separan y perdemos gente, hijos que se van. Nadie nos habla del futuro”, dijo.
“Es muy probable que vengan cambios profundos en el funcionamiento de nuestra sociedad para que vuelva a ser productora de bienestar para todos nuestros ciudadanos. Pero cuando ocurran estos cambios imprescindibles tenemos que darnos cuenta de que van a ser dolorosos y onerosos. Los que implementen estos cambios lo van a hacer sin contemplaciones ni emociones. Nosotros, los empresarios, tendremos que apoyar y sostener”, aseguró Oris de Roa, durante la apertura.
Durante el evento, se rememoró el rol de ACDE en la conformación de la mesa de Diálogo Argentino en 2001, tras la crisis durante el gobierno de Fernando de la Rua. Los participantes hicieron hincapié en la necesidad de que el empresariado vuelva a colocarse en un rol de contenedor social frente a la incertidumbre económica. “Se vienen tiempos de ajuste. Es fundamental que los empresarios tengan un rol activo en la sociedad”, comentó un dirigente del sector privado.
“Los políticos se ven eximidos de dar respuestas porque están peleando y pensando en el adversario. Y no nos indican el camino porque no lo conocen o no tienen el coraje de señalar el inevitable sacrificio que tendremos que pasar para lograr la prosperidad”, agregó Oris de Roa.
En conversación con LA NACION, Gonzalo Tanoira, presidente de la organización, comentó que ve “anticipación” en el empresariado. De acuerdo con tu visión, la expectativa se centra en cuáles serán las primeras medidas que adoptará Batakis como ministra. Pese a que admite cierta preocupación porque “proviene del riñón del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires”, dijo: “Prefiero no juzgar por lo que hizo. Veremos qué es lo que hace frente a los desafíos. Estoy expectante”.
En el momento del café, otro empresario -que prefirió la reserva- comentó a LA NACION que percibe un panorama sombrío de cara al futuro cercano: “La cosa se va a poner muy fea antes de que pueda mejorar un poco. El impacto del fin de semana en la economía real es muy fuerte”.
Problemas de fondo
Participó de la conversación Gabriel Kessler, profesor de la Universidad Nacional de la Plata, que manifestó estar en desacuerdo con la idea de que la solución se base en los sacrificios de la sociedad. Según su criterio, es necesario lograr un consenso para enfrentar el desafío de la pobreza multidimensional y puso como ejemplo a Chile y Colombia, que avanzan en este sentido. “Para salir de la polarización, la primera condición es pensar que algo del otro es positivo. Por caso, creo que si bien el país fracasó, la sociedad no. Tenemos una sociedad más abierta y más plural”, comentó.
También formaron parte del panel Agustín Salvia, director de Investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina; Mónica Pinto, exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y Roberto Murchison, CEO del Grupo Murchison, que dijo: “Tendemos a confundir el problema y pensar que el problema es solo la pobreza. Pero para los actores dentro de la pobreza, lo que les enoja es la mala distribución de la riqueza; sienten que es injusta. Este es un problema que el capitalismo viene arrastrando hace mucho tiempo y las sociedades no han encontrado la forma de resolverlo”. Por eso agregó: “El acceso al crédito, a los bienes comunes y al trabajo formal son las cuestiones determinantes que necesitamos abordar.”
Pinto, por su parte, comentó: “Hay que generalizar el trabajo decente. Las empresas son generadoras de empleos, pero las personas necesitan capacitarse para poder entrar y salir de esos trabajos. Para eso necesitamos un diálogo social robusto”. Salvia apuntó a las “fallas sistémicas que constituyen una sociedad injusta” y añadió: “En un país tan rico con sectores globalizados de alta productividad, tenemos millones en la pobreza, en la informalidad o en la economía de la subsistencia”.
Gran parte de las conversaciones se centraron en cómo lograr que el sector productivo argentino incentive la meritocracia como mecanismo de crecimiento. En este punto, dieron sus visiones dos referentes con perspectivas contrastantes, aunque buscaron puntos de contacto. Se trató de Dora Barrancos, investigadora Principal del Conicet, y Martín Migoya, fundador y CEO de Globant, el unicornio argentino.
Barrancos dijo que el concepto de meritocracia juega paradójicamente con dos presupuestos: igualdad y desigualdad. ”En general, la gente no piensa que llegan los que más saben ni los que más se esforzaron”, planteó. “El sistema científico niega la posibilidad meritocrática de resultado final, sobre todo para las mujeres. Hay una recreación patriarcal insólita. Hay un patrocinio patriarcal con mucha ceguera cognitiva. El apagón de la razón por parte del patriarcado es absolutamente lo contrario al reconocimiento verdadero meritocrático”, agregó.
Por su parte, Migoya declaró: “Tenemos que dejar de discutir. Uno más uno es dos y aquí parece que es la raíz de dos”, advirtió. Además, señaló: “Juzguemos a nuestra gente por el nivel de esfuerzo, más allá de su capacidad intelectual. Creo que la meritocracia es necesaria, pero no es suficiente. El mérito es necesario para tener éxito, partiendo de condiciones iguales. El más meritorio es el que más se esfuerza para llegar a un lugar, no el que más inteligencia tiene. Sin mérito y sin oportunidades no existe la forma de progresar”. En este contexto, dijo, “la educación es absolutamente central y la pregunta que nos debemos hacer es cómo educamos mejor.
Guibert Englebienne, presidente de Endeavor, sostuvo sobre la Argentina: “Nos han hecho creer que un país como el nuestro es rico y tiene todo dado, pero no es así. El mundo está cambiando y tenemos que trabajar para adaptarnos y generar oportunidades. Los países que no se han peleado con la generación de valor y riqueza, que no se han peleado con la meritocracia, han crecido mucho más que nosotros en términos comparativos”.
La Justicia
Por último, estuvo presente el juez de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkratz. En conversación con Juan Vaquer, expresidente de ACDE, el representante del máximo tribunal pidió que la sociedad “no deje de lado a los que están peor”. “La política, con pe mayúscula, nace para zanjar la imposibilidad de ponernos de acuerdo de como una sociedad debe distribuir sus cargas y beneficios. La sociedad tiene que servirnos a todos, hacer que estemos mejor. Así como es impropio de un Ejército dejar a sus heridos en el campo de batalla, lo mismo debe ocurrir en una sociedad: no se puede dejar de lado a los que están peor”, fueron sus palabras.
Además, Rosenkrantz habló de los consensos que necesita un país para progresar. “Si bien la sociedad necesita consensos transaccionales, donde cada parte resigna algo para lograr un modo de vivir, el consenso es más que eso: es encontrar principios que rijan la convivencia, la búsqueda de la verdad. Hay una relación entre derecho y Justicia, pero no es una relación lineal. La primera responsabilidad de los jueces es aplicar el derecho, que es aplicar reglas. Si las reglas se aplican la gente sabe a qué atenerse cuando coopera”, y agregó: “En ninguna comunidad hay justicia si no hay derecho”.
“Creo que hay que empezar distinguiendo distintos tipos de consensos. Básicamente, dos tipos de consensos. El primero, un consenso transaccional. Las sociedades necesitan acuerdos transaccionales. Y el segundo es un consenso sobre la base del común endoso de ciertos principios y convicciones para que una sociedad diversa pueda convivir”, continuó.
El miembro del Tribunal Superior opinó que “los jueces no son agentes de cambio en una sociedad, arbitran los conflictos, pero no juegan el partido. A los jueces hay que pedirles que apliquen el Derecho, que quiere decir proteger a la Constitución y protegerla de las reglas que pueden ser inconstitucionales”.
Por último, aseguró que “la independencia de los jueces es de los otros y también de sus propias convicciones. Cuando el escrutinio sobre nosotros los jueces es más estricto, es mejor. Ver si son consistentes a lo largo del tiempo, si los principios que adoptan son extrapolables a otros casos, si son coherentes. El país tiene que ser consciente de que cuando se designa un juez se designa a un funcionario que no puede ser removido salvo en caso de mala conducta”
